La diputada Citlalli Hernández Mora, del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), solicitó al jefe de Gobierno, a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, establecer medidas urgentes de prevención de asesinatos de mujeres, que en solo tres años alcanzó aquí más de 500 casos.
Durante la sesión extraordinaria, asambleístas discutieron puntos de acuerdo para establecer medidas urgentes de prevención de asesinatos de mujeres, feminicidio, secuestros y violencia de género contra las mujeres en la capital del país.
Hernández Mora requirió garantizar una investigación con perspectiva de género en el caso de Blanca Estela, una joven de 17 años encontrada sin vida en una cisterna del deportivo Carlos Zapata Vela, el pasado 16 de junio de este año.
Cuestionó el hecho de que la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal sostenga que «no ve una razón de género» en más de la mitad de las muertes violentas de mujeres, a pesar de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha informado que entre 2012 y 2015 un total de 555 mujeres fueron víctimas de homicidios violentos en la Ciudad de México.
«El caso de Blanca Estela deberá ser, en un cálculo somero, la averiguación 301 por la comisión de un presunto feminicidio, apenas 300 casos en seis años y ni siquiera 40 por ciento de los homicidios violentos contra las mujeres está considerado como feminicidio, según cifras oficiales».
Hernández Mora urgió a otorgar garantía de justicia para las víctimas indirectas y que se garantice que todos los elementos policiacos de la Ciudad de México reciban capacitaciones continuas y suficientes en materia de actuaciones policiales con perspectiva de género.
La legisladora expuso que, a pesar de que se han adoptado legislaciones específicas, se han puesto en marcha políticas públicas y programas para prevenir y erradicar la violencia de género, se han reformado los códigos penales para catalogar las muertes violentas de mujeres por razones de género como crímenes especiales, y se han creado unidades especiales de investigación, todas estas medidas no son suficientes, pues la impunidad sigue siendo la norma y no la excepción.
Se incrementó violencia de género
La diputada de MORENA reprobó el incremento de la violencia de género, lo que se demuestra con los cientos de testimonios de mujeres que son violentadas en el espacio público.
Son las noticias cada vez más recurrentes, dijo y recordó además del asesinato de Blanca Estela, el de Lesvy Berlín, el de Stephanie Magón o el caso de una joven de quien aún se desconoce su identidad, subida a bordo de un taxi para ser golpeada mientras una ciudadana les seguía desde su vehículo tratando de ayudarla.
De igual forma, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó un punto de acuerdo solicitado por la diputada Aleida Alavez para que el gobierno de la Ciudad de México aplique operativos de seguridad en el transporte público de Iztapalapa, debido a la ola de violencia que acosa a las personas usuarias desde hace meses.
Mediante el punto de acuerdo, la legisladora solicitó a las secretarías de Seguridad Pública y la de Movilidad, así como a la Procuraduría General de Justicia del gobierno capitalino, para que además de los operativos policiales, se coordinen con los concesionarios del transporte público y establezcan mecanismos para combatir los asaltos de esas rutas que convergen en el paradero del Metro Constitución de 1917.
La asambleísta lamentó la inseguridad que azota a Iztapalapa y que las autoridades delegacionales hayan sido rebasadas por la delincuencia que se ha asentado en el lugar.
Afirmó que el alarmante clima de inseguridad que enfrentan quienes utilizan el transporte público en esa delegación, obliga a las autoridades capitalinas a emprender acciones para devolver la tranquilidad a las y los usuarios de las rutas 119, 37, 14, 32 y 35 que constantemente son asaltados con violencia en las unidades.
Un promedio de 564 delitos diarios en transporte público
De acuerdo con el Informe Estadístico Delictivo en el Distrito Federal, que emite la Procuraduría General de Justicia del DF, en abril 2016 se iniciaron 16.947 averiguaciones previas y carpetas de investigación, lo que significa que se reportó un promedio diario de 564; en el mismo período de 2017, la cifra se elevó a 17.135 averiguaciones.
En abril pasado, la delegación Iztapalapa registró 2.331 carpetas de investigación, lo que también representó un incremento con respecto de abril de 2016, del orden de 2.291; sin embargo, indicó, estas cifras no reflejan la realidad que se vive, porque un número indeterminado de delitos no se denuncia, en particular los cometidos en el transporte público.
