Ante los impedimentos a la ciudadanía de acceso a los archivos militares referidos a la memoria histórica, el 29 de marzo (150 aniversario del Archivo Histórico Nacional), fue registrado ante la sede de la Primera Región Militar (Calle Mayor 79, 28013 Madrid), derecho de petición, solicitando el pleno acceso a archivos, por su interés público. Igualmente, fueron presentadas un total de 30 peticiones ante instituciones militares, así como en embajadas españolas. Los escritos están firmados por el abogado Eduardo Ranz y por el periodista José María Calleja.
Lo que se pretende con el acceso a archivos militares por su interés público, es el camino a la verdad de las propias familias, además de facilitar el trabajo de exhumación, es decir, reparación.
Lo que se solicita en los escritos es:
1º. El pleno acceso a los Archivos Militares, relacionados con la instrucción de expedientes, con especial tratamiento de lo juzgado en el Tribunal de Orden Público (TOP), así como la publicación de los archivos referidos a Memoria Histórica, superiores a 25 años de antigüedad, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
2º. El acceso de todos los archivos pertenecientes a defensa, comandancia de la Guardia Civil, y Cuerpos de Seguridad del Estado comprendidos entre 1929 y 1977.
3º. Envío de copia compulsada al Archivo Histórico Nacional, creado por Real Decreto de 28 de marzo de 1866, y al Centro Documental de la Memoria Histórica.
4º. Suscripción de convenios de colaboración con universidades, de los que el Ministerio de Defensa siempre fuera parte, bajo el esclarecimiento de la Verdad y las Garantías de No Repetición.
5º. El requerimiento de remisión de archivos de Guerra Civil y Dictadura, custodiados en México, Argentina, Cuba y Rusia.
6º. Digitalización y acceso público, de los archivos pertenecientes a Falange Española de las JONS, así como de los archivos pertenecientes a la Fundación Nacional Francisco Franco.
Todo ello conforme a la aplicación del art. 22.1 de la Ley de Memoria histórica, por el cual se garantiza el derecho de acceso a los fondos documentales depositados en los archivos públicos, y la aplicación del Principio general de libre acceso a los documentos conservados en archivos militares, recogido en el Reglamento de Archivos Militares 1998, y al Principio general de Libre Acceso a los documentos conservados en archivos militares (art. 64 Reglamento de Archivos Militares).
Los archivos y su tratamiento se realizan gracias a los impuestos de los ciudadanos y ciudadanas, entre ellos, las víctimas del franquismo que aún hoy buscan su reparación. El acceso a archivos es básico para esclarecer el concepto de la verdad.
