La presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, ACAI, Francisca García, ha comparecido en el Congreso de los Diputados para exponer algunas dificultades de acceso a ciertas técnicas IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), la necesidad de contar con profesionales cualificadas para este tipo de intervenciones, la disponibilidad de recursos de la sanidad pública, y el acoso y hostigamiento al que se ven sometidas tanto profesionales como mujeres a las puertas de las clínicas de aborto.
En la comparecencia, García ha fijado la postura de ACAI en cuanto a su apoyo a una prestación sanitaria de calidad, con unos/as profesionales formados/as en todas las técnicas de aborto y que aseguren un buen acompañamiento a las mujeres en el proceso. La presidenta de la asociación ha criticado el incumplimiento de la formación de profesionales recogida en la LO 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo que, en palabras de la compareciente, “está en la letra de la ley, pero no en la práctica” debido a la estigmatización que existe no solo respecto a las mujeres, sino a los/as profesionales, que se ven perjudicados/as dentro de su campo, ya que “realizar abortos resta en el currículum profesional y por tanto los/as profesionales no están interesados/as en hacer abortos”.
La principal idea en la que la presidenta ha hecho hincapié es la necesidad de introducir en la sanidad pública los métodos instrumentales, así como otros métodos validados internacionalmente para hacer prácticas de calidad. Según Francisca García, “el aborto tiene unas técnicas específicas y hay que aprenderlas para conseguir que sea menos peligroso, largo y doloroso para la mujer”. A pesar de que los métodos instrumentales muestran ventajas respecto a los farmacológicos por ser más seguros y menos dolorosos para las mujeres, los centros de sanidad pública sólo ofrecen el método farmacológico, por lo que “las mujeres no tienen capacidad de elegir ni tampoco se respeta su confidencialidad e intimidad”.
La presidenta ha añadido que el uso de este método en la sanidad pública “supone que la prestación se incorpora de una forma estigmatizada, de segunda categoría en la sanidad pública” porque el método farmacológico no requiere prácticamente intervención por parte del personal sanitario, calificando esta técnica como “aliada de la objeción de conciencia profesional, ya que al no tener que intervenir ni formarse en IVE, los trabajadores se muestran menos reticentes a realizarla. No tienen que implicarse y se agudiza el estigma”.
Además, García ha hecho un llamamiento al cese de acoso y derribo que reciben diariamente tanto las profesionales que ejercen su labor, como las mujeres que ejercen su derecho, por parte de “grupos anti elección y anti derechos que en diversas clínicas interceptan a profesionales y mujeres”. La presidenta considera que las autoridades jurídicas deberían intervenir en este tema “para que las mujeres puedan abortar con tranquilidad de acuerdo con lo establecido en la LO 2/2010”.
Tras su intervención, que finalizó con una crítica a la oposición que el Partido Popular lleva mostrando hacia la LO mencionada anteriormente desde su promulgación, intervinieron los distintos grupos parlamentarios, cuyas aportaciones se centraron en preguntar datos cuantitativos sobre el tema o posibles planteamientos legales para frenar el hostigamiento a las clínicas.