Por otro lado, también se avaló un dictamen, propuesto por la Comisión para la Igualdad de Género, para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, al Sistema de Transporte Colectivo Metro, a la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, al Metrobús y a los servicios de Transporte Eléctrico del Distrito Federal, dependencias todas del Gobierno de la Ciudad de México, a capacitar al personal de sus instalaciones y vehículos, como responsables de aplicar las políticas o programas derivados de las estrategias 30/100.
Esta estrategia es en beneficio de las mujeres y niñas usuarias de los servicios públicos y para que, en caso de sufrir de acoso o violencia sexual durante su transportación en estos servicios públicos, el personal del transporte público pueda asesorar debidamente y acompañar a las víctimas para interponer las denuncias respectivas y brindarles los servicios de apoyo previstos en dicha estrategia.
Procurador capitalino debe informar
Asimismo, la ALDF aprobó un punto de acuerdo, presentado por la diputada Beatriz Rojas Martínez, de MORENA, para exhortar a Edmundo Porfirio Garrido Osorio, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a informar sobre el trabajo y avances en las investigaciones a cargo del Centro de Apoyo a Personas Extraviadas o Ausentes, en un plazo no mayor de 20 días.
La legisladora recordó el caso de Luz Adriana Castillo Vázquez, de 19 años, quien salió de su casa el pasado 31 de marzo y ya no regresó; Wendy Vázquez, madre de Luz, asistió al Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes de la Procuraduría General de Justicia de esta Ciudad, en donde le dijeron que primero debía llamar al Servicio de Localización Telefónica LOCATEL para reportar dicha desaparición.
Después de estudios se desprendió que Luz había sido asesinada desde el día de su desaparición y su cuerpo yacía anónimo en una plancha del servicio forense desde el 8 de abril, de lo que se desprende entonces que tardaron 18 días en notificarla y 18 días en que Wendy tuvo la angustia de no saber nada de su hija Luz.
Ante esto, la diputada afirmó que los protocolos de localización y búsqueda de niñas y mujeres adolescentes, como la Alerta AMBER y el Protocolo Alba, son insuficientes para atacar la epidemia de desapariciones entre esta parte de la población, al citar datos de la Red de los Derechos de la Infancia de México, pues a pesar de contar con estos mecanismos, no se realiza la búsqueda de mujeres y niñas con la debida diligencia porque no existe personal capacitado para esta función.
«Los organismos institucionales están desarticulados y además en la mayoría de los casos las autoridades desestiman la denuncia de las víctimas. En el caso de los adolescentes, niñas y mujeres, existe una intencionalidad reconocida, pueden ser víctimas de feminicidio o ser sometidas a redes de trata de personas, y 72 horas da tiempo a que las puedan trasladar a otros países o estados», afirmó.
Sin conocer el paradero de 622 mujeres
Destacó que de enero el 2015 a junio del 2016, la PGJ de la Ciudad de México reportó 1.744 mujeres extraviadas y fueron localizadas 1.122, quedaron pendientes 622 que no sabemos a la fecha qué ha sido de ellas.
Por ello, mediante el punto de acuerdo se solicitó un informe sobre «la capacitación continua de las áreas encargadas en la materia, con perspectiva de derechos humanos y género a que hace referencia el protocolo para la búsqueda inmediata de personas en situación de extravío o ausencia, en especial de mujeres, niñas, niños y adolescentes en su acuerdo tercero y en su objetivo Vigésimo. Esto con el fin de que el personal, en específico del Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), no se refiera al término de las 72 horas en espera para iniciar la búsqueda».
Igualmente, que se informe «sobre el estado que guarda el sistema de registro de personas extraviadas o ausentes, desagregando por sexo y edad en lo que va de este año 2017 y acerca del funcionamiento de todos los mecanismos de coordinación y comunicación existente entre los entes públicos que integran el sistema de auxilio a víctimas dependientes de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad.
Además, «respecto a los resultados de las evaluaciones prácticas al sistema de auxilio a víctimas, así como a las acciones que se hayan o estén llevando a cabo para subsanar o corregir en su caso las inconsistencias derivadas de dichas evaluaciones, y qué acciones llevará a cabo PGJ en la capital del país para deslindar responsabilidades por la pésima atención que se está brindando ante un tema tan hiriente a la sociedad».
