por Andrea Abreu López
Aquel día, en aquel vagón de metro, Graciela encontró a una señora que le dijo que se viniera al colectivo. Dice Graciela que le gustan las luchas y que por eso se fue con ella. Que la señora le dijo: Que sí, que se venga, que es una organización de mujeres. Que es muy bonito. Y muy importante. Y que se habla de la explotación, del abuso y de la vulnerabilidad de la gente sin papeles. Y de la esclavitud moderna. De la esclavitud moderna, sobre todo. Que es como ellas llaman a su profesión. La del empleo del hogar y los cuidados.
Graciela se unió a Territorio Doméstico —un colectivo formado, en su mayoría, por mujeres migrantes que reclaman sus derechos como trabajadoras del hogar— porque, después de todo lo que había vivido, y por todo lo que les quedaba por vivir a las que venían después de ella, valía la pena pelear.
“Vamos a luchar para que esto pare y tengamos un futuro mejor”, se dijo. Graciela tiene, ahora, 58 años y mucha vida pasada. Hace ya tiempo salió de Nicaragua para llegar a España. En Nicaragua le habían dicho que el trabajo aquí estaba más o menos bien pagado. Que podría encontrar algo que iba de los 700 a los 900 euros.
Graciela dice que dejó su casa por la misma razón por la que la dejan la mayoría de mujeres que se dedican a lo que ella se dedica: las cargas familiares, las deudas. Después de encontrar un trabajo que le duró muy poco, llegó su primera parada duradera: un empleo de interna que tuvo durante dos años, por el que cobraba 550 euros.
En ese momento no tenía papeles y siempre llevaba el miedo de encontrarse con una redada metidito en los huesos. Estuvo unos nueve años viviendo y trabajando en la ilegalidad. Cuenta que, durante esos dos años por los que obtenía 550 euros al mes, vivió la explotación más dura.
Este es el último mes que Graciela trabaja como interna. Dice que está cansada. Que no tiene tiempo para su vida. Últimamente está recibiendo unas formaciones y quiere dedicarse a otras cosas. Graciela trabaja durante 16 o 20 horas diarias. Y, si tiene que levantarse por la noche, lo hace.
Una de las cosas que más quisiera para su colectivo es que, como el resto de personas que trabajan, puedan cumplir con sus ochos horas. Y que les den un salario justo. Y derecho al paro. Y un trato digno, dice. Un trato digno, sobre todo.
La enmienda que todo lo complica
“Ahorita con la enmienda 6777, es injusto lo que nos hacen”, denuncia Graciela. El Gobierno cambia, pero los Presupuestos Generales del Estado (PGE) permanecen iguales. A pesar de que el Ejecutivo haya vivido una reforma radical, la moción de censura salió adelante gracias a que Pedro Sánchez prometió respetar los PGE que, con tanto debate, el PP había ideado.
Respetar los PGE, supone respetar la enmienda que el PP introdujo casi sin que nadie se percatase. La 6777 es una iniciativa que retrasa la equiparación del sistema de cotización al Régimen General de la Seguridad Social (SS) de estas empleadas hasta 2024, a pesar de que esa equiparación estaba prevista para 2019.
El gobierno de Zapatero fue el encargado de llevar adelante el Real Decreto 1620/ 2011, en el que se regula la relación laboral del servicio del hogar familiar. Ese texto hace que las trabajadoras del hogar queden recogidas en la legalidad bajo condiciones especiales.
Tales condiciones hacen que, entre otras cosas, las trabajadoras no tengan derecho al paro o que la persona que las haya empleado pueda despedirlas por ‘desistimiento’, un tipo de despido particular de esta relación laboral que consiste en la pérdida de confianza por parte de la persona empleadora, que, en este supuesto, no tiene la obligación de alegar causas adicionales.
El texto recoge, también, la incorporación progresiva de las trabajadoras del hogar y de cuidados al Régimen General de la SS para el año 2019. Ahora, si nada cambia, deben esperar cinco años más.
Las organizaciones hablan de más de 700.000 trabajadoras del hogar en España de las que alrededor del 30% trabaja en la economía sumergida. A pesar de que el Real Decreto 1620/2011 aumentó el número de altas en la SS, aún son muchas las que no han conseguido regular su situación. Según un documento elaborado por la Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos, en enero de 2018, de esas más de 700.000 empleadas, solo se dieron de alta en el Sistema Especial de Empleados de Hogar unas 417.611.
