Todas sabemos del poder que tiene la imagen, su capacidad para vendernos cualquier cosa. Y en un sistema consumista Instagram se ha convertido en la red social por excelencia para vender de todo: complementos, ropa, vidas e ideas.
Quienes defienden la explotación reproductiva de las mujeres empobrecidas, han encontrado en las redes sociales, particularmente en Instagram, grandes aliadas para poder vendernos la idea de que una práctica que a día de hoy es ilegal en nuestro país es una forma como otra cualquiera de acceder a la paternidad. Para ello nos enseñan sus maravillosas familias con niños sonrientes, fotografías cuidadas al mínimo detalle, alegres, con colores muy vivos donde todo son risas y felicidad. Y, por supuesto, mujeres encantadas de gestar para otros.
Dicen, sin la más mínima vergüenza de mentir descaradamente, que quieren una ley garantista que impida que las mujeres sean explotadas -como si los vientres de alquiler no fueran en sí mismos explotación reproductiva-.
Por eso cuando discuto con ellos no me presento como una abolicionista de la gestación subrogada, sino que suelo plantearles una propuesta de ley con tres sencillos puntos. Una propuesta de ley que garantice los derechos de los menores y de las mujeres y que no es nada descabellada. Vamos a ir explicando los términos de nuestra ley y los motivos por los cuales no les interesa algo así:
Primero: la práctica sería totalmente anónima. Tanto las mujeres que quisieran ser gestantes como las familias que quisieran acceder a la paternidad mediante gestación subrogada se apuntarían a una lista que gestionaría nuestro sistema público de salud, que sería el encargado de realizar todo el proceso. No habría absolutamente ningún contacto entre la madre gestante y “la familia de intención” y el esperma utilizado sería de un donante anónimo. Así evitamos que se realicen pagos en negro que podrían en riesgo el altruismo y la generosidad que perseguimos con nuestra ley y que abrirían la puerta a la explotación de mujeres en riesgo de pobreza. Por supuesto de esta manera garantizamos también que la madre gestante tenga plenos poderes sobre su cuerpo durante todo el tiempo que dure el proceso. Ella y solo ella decidirá los pormenores de su embarazo, si quiere seguir adelante en caso de complicaciones o si desea abortar. Y también cómo planificar su parto siempre que sea posible.
Y vaya, empezamos mal, ninguno de los dos puntos les gusta.
No quieren un donante anónimo puesto que lo que desea es un bebé con sus genes, como si la paternidad fuera exclusivamente una cuestión genética. Además, según ellos, las numerosísimas mujeres que quieren ser gestantes ponen la única condición de conocer a las familias para las que gestarían y si fuera de manera anónima no lo harían. Por más que me lo intenten explicar yo puedo entender qué poderosa fuerza es el anonimato que hace que una mujer que desea con toda su alma gestar para otros, deje de hacerlo si el proceso se realiza de manera anónima. Eso habría que estudiarlo detalladamente porque lo mismo hemos dado con una fuerza más poderosa que la gravedad y nosotras aquí sin enterarnos.
En realidad, quienes recurren a esta práctica saben que el anonimato impide que haya dinero de por medio y sin él no habría mujeres que se prestaran a gestar para otros. Y son conscientes de que si se hiciera de forma anónima las mujeres que dicen estar dispuestas a gestar para su prima o su amiga no lo harían. No, porque ciertamente no quieren ser gestantes, lo que entra en juego cuando alguien dice que gestaría para una persona en concreto, alguien a quien quiere, es el componente emocional. O sea que por un lado tenemos a mujeres que no lo harían si no fuera por dinero y por otro a mujeres que, dicen, únicamente lo harían por alguien muy cercano. Así es que, anonimato, no.
