No hay justicia para las mujeres.

 
Desde que conociéramos la sentencia frente al caso de La Manada, las feministas hemos sabido contestar y expresar nuestro enfado de manera colectiva y firme.
El pasado jueves escuchábamos cómo a los cinco violadores del caso de La Manada se les condenaba por un delito de abuso sexual continuado. Ello implica que, dentro del hecho delictivo, la justicia no entiende que haya existido coacción o intimidación. Este tipo penal, rebaja, y mucho, los años de condena que podrían haber asumido por un caso de agresión sexual, es decir, de violación.
José Ángel Prenda, Ángel Boza, Jesús Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo y Antonio Manuel Guerrero han sido condenados a nueve años de prisión. Una pena de cárcel que debería indignar a todas las personas que se dicen democrátas. No sólo porque resulte un insulto para la superviviente de este caso, sino porque también constituye un ataque hacia las libertades. En España presenciamos a diario cómo twitteros o músicos son sentenciados a penas de cárcel proporcionalmente más graves que las que ahora deberán cumplir estos individuos.
Sin embargo, el agravio no pasa sólo por los años que tendrán que pasar los violadores de La Manada en la cárcel, sino porque además, probablemente su pena ni si quiera llegue a cumplirse de manera íntegra, ya sea alegando buen comportamiento u otras causales que puedan justificar una puesta en libertad vigilada antes de tiempo.
Está claro que no es la primera vez que el aparato judicial español atenta contra la libertad y seguridad de las mujeres. Tenemos una lista de casos que han sido reivindicados por las feministas del país en numerosas ocasiones y a lo largo de muchos años. En este aspecto, cabe señalar el caso de Nagore Laffage, víctima de violación también en los San Fermines de 2008.

Nagore Laffage fue violada y asesinada por Diego Yllanes en 2008. Éste fue finalmente condenado a 12 años y medio de cárcel. Desde 2017 cumple el tercer grado y ejerce como médico en una clínica privada.

Con casos como así se demuestra la ineficacia del Estado para defender la vida de las mujeres y, en el caso de haber sido víctimas de violencia sexual, su incapacidad para impartir justicia así como para garantizar y promover nuestra seguridad.
Si los órganos del poder judicial no aplican las leyes de acuerdo a la idea de que las mujeres somos ciudadanas iguales, con los mismos derechos que los hombres y con el mismo derecho a que se protejan nuestras vidas, de poco va a servir una reforma del Código Penal. Aquí el problema estriba en que jueces y magistrados no aplican la ley de acuerdo a una idea de igualdad y equidad, respetuosa con los derechos y libertades de las mujeres. Si se reforman las leyes pero los jueces no las aplican, da absolutamente igual.
Varias abogadas y juezas feministas han subrayado este problema, dando a entender que con el Código Penal actual podrían haber condenado a los cinco miembros de La Manada por un caso de agresión sexual con una pena de cárcel mayor.
Estamos ante una justicia patriarcal, cómplice del mismo modelo de sociedad que genera y promueve la violencia contra las mujeres. Cómplice en tanto que con este tipo de sentencias y comportamientos, el poder judicial da a entender a los hombres que pueden abusar de las mujeres cuando y como les venga en gana, dejando claro que sus conductas poco van a ser cuestionadas respecto a la mujer que ha sufrido la agresión además de poder ser sentenciados a una pena de prisión casi mínima.
En un sistema donde se cuestiona más a las supervivientes que a los agresores, lo que verdaderamente se necesita es un cambio de paradigma, donde se empiece a dudar de los acusados de delitos de violación y donde se escuche a las afectadas. Los casos de violencia sexual parecen ser los únicos donde la carga de la prueba se invierte contra la denunciante, donde la presunción de inocencia de los acusados opera casi como una piedra inamovible en contra de la dignidad y libertad de las mujeres.

La Manada: los acusados contrataron a un detective privado que siguió a la superviviente durante varios días con el fin de exponer como prueba que su conducta normal no se había visto afectada por el crimen. Deslegitimar nuestra palabra es uno de los método patriarcales de control y poder más eficaz.

Siguen estando vigentes la visión monolítica de la mujer propia de la cultura de la violación, tan antigua casi como nuestra historia, y el mito en torno a la imagen abrahámica de la mujer como ser mentiroso, embaucador y problemático. Estos patrones operan y se manifiestan en todos los casos donde las mujeres denunciamos abusos y agresiones. A causa de esta duda preconcebida sobre nuestro testimonio vemos cómo casi se nos empuja a arriesgar (más) nuestra vida en una situación de violencia, cómo se nos exige en cierto modo que opongamos resistencia y que ésta pueda probarse. En caso contrario, se entiende que estamos consintiendo ese ataque. Sin embargo, también sabemos que resistirse muchas veces equivale a morir, como en el caso de Nagore…
La lista no termina ahí. A las mujeres supervivientes de violaciones se les exige encajar dentro de un modelo de víctima permanente, incapaz de volver a relacionarse, hacer vida social, seguir con el trabajo y su vida normal antes del episodio de violencia. Esto se ha puesto de manifiesto durante el proceso del caso de La Manada: los acusados contrataron a un detective privado que siguió a la superviviente durante varios días con el fin de exponer como prueba que su conducta normal no se había visto afectada por el crimen. Deslegitimar nuestra palabra es uno de los método patriarcales de control y poder más eficaz.
Así mismo, existe una falta de conciencia y sensibilidad en torno al concepto de consentimiento dentro del marco social y judicial. Si los y las que aplican la ley, no promueven sentencias que generen una cultura colectiva donde se respete el derecho a la libertad y seguridad de las mujeres y se castiguen de forma adecuada y justa los delitos de violencia sexual, la sociedad seguirá normalizándolos como algo no (o poco) reprobable. Se continuará cuestionando a las víctimas pero exigiéndoles que denuncien y ello aún a riesgo de que no las crean, aún a riesgo de ser puestas en entredicho, de ser vigiladas y humilladas una vez más tras todo el proceso.
Este caso no es un caso aislado, podemos y debemos protestar de manera indefinida y colectiva para que se haga justicia. Debemos luchar porque esta sentencia se revise y se genere una nueva donde se penalice con argumentos justos e igualitarios, porque José Ángel Prenda, Ángel Boza, Jesús Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo y Antonio Manuel Guerrero deben ser condenados por un delito de violación a la pena máxima dentro del marco legal.
Se trata de sentar jurisprudencia sobre el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, a disfrutar de una justicia que las represente y vele por su seguridad. Hablamos de hacer desaparecer la cultura de la violación que toma a las mujeres como cuerpos que pueden ser violados, abusados, golpeados, y asesinados sin que ello suponga penas mayores que las impuestas hasta ahora.
Nosotras estamos reivindicando el derecho de las mujeres a no tener miedo, a estar enfadadas ante la injusticia y desprotección que vivimos a diario. Estamos contestando y plantando cara a la impunidad machista en el Estado Español. No nos van a callar. Al igual que gritamos el 8 de