Ahora las organizaciones se preguntan si tendrán que esperar hasta 2024 para que las bases de cotización de estas empleadas se equiparen a las del resto de trabajadoras y trabajadores. La próxima semana tendrá lugar la votación de los Presupuestos en el Congreso, después de que pasaran por el Senado. Los colectivos de trabajadoras prevén una concentración el próximo 27 de junio en contra de una enmienda que lo complica todo.
Mujeres que limpian y cuidan, mujeres que se organizan
Multitud de colectivos se han pronunciado en contra de la enmienda. Una de las primeras respuestas a esta iniciativa fue el comunicado que emitió Grupo Turín —organización de empleadas, colectivas y cooperativas de trabajo doméstico y de cuidados—, que denunciaban que la clase política continuaba negando sus derechos como trabajadoras.
Grupo Turín nació con la intención de exigir la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Un texto que nació durante la reunión de la OIT del 2011 y que recoge una protección especial para este colectivo de empleadas pero que el Estado español no ha incorporado aún.
Con el cambio de Gobierno, desde el colectivo ven una oportunidad de presionar para que se ratifique el Convenio. Cuentan que se les ha abierto de nuevo la posibilidad de hacer un poco de incidencia política. “La poca que podemos hacer, dado que nosotras no estamos en esa escena política y dado que no tenemos la posibilidad de que se atiendan tan directamente nuestras reivindicaciones”.
Explican que les cuesta tanto acceder a círculos políticos y de poder porque aún no se ha dado un debate de envergadura en la sociedad civil sobre el trabajo doméstico y de cuidados. “En realidad, mucha gente utiliza el trabajo doméstico, incluidos los políticos tienen empleadas del hogar, y no sabemos en qué situación se encuentran”, declaran. “Creemos que hay una cuestión de clase que se atraviesa y la mayoría de empleadas del hogar son inmigrantes”.
Otros organizaciones también se han pronunciado en contra de la enmienda. Hace poco tiempo, de la unión del colectivo en el que participa Graciela —Territorio Doméstico— y del colectivo Senda de Cuidados —organización sin ánimo de lucro que ofrece una alternativa de trabajo digna a las trabajadoras de cuidados— nacía un nuevo proyecto: el Observatorio ‘Jeanneth Beltrán’ sobre Derechos en Empleo de Hogar y de Cuidados.
Una iniciativa que, según Natalia Slepoy Benites —una de sus integrantes—, pretende ser “una herramienta de denuncia, de visibilización de todas las situaciones de vulneración de derechos que se dan en lo cotidiano y un altavoz de todos los testimonios de las trabajadoras”.
El Observatorio lleva el nombre de una trabajadora del hogar que murió en abril de 2014, afectada por la privación de la SS a las personas migrantes en España que provocó la entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2012.
Ahora, en su web, el Observatorio recoge de forma concisa los derechos que las trabajadoras exigen para su colectivo: la jornada laboral de ocho horas y derecho al descanso, un contrato digno y la cotización en la SS, un salario digno, baja laboral, derechos al finalizar el contrato y un trato digno.
Slepoy explica que de lo de la enmienda se enteraron “de rebote”. “Se metió de forma medio oculta y traicionera, sin ningún tipo de consenso”. Pregunta: “¿En qué momento una enmienda de este tipo destruye una ley aprobada?”. Para ella la clase política se ha encargado de justificar la iniciativa usando como excusa las necesidades de las personas empleadoras sin tener en cuenta a las trabajadoras. Unas empleadas que, según dice, consideran que la enmienda es una «puñalada trapera».
Cuando la ley ampara el desamparo
Belén Navarro también es integrante de Grupo Turín y, además, secretaria de Igualdad de Unión Sindical Obrera (USO) de Madrid y responsable del sector de empleadas de hogar dentro de USO a nivel estatal. Explica que, en lo que respecta al trabajo del hogar y de cuidados, al final todo queda en manos de la buena o mala voluntad de la persona empleadora.
Cuenta que, en el marco del Real Decreto 1620/2011, hasta 2019 —y ahora, con la enmienda, hasta 2024— la voluntad de esa persona es decisiva. “Si es buena gente, le irá estupendamente [a la trabajadora] y, si es un acosador o un violador, imagínate cómo le va a ir. Además, ellas están completamente aisladas porque no tienen otros compañeros de trabajo con los que puedan compartir. Sobre todo las empleadas internas, que no se atreven a decírselo a nadie”.
