Hace unas semanas nos hacíamos eco en Tribuna Feminista de la denuncia interpuesta por el sindato CCOO contra el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Valencia, al haber discriminado a una mujer embarazada a la que nunca se incorporó por haberse puesto de parto. A finales de 2015 se convocó una plaza para cubrir una baja en la sede del Instituto Nacional de Estadística en Valencia, proceso en el que concurrió la denunciante y del que resulta seleccionada en primer lugar en el proceso selectivo. Es a principios de agosto cuando se le adelanta el parto, antes de la firma del contrato, y cuando se entera que el INE ha contratado en su lugar a la segunda aspirante en el orden de puntuación del proceso selectivo.
En un paso más de los acontecimientos, CCOO denuncia la no intervención de la Defensora del Pueblo, que ha esperado a conocer el pronuciamiento judicial para confirmar que «daba por finalizada su actuación».
La Defensora del Pueblo «da por finalizada la actuación»
«Como las estructuras de protección a la Igualdad no han funcionado, ha habido que recurrir a los tribunales», denuncian desde CCOO.
El pasado mayo acudían a los tribunales donde el juez, a petición del Abogado del Estado y del Fiscal, decide suspender el juicio por una cuestión de forma: pide co-demandar a la persona (también mujer) que actualmente ocupa el puesto que la demandante habría ocupado de no haber “cometido el delito” de ser madre antes de firmar el contrato.
CCOO continúa la batalla legal aunque reconoce que «se ha complicado más la situación al tener que implicar en el proceso a una tercera persona, la codemandada, que no es responsable de que otros, los gestores, no cumplan con sus obligaciones como debieran».
Fue tras este revés cuando esperan cierta predisposición de la Defensora del Pueblo, que no se había pronunciado hasta entonces, aunque el sindicato ya pidió su intervención en diciembre de 2015. La respuesta, días después del juicio, es que «da por finalizada la actuación»; la sorpresa de CCOO es máxima, ya que amparándose en la ley como tal, la Defensora del Pueblo justifica su no intervención. «No le falta razón a la Defensora, con la Ley en la mano, así es… Sin embargo, entendemos que esta figura, que recibe unos 14 millones de euros anuales de dinero público, tiene como función defender los intereses legítimos de los ciudadanos, y para hacerlo con operatividad es preciso que actúe en tiempo y forma adecuada. Y no se ha hecho, ha dejado pasar el tiempo hasta no poder hacer nada».
Al sindicato le resulta sorprendente que otras causas que se encuentran judicializadas sí son del interés de la Defensora, que se ha reunido con otros colectivos e incluso se ha comprometido a intervenir y acelerar los procesos. «No dudamos de la importancia de contar con instituciones y organismos, como la Defensora del Pueblo, creados para dar cobertura y servicio a los ciudadanos, pero que se quedan lejos de sus verdaderos fines porque sus actuaciones se acaban hundiendo en la burocracia, en la evasión de responsabilidades y en la atención arbitraria de las problemáticas de los ciudadanos».
CCOO lamenta que la Igualdad «no vende»
CCOO lamenta toda esta situación y especialmente la posición de la Defensora del Pueblo. «Lo más triste de todo es que la Igualdad no “vende”. Muchas buenas intenciones sobre el papel, pero pocas acciones en la práctica».
Desde el sindicato aseguran que continuarán peleando; la próxima cita en los tribunales es a mediados de este mes de junio. Esperan que tras las elecciones del 26J se produzca «un cambio radical de políticas, entre ellas, las de Igualdad», no sólo para que se resuelva este caso sino para que «no tengamos que volver a denunciar nunca más ni por éste ni por ningún otro medio ningún caso como el que en el INE se está produciendo».
