- 760.000 mujeres sufren graves complicaciones cada año en Latinoamérica y Caribe por abortos inseguros.
- Proponen prohibir el aborto espontáneo en Guatemala donde 1.450 menores de 14 años han sido violadas en 7 meses.
Alianza por la Solidaridad, con motivo del Día Internacional por el Derecho al Aborto Legal y Seguro, denuncia que se está produciendo un avance de grupos de presión que promueven leyes que van en contra de los derechos sexuales y reproductivos en países de Centroamérica pese a las miles de víctimas mortales causadas por legislaciones que ya son restrictivas y que, con estas reformas, se pretenden endurecer más.
Alianza por la Solidaridad recuerda que la situación es extremadamente preocupante en toda Latinoamérica y Caribe, donde se estima que 760.000 mujeres son atendidas cada año por complicaciones por abortos inseguros, dado que, pese a estas legislaciones prohibitivas, es la región con la tasa más alta de interrupciones de embarazo: 32 mujeres de cada 1.000 entre 15 y 44 años han tenido algún aborto a lo largo de su vida.
El caso de Guatemala es muy preocupante porque se ha propuesto implantar una ley que podría suponer penas de entre dos y cuatro años de prisión a las mujeres que sufran abortos espontáneos. Esta normativa no sólo incrementaría las condenas de cárcel que hoy ya existen por interrupción del embarazo, sino que también prohibiría la educación en diversidad sexual.
Alianza recuerda que la ilegalidad no reduce los índices de mortalidad materna sino que genera clandestinidad y criminalización de las mujeres en situaciones más vulnerables. En Guatemala este retroceso se ha planteado como respuesta a una proposición presentada por la diputada Sandra Morán el pasado mes de agosto, con la que se pretendía legalizar en un artículo la interrupción del embarazo para niñas de entre 9 y 14 años cuando fuera resultado de violación, explotación sexual o trata de mujeres. El artículo en cuestión fue retirado finalmente dejando en la indefensión a las menores de edad en un país donde cada día 17 mujeres sufren agresiones sexuales, según datos del último informe del Grupo de Apoyo Mutuo del país. Según sus datos, sólo entre enero y julio fueron violadas 1.450 menores de 14 años.
Alianza recuerda que la ilegalidad no reduce los índices de mortalidad materna sino que genera clandestinidad y criminalización de las mujeres en situaciones más vulnerables
La diputada guatemalteca Sandra Morán señala a Alianza: “Es una problemática terrible que se suma a la de la trata de mujeres, pero aunque no salió adelante al menos ha servido para que se debatiera políticamente sobre una realidad de la que no se habla. No salió adelante en el Congreso aunque en Guatemala mantener relaciones con niñas de entre 9 y 14 años es delito”.
La respuesta ha sido la proposición de una ley aún más represiva y reaccionaria de los conservadores, por la que se podría encarcelar a una mujer que aborte de forma espontánea, algo que ocurre entre el 10% y 15% de los casos (según la edad).
Para Alianza por la Solidaridad endurecer aún más las leyes no sólo supone aumentar la criminalización de las mujeres, sino que dificulta la puesta en marcha de políticas de educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos . En el caso de Guatemala, asimismo, denuncia la inadmisible utilización de la vida de las mujeres y su libertad para decidir sobre su cuerpo con fines políticos por parte del presidente de este país, Jimmy Morales, que en sus discursos se erige como defensor de la vida ‘desde la concepción’ y la familia, tratando de tapar de este modo las denuncias por corrupción que tiene en su contra. Así lo ha hecho esta semana en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde dedicó parte de su discurso a este asunto.
La situación en El Salvador no es mejor, pues tampoco está permitido el aborto en ningún caso, después de que en abril fuera desestimada una reforma para su legalización en tres supuestos. En este país 24 mujeres permanecen encarceladas por haber interrumpido su embarazo con sentencias que van de ocho años hasta de 30 según su ordenamiento. Algunas son encarceladas por abortos espontáneos, en un país donde el 30% de las mujeres embarazadas son menores según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico Ético y Eugenésico salvadoreña. Estas restricciones están vigentes en el Código Penal desde 1998, cuando se reformó uno anterior de 1974 que era más permisivo que el actual: en caso de violación o peligro de malformación del feto se permitía. Es una vuelta atrás que ha conllevado la muerte de miles de mujeres en estos 20 años.
Del mismo modo, en Honduras y Nicaragua está prohibido abortar en cualquier situación, aunque haya peligro para la vida de la madre o del feto y no hay ni siquiera a la vista propuestas legislativas que promuevan un cambio.
Alianza por la Solidaridad trabaja en América Latina en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con diferentes proyectos en Bolivia y apoyo a las iniciativas en toda la región en torno a la mejora del ejercicio de estos derechos fundamentales, incidiendo en la importancia de reforzar el carácter laico de los estados, la despenalización social del aborto y el establecimiento de protocolos claros de actuación que deje de criminalizar a las mujeres.