La secretaria explica que, como la mayoría son inmigrantes, incluso algunas personas empleadoras les retienen el pasaporte y las atemorizan. En lo que respecta a la labor del sindicato, otro de los factores que observa Navarro es la dificultad para negociar. Las trabajadoras del hogar y de cuidados no tienen un convenio colectivo al que poder acogerse y tampoco existe una patronal como tal. La mayoría de las personas empleadoras, al igual que las trabajadoras, están diseminadas por todo el territorio. Y tampoco parece que quienes emplean tengan intención de asociarse.
Navarro cree que la situación de este colectivo es, realmente, particular. Dice que, sobre todo después de la reforma laboral de 2012, hay muchos grupos en situación de precariedad, pero que como el de las trabajadoras del hogar no hay ninguno.
Según explica, la desigualdad viene ya dada desde la misma legislación. “Estamos en una situación en la que son las propias leyes las que ponen en posición de vulnerabilidad a unas trabajadoras”.
Hay personas empleadoras que llegan a USO de Madrid queriendo dar de alta en la SS a su empleada del hogar y no pueden porque aún no han conseguido los papeles. “Yo estoy hablando de trabajadoras del hogar pero, obviamente, todos los extranjeros en esta situación, sin papeles, están abocados a la economía sumergida”, apunta Navarro.
Migrar, esperar, esperar
La Ley de Extranjería (Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y libertades de los Extranjeros en España y su integración Social) recoge como derecho específico el trato respetuoso y la dignidad. Sin embargo, a Graciela nunca se le olvidará el día en el que terminó en el calabozo. La misma Ley, también, recoge la posibilidad de que la documentación de las personas extranjeras en España pueda ser objeto de control policial. Y Graciela conocía esa posibilidad. Y Graciela experimentó esa posibilidad.
Aquella vez, Graciela estaba hablando con su familia en el locutorio y salió a la calle. La policía hacía una redada. “Me llevaron a una delegación en condiciones muy malas. Yo tenía la tensión altísima y no había podido comprar mi medicación”. Por aquel entonces, Graciela aún podía acceder a la Sanidad Pública a pesar de su situación irregular, pero nadie se encargó de preguntarle si tenía problemas de salud.
“Hubiera podido haber muerto en ese momento a causa de mi detención y hubiera pasado como un problema normal de mi enfermedad”, recuerda. “Es horrible, yo nunca había estado en mi vida en un calabozo. Son cosas que pasamos las mujeres migrantes en las que pesa una carga familiar. Vienes aquí y te ven como un delincuente”.
Una de las vías más empleadas por personas extranjeras que quieren regularizar su situación en España («obtener los papeles») es el arraigo. Existen varios supuestos de arraigo: el social, el familiar y el laboral. El social se da cuando la persona en cuestión ha permanecido en España al menos tres años, cuenta con un contrato de trabajo y puede acreditar vínculos con familiares extranjeros residentes o presenta un informe de inserción social.
Graciela no tenía familia ni amistades en España. Graciela comenzó a trabajar en la economía sumergida, como interna y sin papeles, por muy poco dinero. Era muy complicado conseguir regularizar su situación con esas condiciones. Por eso Graciela estuvo durante unos nueve años sin papeles.
A la pregunta de si las cosas cambian de forma significativa cuando se obtienen los papeles, Graciela responde que no mucho. Las cosas siguen dependiendo de la persona empleadora que tengan. “La mayoría de los empleadores solo busca cómo cubrirse las espaldas, cómo pagarte menos”, explica Graciela. “Igual te quieren pagar una miseria”.
“La ventaja es que tenés papeles, que te pueden emplear con más facilidad. Es una ventaja que yo llamo ‘ventaja’ pero que no lo es porque no te pagan un salario justo por tenerlos”, cuenta.
Herencia colonial
Dice Graciela que, en el trabajo, las tratan como chachas. “Como a una sirvienta, como a una persona de segunda o tercera categoría”. Que su trabajo no es valorado. “Muchas veces tenés que estar ahí, con el delantal y comer en la cocina. No comes con la familia”. Dice que, muchas veces, les dicen que son como parte de la familia. “Pero una vez tenés problemas de salud o lo que sea, te dan la patada. El trato de las empleadas del hogar es de tercera y no queremos ese trato”.
