Los vientres de alquiler son una práctica inconcebible en un país que defiende valores democráticos e igualitarios. Esta es la primera premisa que debemos entender.
La democracia no se puede construir sobre una sociedad dividida en ciudadanía y subciudadanía, poniendo a la segunda al servicio de los deseos de la primera. Digo deseos, porque se presupone que en un estado democrático todas sus ciudadanas y ciudadanos, tiene los mismos derechos civiles.
Afirmar que utilizar a una mujer como medio para alcanzar el sueño de maternidad y/o paternidad, de quien sea, es un “servicio” de lo más normal, y pretender que el Estado sea cómplice, de esa aspiración individua, promulgando leyes que garanticen e incluso subvencione, por medio de la sanidad pública, vulnera derechos recogidos en la propia Constitución de 1978 (art 9.2).
Las feministas sabemos que la legislación española, prohíbe el negocio de la vida humana, por mucho que sus partidarias/os, lo nieguen. También sabemos que la filiación viene determinada por el parto. Esto no quiere decir que las madres adoptivas o de acogida no sean madres, sino que, al vincular la filiación al parto, se trata de emendar la injusticia jurídica que sufrieron las madres en el franquismo despojadas de todos sus derechos de ciudadana. Las mujeres en la dictadura, perdieron el ejercicio de la patria potestad de sus hijas/os, que era ejercitada exclusivamente, por los padres (Real Decreto del 24 de julio de 1889 del Código Civil en su artículo 154). Esta normativa, fue recuperada en la dictadura fascista y supuso un gran retroceso en los derechos civiles de las mujeres, luchados y ganados en la II República. Ya no podían divorciarse y pasaban a tener la misma condición que una persona menor de edad.
La ley incluso autorizaba al padre a ejercer la violencia, si fuera necesario, para imponer su autoridad como cabeza de familia (art. 155), e incluso podía dar en adopción a sus propias hijas/os, sin que la madre pudiera negarse. ¿Se imaginan?, porque esto pasaba.
Una legislación que proteja el inexistente derecho de poder contratar el “servicio” de una mujer para que geste y para la “criatura de terceros”, perpetuaría la condición de paridoras a la carta de un sector de la población femenina (que todas sabemos de quien hablo) y cuestionaría la filiación por parto, ya que esta podría desaparecer ante un contrato mercantil. Es decir, un contrato asimétrico y privado tendría más valor jurídico que nuestro ordenamiento legislativo.
Es absolutamente incoherente, antidemocrático y discriminatorio poner en peligro un derecho adquirido por las mujeres en nuestro país, hace tan solo 40 años, para que personas adultas que no han conseguido aprender a gestionar sus propias frustraciones, consigan cumplir sus pretensiones de maternidad/paternidad usando y abusando del cuerpo de una mujer y poniendo en peligro, su salud mental y física .
La propia OMS reconoce que los TRHA que se utilizan para embarazar a estas madres-incubadoras no están exentas de riesgo y son altamente invasivas y peligrosas. Sin embargo, la industria tecno reproductiva y los sanitarios que trabajan y se lucran en ella, parece que olvidaron lo primero que aprendieron cuando pisaron la facultad de medicina: Primum non nocere, primero no hacer daño. Tal vez no lo olvidaron, sino que decidieron seguir la ruta del dinero…
Por lo tanto, la explotación reproductiva y los valores igualitarios y democráticos no caben en la misma frase, ya que, perjudica el bienestar físico y mental de las madres explotadas, vulnera derechos fundamentales reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, despoja de su condición de ciudadanas a las mujeres que se someten a estas prácticas abusivas, convirtiéndolas en parte del instrumental médico. Y por supuesto, conculca derechos de la criatura recién nacida, convirtiéndola en algo regalable o comprable
Esta conclusión me legitima para interpelar y exigir al Presidente del Gobierno de España, Sr. Pedro Sánchez, a la Ministra de Igualdad, Sra. Irene Montero y a la Directora del Instituto de la Mujer, Sra. Beatriz Gimeno, a obrar en consecuencia y promover una legislación que blinde, sin fisuras, los derechos fundamentales de madres y criaturas. Ustedes pueden y deben hacerlo, porque de lo contrario, no representan al pueblo, sino a quienes tiene el poder económico suficiente para imponer sus demandas.
Recuerden, las feministas queremos hechos, no palabras, y si hemos de salir a la calle y exigir (de nuevo) nuestros derechos, saldremos.
¡Que no les quepa duda!
