Si lanzamos la pregunta ¿qué es educar en igualdad?, a muchos y muchas les vendrá a la cabeza los valores que año tras año se dice que se van a implantar en la escuela, o tal vez los enunciados de alguna ley o plan estratégico.
Empezando por el plano jurídico, es indudable que la ley de igualdad efectiva de mujeres y Hombres aprobada el año 2007 supuso un innegable avance, como lo fue la Ley Orgánica de Educación (LOE) en cuanto a la inclusión de principios y algunas herramientas (Educación para la Ciudadanía, planes, responsables de igualdad, etc.) para avanzar hacia esa educación en igualdad.
Como se ha visto, estas iniciativas del entonces gobierno de Zapatero fueron asumidas como algo novedoso, y en demasiadas ocasiones como un agravio intolerable o un exceso del gobierno de turno: y es que como todo avance que pretende desmontar los privilegios de quienes se amarran al machismo y a las estructuras patriarcales, la reacción fue furibunda.
Ciertamente, el valor simbólico de esta nueva legislación y el de las políticas públicas que le acompañarían era el demostrar que la igualdad no es una palabra vacía o un mero enunciado en la Constitución Española, sino una cuestión de justicia y de Derechos Humanos, que requiere de todas las herramientas del Estado, incluso leyes orgánicas y Ministerios.
Conviene recordar que aunque la coeducación y los métodos educativos en valores pudieran parecernos obra de hace pocos años, ya en la II República, las pioneras Maestras empezaron con su implantación.
Por otro lado, conviene recordar que aunque la coeducación y los métodos educativos en valores pudieran parecernos obra de hace pocos años, ya en la II República, las pioneras Maestras empezaron con su implantación.
Sin embargo, pese a los avances en la última década, ni los planes ni siquiera una asignatura como Educación para la Ciudadanía (lamentablemente, hoy ya inexistente) son suficientes ante una sociedad que normaliza el abuso, la violencia y la desigualdad, hasta el punto de que hasta un 25% de las chicas adolescentes sufren violencia psicológica de control por parte de su pareja o expareja (Estudio evolución VG adolescencia, MSSSI). E incluso 1 de cada 3 jóvenes consideran aceptable o inevitable esta violencia (Estudio Percepción VG, MSSSI).
Los datos revelan que la juventud no solo sigue ejerciendo/sufriendo violencia de género sino que su incidencia se agudiza en mayor medida en las formas de violencia psicológica (control, intimidación, aislamiento, etc.) respecto al resto de adultos.
Los datos revelan que la juventud no solo sigue ejerciendo/sufriendo violencia de género sino que su incidencia se agudiza en mayor medida en las formas de violencia psicológica (control, intimidación, aislamiento, etc.) respecto al resto de adultos.
Y es que ¿quién enseña a gestionar las emociones, a relacionarse, a tratar las diferencias? Los mismos medios de comunicación, videojuegos, películas, familias y entorno que transmiten aún mitos y estereotipos sexistas.
La última consecuencia es que el 30% de las mujeres asesinadas por violencia de género son menores de 30 años.
Pero, mientras nadie pone en duda, por ejemplo, la existencia de una educación física integrada en el currículum de toda la educación obligatoria, cuando se trata de implantar unas pocas horas, en algunos cursos, de Educación para la Ciudadanía no solo se pone en duda sino que es eliminada. Como si fuera algo prescindible, o como si la lamentable LOMCE ofreciera alguna otra formación obligatoria para todo el alumnado que integrara estos pocos contenidos.
Por supuesto, a nadie se le ocurriría pedir que sean los padres y madres quienes elijan si sus hijos deben cursar Educación Física, Matemáticas o Lengua y Literatura. Pero cuando se trata de estructurar el ejercicio de los derechos cívicos, sociales y los DDHH, todo son trabas.
En cualquier caso, este artículo no pretende ofrecer una visión negativa: a día de hoy, tenemos muy buenas experiencias dignas de analizar por todo el país: son aquellas de la mano de ayuntamientos, comunidades autónomas o diputaciones, con la comunidad educativa, organizaciones de mujeres e incluso cuerpos policiales, que a través de talleres, obras de teatro, películas, cinefórums, lecturas, concursos, actividades participativas, y tantos otros proyectos, ofrecen una nueva mirada a nuestros jóvenes.
Pero pese a que la ley o los planes indiquen que todas las instituciones deben hacerlo, no en todos los municipios o centros educativos se inician estos proyectos. Y en muchos casos, son medidas parciales que se sostienen por la única voluntad del profesorado: la limitación presupuestaria en algunos casos, y la falta de competencia en otros, limitan su alcance.
Esta auténtica política educativa por la igualdad debe forjarse con acuerdos de Estado, asegurando mediante la legislación su obligado cumplimiento…
Con todo ello para muchos chicos y chicas este espacio de igualdad no durará más de unas pocas horas por curso.
Por ello, a día de hoy hace falta dar un nuevo impulso a la educación en igualdad. Un impulso valiente y estructurado, transversal y en cooperación con entidades locales, medios de comunicación, organizaciones sociales, familias, instituciones educativas, universidades y todas las partes que interactúan en la socialización de las y los menores y jóvenes.
Esta auténtica política educativa por la igualdad debe forjarse con acuerdos de Estado, asegurando mediante la legislación su obligado cumplimiento, implantando de una vez la transversalidad de la perspectiva de género, reincorporando asignaturas específicas y obligatorias, con presupuesto y unidades de igualdad en cada centro, destinando las horas necesarias a esta formación en valores, revisando todo el currículum, libros y materiales educativos, generando contenidos compartidos con los medios y espacios de interés juvenil, etc.
A lo largo y ancho del país tenemos experiencias, métodos y la necesidad de impulsarlo definitivamente. Solo se necesita de voluntad política. No hacerlo supondría el mayor fracaso educativo de esta década.
