Universidad, derecho y vientres de alquiler
Imaginemos que por medio de una red social se nos anuncia una jornada que tendrá lugar en una universidad pública sobre las condiciones del trabajo asalariado en los países del sur. La ponente sería una empleada en una fábrica que proporciona materia prima a una multinacional europea. La mujer, en su exposición, nos sorprende afirmando que el trabajo que realiza durante dieciséis horas al día, siete días a la semana, la convierte en una mujer libre y feliz porque los 40 céntimos diarios que cobra son más de lo que conseguiría en otro empleo y que, además, gracias a su generosidad, el director de la empresa va a poder adquirir otro chalet en Miami.
Nos parecería un disparate que semejante apología de la explotación laboral se presentase como un trabajo deseable y conveniente en una facultad pagada por toda la ciudadanía, ¿verdad?
Algo parecido está ocurriendo en universidades públicas españolas.
Hace unos meses, tuvo lugar en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) una jornada llamada «Revoluciones de Hoy: Gestación subrogada», organizada por las Juventudes Socialistas de esa ciudad. En aquella jornada se ofertaba reconocimiento de créditos para los y las universitarias asistentes y se sorteaban dos abonos para la WAM —un festival—. Los conferenciantes —dos hombres y una mujer— son defensores de la explotación reproductiva de las mujeres, a la que llaman «gestación subrogada».
El pasado mes de octubre, desde la plataforma digital Stop Vientres de Alquiler, exigimos la cancelación de un acto patrocinado por una asociación defensora de la legalización de esta práctica en nuestro país. Emitimos un comunicado denunciando que una universidad pública publicitara los vientres de alquiler. Nuestro razonamiento fue tajante: debatir en una institución pública una práctica que vulnera los Derechos Fundamentales de las mujeres y bebés, y que además está prohibida en España, es absolutamente inaceptable y falta gravemente a la dignidad de las mujeres y a los derechos de las criaturas recién nacidas.
Recientemente, los días 11, 12 y 13 de abril, y de nuevo en la Facultad de Derecho de la UNED, tuvo lugar un Congreso Internacional sobre Gestación Subrogada organizado por el Instituto de Desarrollo y Análisis del Derecho de Familia en España, asociación presidida por Carlos Lasarte, catedrático de Derecho Civil de la UNED.
Lasarte afirmó públicamente que la iniciativa legislativa de Ciudadanos es razonable, ya que contempla que la madre explotada actúe altruistamente sin ningún tipo de compensación; altruismo que, por otra parte, no se exige en ningún momento al resto de las personas que intervienen en el proceso. Curiosamente, para el señor Lasarte, hablar de comprar bebés es una forma ordinaria y soez de definir los vientres de alquiler. Es decir, resulta grosero decir «voy a comprar una criatura», pero hacerlo ya no le parece tan vulgar.
También intervino en las jornadas el Director General de los Registros y del Notariado, F. J. Gómez Gálligo, defendiendo una regulación en el ámbito europeo e internacional y unificar normativas para seguir explotando mujeres y traficando criaturas. En su intervención, Gómez expuso los requisitos aplicados en el Estado de California, donde —según él, para evitar la mercantilización— la madre gestante jura su consentimiento ante un juez, aunque reconoce la existencia de una compensación. Analicemos esto: una mujer que cobra una compensación económica por ceder su útero voluntariamente y de forma altruista para gestar y parir un bebé para otra u otras personas, jura ante un juez su consentimiento para evitar que se negocie con sus capacidades reproductivas. ¿No será que su juramento la obliga a cumplir con el contrato? ¿Qué se les exige jurar a los compradores, agencias, abogados…? Toda esta rocambolesca historia no tiene pies ni cabeza: es una actividad voluntaria, pero requiere de un juramento ante un juez; es desinteresada, pero cobra una compensación. En fin….
Los desatinos de este señor no acaban aquí. En febrero de 2014, un fallo del Tribunal Supremo estableció que los menores comprados en el extranjero no podían inscribirse en el Registro Civil, dejando como única posibilidad a los compradores que uno de ellos —normalmente el padre genético— lo inscribiese y el otro lo adoptase. Gómez manifestó que esta sentencia, según los expertos —ignoro a quiénes se refiere—, generó un rechazo social tan considerable que el gobierno aprobó una modificación legal que hacía posible inscribir a los bebés comprados a través de un proceso judicial que permite reconocer una sentencia ratificada en el extranjero. Yo no sé ustedes, pero no recuerdo ninguna multitudinaria manifestación ni un triste comunicado al respecto. Parece más bien la presión de algún lobby muy interesado en conseguir legalizar la situación de estos menores.
El discurso de Gómez presenta bastantes similitudes con el de la doctora de la Unidad de Medicina Reproductiva de la University College London Hospital, Françoise Shenfield, una mujer que ha trabajado con ahínco a favor de la explotación reproductiva. Según esta doctora, no todo vale en la gestación subrogada y hay que vigilar para que este tipo de gestación no se convierta en un negocio. Shenfield insiste en la necesidad de trabajar parlamentariamente para que en países como Ucrania, Tailandia o India no se vulneren derechos fundamentales ni se cometan los abusos tan aberrantes consecuencia de unas leyes muy permisivas. ¿Pero no nos han dicho y repetido que en Ucrania las mujeres se ofrecen generosamente y con gran felicidad como vientres de alquiler? Tal vez a la doctora Shenfield la conciencia le haya jugado una mala pasada.
Asimismo, asegura que la legislación debe apostar por una donación altruista, pero no hay nadie que empiece a exigir la ilegalización y posterior cierre de agencias que se lucran —y no poco— con este negocio y que operan incluso en países cuyo marco legal es una ley garantista y supuestamente altruista, como Reino Unido.
Las asociaciones defensoras del uso del cuerpo y las capacidades reproductivas de las mujeres ocupan e invaden los lugares donde se está formando el futuro del Derecho español, las facultades de donde saldrán los futuros jueces y juezas, abogadas y abogados, fiscales y fiscalas, juristas… Ocupar esos espacios con jornadas y congresos sobre gestación subrogada es, desde luego, algo muy conveniente para ellos y muy clarificador para nosotras.
Sospecho que todo este movimiento a favor de seguir convirtiendo a las mujeres en cuerpos al servicio del capitalismo patriarcal es consecuencia de la gran actividad que realizamos las feministas de este país que, con un trabajo impecable, voluntario, generoso y absolutamente altruista, hemos denunciado esta terrible explotación y conculcación de derechos de mujeres y criaturas, hemos tejido redes con compañeras de otros países y organizado campañas en redes sociales. Salimos de nuestras casas a explicar por qué la maternidad por sustitución atenta contra la dignidad de las mujeres y criaturas, y no tiene nada que ver con la moral católica. Escribimos artículos, seguimos debates, hacemos pedagogía sin descanso en este terrible frente abierto e invertimos en ello gran parte de nuestro tiempo de ocio.
No, no vamos a bajar los brazos. Nuestro empeño por desenmascarar todo el abuso oculto en este negocio va a continuar. No vamos a parar hasta que se prohíba comprar criaturas en cualquier lugar del mundo, en todos los países del planeta.