Tampoco les gusta eso de que la madre gestante tenga plenos derechos sobre su cuerpo durante el proceso. Es aquí donde podemos ver claramente cómo cualquier ley que amparase a la mujer que gesta, que cubriera sus derechos y la protegiera, chocaría de frente con los supuestos derechos de “la familia intencional”. ¿Por qué? pues porque los vientres de alquiler violan, por sí mismos, los derechos reproductivos de las mujeres. Para que pudiera existir una ley garantista, quienes recurren a la gestación subrogada deberían asumir que no pueden tener el control del cuerpo ni de las decisiones que tomen las mujeres. Y eso no va a pasar.
Segundo: la patria potestad pertenece a la madre gestante durante, al menos, el primer mes y medio de vida del bebé, periodo en el cual ella puede decidir quedarse con el recién nacido. Justo como sucede en los procesos de adopción. Esto no quiere decir que el bebé tenga que permanecer con la madre si ella no lo desea, ni que la familia intencional no tenga derecho a verlo. Durante ese tiempo, si la madre gestante así lo decide, el bebé irá con “la familia intencional” que será supervisada por los servicios sociales hasta que concluya el periodo de reflexión.
Evidentemente tampoco están de acuerdo con este segundo supuesto. Sí, algunos aceptan que haya un periodo de adaptación y como muestra de buena voluntad en ocasiones pueden decidir mantener el contacto con la gestante, incluso incorporarla a la vida del niño o la niña de alguna manera, pero siempre por decisión propia y no por imposición legal.
Tercero: queda prohibido recurrir a otros países para acceder a un vientre de alquiler. Una vez esté regulado bajo estas condiciones en España, cualquier persona o familia que acuda fuera de nuestras fronteras a realizar un proceso de gestación subrogada debe ser penada por la ley. Sé que este punto es jurídicamente el más complicado, porque en la mayoría de los países en los que los vientres de alquiler son legales, el proceso se lleva a cabo con esperma de un miembro de la pareja y cuando el bebé nace es inscrito como hijo biológico de éste. Por lo que al entrar en España con el recién nacido está entrando con un certificado de nacimiento que acredita que él es su padre. Pero estoy segura de que, lo mismo que yo no puedo irme a un país empobrecido a comprarme un órgano, también se podría impedir legalmente que se pueda entrar a este país con un bebé nacido mediante un vientre de alquiler en el extranjero. Se me ocurre que los Servicios Sociales abran un procedimiento como se abre con familias negligentes y que, automáticamente, esos padres pierdan la patria potestad por un delito muy grave de tráfico de seres humanos y ese menor sea dado de adopción de forma urgente a una familia que esté en lista de espera. Por supuesto las familias que recurrieran a esta práctica fuera de nuestras fronteras quedarían inhabilitadas para formar parte de ningún proceso de paternidad.
Y aquí es donde la cosa se acaba por torcer definitivamente. Por los dos primeros puntos pueden pasar, pero jamás aceptarán que se les prohíba viajar fuera de España para realizar un proceso de subrogación. Puesto que saben que en los países donde hay una ley cercana a la que propongo, como Reino Unido o Canadá, no hay prácticamente procesos internos, pero la legalización de los vientres de alquiler abrió la puerta a poder ir al extranjero a por un recién nacido.
Así que realmente quienes defienden los vientres de alquiler son perfectamente conscientes de que una ley altruista en nuestro país no les solucionaría nada, no habría gestantes como para cubrir la demanda. Por eso solo quieren una ley que les permita poder ir fuera de nuestras fronteras para alquilar un cuerpo y satisfacer así sus deseos de paternidad. Aunque eso suponga, como en México, en Camboya o en Ucrania, el sufrimiento de cientos de mujeres y el desamparo legal de cientos de bebés. No importa el precio económico y moral que tenga. Porque quien ha decidido traspasar toda ética no tiene el más mínimo reparo en hacer lo que haya que hacer para lograr su objetivo. Sin importar que este objetivo esté cimentado sobre el dolor de miles de personas.
Por eso esta es la ley que no quieren.
