Menores libres de hormonas

El 1 de diciembre conocimos la noticia de que, en el Reino Unido, Keira Bell había ganado la demanda judicial interpuesta contra el Servicio Nacional de Salud británico (NHS) y la clínica Tavistock, organismo que gestiona en el país el  servicio de cambio de sexo para menores.

El tribunal sentencia que los menores de 16 años no pueden dar un consentimiento informado para recibir un tratamiento con bloqueadores de la pubertad. Porque a esa edad no se pueden entender los riesgos de un tratamiento que – en contra de lo que se ha dicho – no es en absoluto inocuo. Además pone incluso en duda la capacidad de prestar  consentimiento,  aunque sea con 16 años cumplidos, a un tratamiento que califica como “experimental”.

Keira Bell es hoy una chica de 23 años con un cuerpo mutilado, estéril, y con consecuencias físicas irreversibles por las medicaciones y operaciones  a las que fue sometida.

Como ella misma afirma en sus entrevistas, con 16 años se sentía distinta, no encajaba dentro del rol de mujer que socialmente se esperaba de ella. Fue diagnosticada con disforia de género y en tan solo tres sesiones, de una hora cada una, se decidió un tratamiento para masculinizarla. Acudió a la clínica para buscar apoyo y terapia por la ansiedad y la baja autoestima que sufría, y chocó con la medicalización sistemática que se aplica en Reino Unido a  los y las  menores que rechazan los estereotipos de género.

El servicio para el cambio de sexo del NHS está tratando incluso a menores de 10 años de edad, a pesar de que, como reconoce la sentencia, se desconoce el daño a largo plazo que los bloqueadores puedan causar.

Keira Bell es hoy una chica de 23 años con un cuerpo mutilado, estéril, y con consecuencias físicas irreversibles por las medicaciones y operaciones  a las que fue sometida.

Vamos a ver algunas cifras. En un periodo de 8 años, entre 2010 y 2018, en el Reino Unido el número de casos de niñas con disforia de género llegó a aumentar hasta un 4.400 %. El porcentaje de niñas que han sido tratadas ha pasado de un 57% en 2012, a un 69% en 2017. Actualmente, está en los juzgados el caso de una niña de 15 años, que tiene autismo, y que el NHS quiere comenzar a hormonar contra la voluntad de la madre.

Lo primero a puntualizar es que género y sexo no son lo mismo. El género es un mecanismo cultural de opresión a través del que se nos condiciona  a ser como la sociedad espera en base a nuestro sexo. El sexo es un hecho biológico. Esta distinción indica que, al igual que el género, la disforia  responde a causas externas y no internas. La primera de todas esas causas es la socialización distinta para chicos y chicas. Si suprimimos el sexismo en cuanto a los juegos, los colores, y los comportamientos estereotipados (tal y como lleva décadas denunciando el feminismo), la disforia y todo el sufrimiento que conlleva desaparecen. Si por el contrario fomentamos la creencia de que los roles de género reflejan el espíritu profundo de mujeres y hombres, estamos aumentando los casos de disforia.

El modelo afirmativo en atención a menores que reclaman algunos colectivos transexuales, consiste en que automáticamente el deseo y los sentimientos de los y las  menores acerca de su sexo deben prevalecer sobre cualquier otro criterio profesional o de la familia. Es decir, el respeto hacia esa persona y sus sentimientos justifica que se limiten las injerencias externas sobre su decisión. El problema es que lo que en realidad se limita es el único mecanismo real que tenemos para ayudar a esa persona a modular dichas  injerencias, que de otro modo no van a desaparecer. La más peligrosa sin duda es el beneficio económico detrás los larguísimos y costosísimos tratamientos hormonales.

Hay multitud de situaciones que pueden generar una disforia de género. Muchos de estos casos desaparecen al llegar a la adolescencia y una parte de ellos se debe a las dificultades para aceptar la propia homosexualidad.

Una vez más vemos cómo desde una argumentación que dice defender los derechos humanos lo que se está promoviendo en realidad es un mercado dispuesto a llevarse por delante esos derechos.

Una vez más vemos cómo desde una argumentación que dice defender los derechos humanos lo que se está promoviendo en realidad es un mercado dispuesto a llevarse por delante esos derechos. Los y las menores con disforia de género existen y sufren violencia, rechazo e incomprensión. Pero las leyes que se están promoviendo en su nombre no sirven para revertir esa situación injusta, lo que hacen es generar muchas más situaciones similares; sobre todo si se pretende neutralizar a los equipos multidisciplinares que deben encargarse de asesorar, acompañar y evaluar cada caso. Algo que ya está denunciando en nuestro país la endocrinóloga Isabel Esteva, coordinadora de la primera unidad en España de Transexualidad e Identidad de Género (UTIG).

Denunciar esto no es transfobia, es pedir un poco de sentido común al Ministerio de Igualdad a la hora de tramitar la norma. Quien impulsa una reforma legal debe asegurarse de manera responsable de que  ésta  no va a generar más daño que el que intenta solucionar.