Raquel Martínez Buján es doctora en sociología y ha realizado la tesis Bienestar y cuidados: el oficio del cariño. Mujeres inmigrantes y mayores nativos. Para Martínez, España es uno de los países de Europa en los que menos se ha dado el debate sobre el trabajo doméstico.
El arraigo de valores católicos y coloniales es uno de los factores que más peso tiene en esta falta de discusión. Un hecho que supone, por ejemplo, que aún no haya una distinción clara entre los trabajos de limpieza del hogar y los cuidados.
Martínez recuerda que, históricamente, en países como España e Italia, este empleo tiene su origen en el flujo de mujeres sin formación que iban desde áreas rurales hasta las ciudades en busca de empleo. “Se trata de una actividad que ha estado siempre organizada por entidades religiosas y congregaciones de monjas. Muchas de esas congregaciones estaban especializadas en atender a las empleadas de hogar como una oficina de empleo de servicio doméstico. Y lo mismo en muchas iglesias”.
Además de este componente religioso, el sesgo colonial tiene mucho peso en el trabajo doméstico. Dice la socióloga que, a causa de sus lazos históricos y económicos, España ha mantenido unas relaciones laborales con América Latina condicionadas por el servilismo. “Las familias empleadoras se siguen viendo como las salvadoras de estas trabajadoras, por darles un empleo, y eso evita que exista un debate público entre la sociedad civil”.
Para buena parte de la sociedad, y según explica Martínez, el empleo doméstico sigue experimentándose como un trabajo que ofrece estatus a la familia empleadora, por lo que sigue estando relacionado con grupos sociales pudientes. Sin embargo, ha observado que, en las últimas dos décadas, se ha producido un cambio importante en el empleo doméstico en España.
Dado el envejecimiento de la población española, cada vez son más las familias que demandan trabajadoras de cuidados. Así, el espectro de grupos sociales que las emplea es más amplio. “Eso hace que las relaciones sean diferentes. Estas personas no siempre usan el empleo doméstico como un símbolo de estatus”. Sin embargo, Martínez recuerda que la carga de las trabajadoras del hogar es más fuerte ahora, pues los cuidados suelen ser actividades que requieren mucho más esfuerzo e implicación psicológica y física por parte de las empleadas.
Por otra parte, Martínez piensa que esa tendencia que tienen algunas personas empleadoras de repetir que ellas son “como parte de la familia”, tiene mucho que ver con el interés que puedan tener esas familias en que las trabajadoras realicen tareas que van más allá de lo que, comúnmente, se le podría pedir a cualquier persona trabajadora. “Tener más tiempos de presencia, cambiar horas, cambiar vacaciones o, incluso, estar en eventos familiares para que sigan cuidando a la persona mayor en esos momentos”.
La relación de dependencia entre la familia empleadora y la trabajadora es una realidad que se viene estudiando desde hace tiempo en España. La situación muchas veces vulnerable de las trabajadoras hace que ellas desarrollen un fuerte apego por la familia.
“El Estado no les ofrece sus derechos básicos como ciudadanas, con lo que requieren cierta ayuda o solidaridad de la familia que las emplea”, cuenta. “Eso va en su contra porque hace que sean sujetos más fácilmente explotables por aquellas familias que se puedan aprovechar […]. Es como: ‘Vale, yo te puedo adelantar dinero o pagar este médico, entonces, tú trabajas durante las vacaciones’ […]”.
Ahora, con el cambio en el Gobierno, las organizaciones de trabajadoras del hogar y de cuidados piensan que, tal vez, las cosas puedan mejorar un poco. Les gustaría que Sánchez “tuviese el detalle” de ratificar el Convenio 189 de la OIT, dado que su aniversario tuvo lugar el pasado 16 de junio. Algunas otras desean que el Ejecutivo actúe por ellas a través de Real Decreto. Pero ninguna está segura de lo que está por venir.
Graciela, por su parte, recuerda que lo que ellas piden no es lastima. Que si pudiera cambiar algo, ahora mismo, sería poder tener un trabajo digno, de ocho horas, un salario justo y un buen trato. Un buen trato, sobre todo. Dice Graciela que su empleo sostiene el mundo y que no son pobrecitas, que no les tienen que regalar nada.
Dice Graciela que no se trata de pena sino de derechos.
Foto: Archivo AmecoPress
