El sindicato considera que hacen falta más esfuerzos y más presupuesto para hacer frente a esta lacra social y que el Pacto de Estado para la Violencia de Género se queda corto, en el ámbito laboral, y adolece de medidas suficientes.
Por eso, UGT considera fundamental que el Gobierno legisle para que, dentro de las empresas, los representantes de los trabajadores tengan herramientas para visibilizar y combatir la violencia de género y el acoso, que sufren las mujeres, por razón de sexo, en el trabajo.
UGT demanda: que la víctima pueda acceder a los recursos sin tener que interponer denuncia; implantar protocolos de acoso sexual y por razón de sexo en las empresas e incluirlos en las Comisiones de Igualdad del convenio colectivo o de las comisiones de los planes de Igualdad correspondientes y establecer, con carácter preceptivo, la inscripción registral o el depósito de los planes de igualdad obligatorios para las empresas de más de 250 trabajadores, etc.
Otras medidas fundamentales son mejorar el acceso y el mantenimiento del empleo para estas mujeres (estableciendo un sistema de protección social más adecuado que no las penalice y que les permita garantizar su independencia económica y su autonomía personal) y revisar la normativa de igualdad vigente para dotarla de los mecanismos necesarios encaminados a lograr dicha igualdad efectiva, haciendo especial hincapié en relación con las medidas y normas de igualdad en el ámbito laboral.
El sindicato considera que la igualdad en el empleo es esencial para luchar contra la violencia de género en el trabajo y que garantizar la independencia económica adquiere un valor fundamental para alejarse de situaciones de violencia. Sin embargo:
- Año tras año disminuye el número de personas que se acogen a las medidas laborales de apoyo a las víctimas que contempla la ley contra la violencia de género, como el derecho a suspender o extinguir el contrato de trabajo con derecho a prestación o subsidio por desempleo en 2015 se acogieron 93 mujeres, y en 2016, 91 mujeres)
- Las políticas para garantizar la inserción y permanencia laboral de las mujeres víctimas de violencia de género son insuficientes, según pone de manifiesto el último Informe del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (solo el 41% de las 44 víctimas mortales por violencia de género en 2016 estaban trabajando).
- Desciende el número de mujeres que suspende o extingue el contrato de trabajo (Apenas 91 en 2016; 93 en 2015).
- Con respecto a los incentivos a las empresas para el fomento de la contratación de mujeres víctimas de violencia de género, del total de la contratación femenina registrada por los Servicios Públicos de Empleo en 2016 (8.763.700 nuevos contratos), solamente 801 contratos, es decir, el 0,009% de los contratos, correspondieron a contratos bonificados para mujeres víctimas de violencia. Y el 75,5% de la contratación fue temporal. Las Comunidades que más han contratado a mujeres víctimas de violencia de género han sido Andalucía (125), Madrid (120) y País Valenciano (109).
