La Red Estatal contra el Alquiler de Vientres, la Plataforma “No somos Vasijas”, la Asociación L’Escola AC y Stop Vientres de Alquiler, solicitan al Gobierno de coalición que se notifique por escrito a las clínicas acreditadas para IVI que entre sus funciones no se encuentra realizar labores de promoción o captación de clientes para prácticas que atentan contra los derechos humanos de las mujeres y de los bebés, expresamente prohibidas en la legislación española.
Igualmente, demandan modificaciones legales expuestas en nuestro documento de reivindicaciones “Agenda feminista contra la práctica del alquiler de vientres y la prostitución. Un documento del feminismo ante las elecciones”
El asunto que ha puesto en pie de de guerra a las plataformas contra el alquiler de mujeres, fue publicado el pasado 24 de marzo de 2020 en el medio digital La Lanza. Diario de la Mancha, una noticia con el siguiente titular: “Atrapada en Ucrania de Villarrubia de Ojos con una hija por gestación subrogada”.
En dicho artículo se recoge la siguiente información:
“A través de una ginecóloga del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) se informaron de la gestación subrogada y, en 2018, empezaron el proceso en Ucrania. En 2019 consiguieron el embarazo y el pasado día 8 de marzo nació su hija”.
Las promotoras de la iniciativa, manifiestan que «si dicha afirmación es veraz, debemos entender que una de las mayores clínicas de España dedicadas a la fecundación in vitro, también se dedica a la promoción del alquiler de mujeres para su explotación reproductiva.
una de las mayores clínicas de España dedicadas a la fecundación in vitro, también se dedica a la promoción del alquiler de mujeres para su explotación reproductiva.
Tal y como se desprende de los hechos publicados , entendemos que el Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) podría estar promoviendo una práctica ilegal en España, que es la de la explotación reproductiva de mujeres y la de la alteración de la filiación familiar, y que atenta contra los derechos humanos de las mujeres y los bebés.
Recuerdan en su escrito que el actual Gobierno de Coalición de España en su pacto de gobierno, se ha comprometido a luchar contra estas prácticas por considerarlas una forma de explotación del cuerpo de las mujeres que rompe, además, todo vínculo de filiación con las madres que han gestado y por tanto parido e esos bebes.
El documento “Coalición Progresista. Un nuevo acuerdo para España”, especifica en su punto 7.7.- indicaba que
«Los vientres de alquiler socavan los derechos de las mujeres, especialmente de las más vulnerables, mercantilizando sus cuerpos y sus funciones reproductivas. Y por eso, actuaremos frente a las agencias que ofrecen esta práctica a sabiendas de que está prohibida en nuestro país».
Desde La Red Estatal contra el Alquiler de Vientres (RECAV), la Plataforma “No somos Vasijas”, la Asociación L’Escola AC, y StopVientres de Alquiler, entienden que la actuación “frente a las agencias que ofrecen esta práctica a sabiendas de que está prohibida en nuestro país”, debe ser inmediata y es exigible que ese punto del acuerdo de Gobierno, se desarrolle a través de acciones políticas y normativas con reformas que consideramos urgentes para frenar las prácticas de explotación sexual y reproductiva de las mujeres.
En cuanto a la información publicada, es urgente demandan que el Gobierno curse a la Sociedad Española de Fertilidad y todas las Clínicas acreditadas de IVI, notificación de que al ofrecer en sus consultas la opción del alquiler de mujeres en terceros países, incurren en la promoción y facilitación de una práctica ilegal en España.
Las promotoras consideran que esta notificación «debe hacerse extensiva a bufetes, agencias de viaje, entidades de crédito o financieras y profesionales independientes que colaboren en la difusión de información sobre esta práctica ilegal en España» y apremian al gobierno a la modificación de la Ley para que, dextienda la ilicitud, en territorio español, a cualquier actividad relacionada con la intermediación que facilite el acceso a estas prácticas en terceros países.
demandan que el Gobierno curse a la Sociedad Española de Fertilidad y todas las Clínicas acreditadas de IVI, notificación de que al ofrecer en sus consultas la opción del alquiler de mujeres en terceros países, incurren en la promoción y facilitación de una práctica ilegal en España.
Estas organizaciones, ya presentaron una hoja de ruta a seguir para poner freno a la practica de explotación reproductiva en terceros países por parte de ciudadanos españoles en un documento que hicieron llegar a los partidos durante la dos ultimas convocatorias electorales, en el quye se demandaba la anulación inmediata de la INSTRUCCIÓN DE 5 de octubre de 2010, de la dirección General de los Registros y del Notariado, que han calificado como «el verdadero coladero por el que se inscriben bebés nacidos del alquiler de vientres» y que consideran inscripciones fraudulentas, ya que contradice la Ley de Reproducción Humana Asistida y la sentencia NO controvertida del Tribunal Supremo, (Sala de lo Civil). Sentencia núm. 247/2014 de 6 de febrero, que declara nulos los contratos de vientres de alquiler. En este sentido, también se ha pronunciado en sus memorias, la Fiscalia General.
También se ha interpuesto por parte de una de las entidades que suscribe esta petición (L’ESCOLA AC, Asociación para el desarrollo integral), una denuncia ante la Fiscalía contra seis de agencias de intermediación, establecidas en España, por ser suponer sus prácticas una posible conducta delictiva establecida en el art. 221 del Código Penal.
El comunicado que ha sido compartido a través de una plataforma de recogida de firmas, pretende sumar a más organizaciones a la iniciativa.
