- De las diez enfermedades o problemas de salud que la población de 15 años en adelante refiere padecer con mayor frecuencia, ocho son más frecuentes en mujeres.
- Sólo nueve de las 17 comunidades autónomas disponen de recursos para víctimas de violencia sexual.
La ONG Médicos del Mundo ha elaborado el informe «Deficiencias e inequidad en los servicios de salud sexual y reproductiva en España«, que se ha presentado esta mañana en Madrid, y que cuenta con el apoyo de otras tantas organizaciones, como Alianza por la Solidaridad, Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Fórum de Política Feminista o Plataforma CEDAW Sombra, entre otras.
En este informe se señala que los recortes en la atención sanitaria a nivel nacional y autonómico afectan de manera particular a la vida de las mujeres a la hora de recibir atención médica. Asimismo, la desigual relación de poder entre hombres y mujeres, y las distintas formas de violencia contra las mujeres, repercuten negativamente en su salud física, mental, emocional y social. Estas son las principales conclusiones de este informe, que destaca también que, debido a estos recortes, existe una gran diferencia entre los servicios que prestan las comunidades autónomas y que produce inequidad territorial en la atención sanitaria de la salud sexual y reproductiva.
Según declara Beatriz Sagrado, de Médicos del Mundo, «es necesario un enfoque de género en el ámbito de la salud porque las que sufren en gran medida los recortes sanitarios son las mujeres, que encuentran barreas para conseguir métodos anticonceptivos, son las que padecen más discriminación a la hora de acceder a tratamientos de reproducción asistida (especialmente si no se cuenta con una pareja varón), o las que tienen que recorrer kilómetros para acceder a un servicio de aborto legal porque en su comunidad autónoma no llevan a cabo ese servicio sanitario».
El informe señala la extrema vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes en situación administrativa irregular, excluidas del sistema sanitario, y a las que no se les permite acceder a interrupciones voluntarias del embarazo ni a medidas de planificación familiar.
Algunos datos
-El 10,1% de los jóvenes varones de 16 y 17 años y el 13% de los jóvenes varones entre 18 y 24 años refieren no haber utilizado ningún tipo de anticonceptivo. En el caso de las chicas son el 12,7% y el 11,5% respectivamente según tramos de edad.
-Hay enormes diferencias entre unas comunidades y otras sobre aborto. Las que realizan porcentualmente más abortos farmacológicos (AF) respecto al quirúrgico son 32: Baleares (53%), País Vasco (50%), Cataluña (41%), Navarra (38%) y Galicia (28%). Y las que realizan menos son: Castilla León y Canarias que no realizan ninguno; Extremadura (1% AF), Madrid (4% AF) y Andalucía (9% AF).
-Desigual acceso a los servicios público de IVE: sólo el 10,1 % de las IVE se hicieron en la red sanitaria pública en 2014, lo que significa que el 89,9% se realizan en el sector privado.
Familias monoparentales: el 82,7% son monomarentales
La peor salud derivada del cuidado a personas dependientes se ha incrementado con los recortes en programas sociales y de dependencia. Las mujeres asumen principalmente el cuidado de las personas dependientes y de menores de edad, así como las tareas del hogar.
El número de hogares formados por madre que convive con hijos/as representa el 82,7% del total de los hogares monoparentales y ha crecido en un 2,7% con relación a 2013. El 11,34% de la población de 15 y más años cuida, al menos una vez a la semana, de alguna persona mayor o de alguien que tenga una dolencia crónica. Es más frecuente que presten cuidados informales las mujeres (13,41%) que los hombres (9,17%), excepto en el grupo de edad de 85+ años. Por sexo, dos terceras partes de las personas beneficiarias de la Ley de Dependencia son mujeres.
Sin presupuesto para DSyR
Bárbara Tardón, de la Plataforma CEDAW Sombra ha declarado que «resulta inadmisible que las mujeres representemos la mitad de la población y tengamos que seguir exigiendo igualdad de trato en el acceso a servicios sanitarios que sólo nos afectan a nosotras. No puede ser que exista en España una Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y su aplicación sea casi nula y que no cuente con un presupuesto específico asignado».
