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Choque de valores en Colonia

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En las últimas décadas la izquierda ha sido capaz de introducir en la agenda política y en la mayoría de la sociedad valores que hoy se consideran mayoritarios pese a lo mucho que queda todavía por avanzar para realizarlos plenamente. Entre estos valores están la igualdad entre hombres y mujeres, que conlleva por supuesto la lucha contra los abusos que estas siguen padeciendo, y la defensa de las personas que huyen de sus países por motivos económicos y políticos.

Ambos valores han sido defendidos de forma simultánea sin problemas y han inspirado trascendentales decisiones y programas que han mejorado la vida de los ciudadanos. Por eso los ataques masivos a mujeres en la ciudad de Colonia y otras urbes europeas suponen un incómodo dilema para los que nos reclamamos progresistas. Pero la incomodidad no debe ser una excusa para el silencio, ya que el riesgo de que los adversarios de la igualdad y la solidaridad empleen este caso para imponer una agenda reaccionaria es elevado.

A modo de resumen de lo sucedido cabe explicar que, según la mayoría de las noticias publicadas y de las declaraciones de responsables públicos, la noche del 31 de diciembre de 2015 se produjeron ataques de naturaleza sexual contra cientos de mujeres (hay un total de 516 denuncias presentadas hasta la fecha solo en Colonia) en varias ciudades europeas por parte de grupos de hombres de origen inmigrante entre los que se encontraban también, siempre según informaciones preliminares, refugiados sirios o afganos acogidos recientemente. Esto ha abierto dos debates en la sociedad alemana que se están reproduciendo también en el resto de países europeos: (1) la posible aparición de conflictos entre los valores de los ciudadanos acogidos y los derechos fundamentales reconocidos en las constituciones y leyes de los estados que los acogen y (2) la deficiente actuación policial incapaz de prever, detener y perseguir adecuadamente estos gravísimos delitos, algo que ha llevado a la destitución del máximo responsable policial de la ciudad.

Por lo tanto, en algunos círculos de la izquierda (1) ha surgido una duda: ¿sigue siendo compatible la defensa de la acogida de ciudadanos de países con un bajo nivel de respeto por los derechos de la mujer con la defensa del feminismo? La respuesta creo que puede encontrarse en el fin último de la izquierda: la defensa de los oprimidos frente a cualquier tipo de opresión. Y dado que aquí hay dos colectivos oprimidos (las mujeres oprimidas por el machismo y las personas que huyen de la opresión económica y política) la respuesta es que ambos asuntos deben seguir formando parte de la agenda progresista. Pero, ¿qué ocurre cuando un oprimido es también un opresor en otra circunstancia? Pues que es necesario encontrar unas líneas maestras para abordar correctamente el problema y por eso me gustaría apuntar una serie de recomendaciones a la hora de tratar este problema:

La solidaridad frente a la opresión no implica en ningún caso inmunidad. La acogida de cientos de personas que huyen de la guerra o la miseria es un valor fundamental de las sociedades democráticas. Pero nadie puede pensar que esta acogida supone una inmunidad frente a comportamientos delictivos ni una presunción de bondad o buen comportamiento de las personas acogidas. Ningún inmigrante o refugiado puede ser considerado sospechoso por el hecho de serlo, del mismo modo que tampoco puede pretender escapar de la acción de la Justicia apelando a su condición o a una supuesta diferencia cultural respecto a su país de origen. La persecución de los delitos sexuales, por tanto, debe prevalecer sobre cualquier circunstancia personal de los autores.

Los delitos de un grupo de personas no son delitos de todo su grupo social. Incluso asumiendo como cierto que los delitos contra las mujeres fueron cometidos por grupos organizados de inmigrantes y/o refugiados esto no implica que todos los inmigrantes o refugiados sean cómplices de estos mismos delitos. La comisión de un delito es un acto imputable solo a sus autores y del mismo modo que cuando un nacional de un estado comete un delito sexual no se considera sospechosos a todos sus conciudadanos, esto mismo debe aplicarse al caso que nos ocupa. Lo contrario abre la puerta a las agresiones racistas que también se están produciendo contra ciudadanos de origen inmigrante en la misma ciudad donde se dieron los abusos. Y por supuesto la comisión de un delito por parte de miembros de un grupo no hace desaparecer la necesidad de ayuda a esas personas, por lo que resultaría inaceptable restringir la política de acogida de refugiados o endurecer la política migratoria por esta causa.

Se necesitan más y mejores actuaciones policiales y judiciales contra la violencia. Las deficiencias de la actuación policial en Colonia (tardanza en reconocer los hechos, reconocimiento de la incapacidad de impedirlos, ausencia de protocolos específicos para los casos de violencia sexual…etc.) ponen de relieve la necesidad de implementar programas y regulaciones eficaces para abordar la violencia contra las mujeres. En muchos casos la ausencia de los mismos evidencia la falta de voluntad política de abordar esta violencia, ya que se considera algo normal. En este sentido cabe destacar como ejemplo a seguir la presión de organizaciones feministas y partidos de izquierda en Navarra sobre las autoridades locales y forales para combatir de una vez por todas los abusos generalizados durante las fiestas de San Fermín.

La mejor medida a medio y largo plazo es la defensa de la igualdad. Si es cierto que hay un choque de culturas (algo muy matizable, ya que la nuestra no es todavía una sociedad igualitaria, aunque por supuesto lo es mucho más que las sociedades de origen de la mayoría de inmigrantes), los gobiernos de países donde la igualdad se considera un valor fundamental deben comprometerse con su promoción tanto dentro como fuera de sus fronteras con medidas educativas y políticas subrayando que por encima de cualquier interés u operación política en un mundo complejo está la defensa de un valor esencial para ser considerados sociedades libres. Ese es el mejor mensaje que se puede enviar a posibles víctimas para que no consientan los abusos, a las autoridades para que sepan que han de perseguirlas y a ciudadanos y gobiernos extranjeros con los que hemos de relacionarnos diariamente para que comprendan qué principios consideramos irrenunciables.

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(1). La reacción de la izquierda alemana muestra en gran medida lo complejo que es reaccionar a este fenómeno, si bien ha sido en general correcta. El Partido Socialdemócrata (SPD) ha pedido un refuerzo de la seguridad, el castigo a los culpables y un énfasis en la educación e integración a largo plazo. Los Verdes han mostrado su rechazo a la violencia y han pedido una reforma de la legislación contra la violencia sexual. Por su parte, La Izquierda (alianza de postcomunistas y una escisión del SPD) no se ha pronunciado sobre este caso en su web nacional ni en la de la sección de su partido en Colonia.

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