Organizaciones de mujeres, nacionales e internacionales, han INICIADO ACCIONES para denunciar ante la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, las maniobras de quienes tratan de usar a la ONU para inducir a los Estados a un ficcionado general del sexo registral de las personas.
Entre las acciones se encuentra una misiva a Michelle Bachelet, denunciando las maniobras de Víctor Madrigal-Borloz, uno de los promotores de la iniciativa privada conocida como «los Principios de Yogyakarta» enfocados a ser un instrumento para incidir y redirigir el discurso de Naciones Unidas hacia la doctrina que promueve eliminar el “sexo” como categoría jurídica. Este manifiesto busca el reconocimiento del genero como «una identidad humana» y pretende reenfocar la política de ONU y ONU-Mujeres al despreciar la lucha contra la desigualdad entre los sexos como misión de estas organizaciones y promover su sustitución por los aspectos identitarios, con el consiguiente borrado del sexo como la categoría definitoria de las desigualdades que padecen las mujeres «por ser mujeres».
Las organizaciones de mujeres denuncian el sesgo del documento presentado por Madrigal-Borloz en formato de INSUMO para recoger contribuciones a su informe sobre “Género, orientación sexual e identidad de género” los Estados, los gobiernos regionales y locales, las organizaciones internacionales y regionales, las instituciones nacionales de derechos humanos, los órganos de igualdad, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas
Tras analizar dicho cuestionario, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres en colaboración con otras plataformas y organizaciones detectó una manifiesta voluntad por parte de Madrigal-Borloz de orientar las respuestas con la pretensión de edificar toda una nueva concepción del Derecho sobre la base de categorías tan imprecisas y acientíficas como la ‘identidad de género’, concepto que promueve junto a otros significados lobistas, reunidos en torno a los conocidos como Principios de Yogyakarta
La redacción del cuestionario que ha provocado la reacción de las asociantes de mujeres, parte de la premisa infundada de que existe un derecho a considerar el género como una identidad humana enmarcando dicha aspiración como ‘un derecho de la población LGBT’.
La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres considera que dicha propuesta implica establecer un “Derecho especial” de contenido impreciso que prevalecería, por ejemplo, frente a la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW) o la Convención de los Derechos del Niño. También sobre los ordenamientos constitucionales de los Estados.
En alguna de las preguntas del cuestionario, la formulación sesgada da un paso más para pervertir incluso la redacción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de forma que se ignoren los derechos de las mujeres y las niñas para priorizar los “nuevos” y “especiales” derechos que reclaman algunos colectivos LGTBQ en materia de eliminación de la categoría jurídica “sexo”.
En la carta dirigida a Michelle Bachelet, las organizaciones señalan que, con ese Insumo, lo que está haciendo el Experto Independiente Madrigal-Borloz es manipular y pervertir los Objetivos de Desarrollo Sostenible para introducir falsos enunciados de esos Objetivos. Esa manipulación es una traición a los cometidos que tiene encomendados y desprecia las obligaciones formales adoptadas por los Estados en el marco de la Convención de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de Discriminación de las Mujeres (CEDAW) o la Convención sobre los Derechos del Niño, y tantos otros instrumentos jurídicos internacionales.
Las organizaciones de mujeres señalan a Bachelet que la gravedad de estos hechos “requeriría no sólo la inmediata retirada del llamado a contribuciones por parte de la Alta Comisionada y la urgente evaluación sobre la ética, competencias e intereses a los que responde el trabajo del Experto independiente, Sr. Víctor Madrigal-Borloz, a la hora de impulsar esta convocatoria que tal como está formulada compromete no solamente la credibilidad de la Alta Comisionada de Naciones Unidos para los Derechos Humanos, sino lo que es más importante, la dignidad de todas las mujeres y de la infancia”.
han anunciado que buscaran canales para explicar a Bachelet, a otros dirigentes de organismos internacionales y a los Estados miembro, cuáles son las consecuencias que tiene, particularmente para las mujeres, el reconocimiento de la subjetividad que construye la jerarquía sexual
Los ejemplos señalados en la carta a Bachelet ponen de manifiesto la intencionalidad del informe que, lejos de avanzar en los legítimos derechos de las personas LGTBI, parece perseguir un alineamiento de Naciones Unidas con los postulados y estrategias de quienes pretenden imponer en las legislaciones nacionales e internacionales la noción subjetiva de “identidad de género”, siendo esta incompatible con el concepto “sexo” como categoría jurídica verificable y reconocida y como elemento en que se basa la principal y más extendida de las desigualdades, la basada en la discriminación “por razón de sexo”.
Las asociaciones de mujeres insisten en recordar que Víctor Madrigal-Borloz es uno de los signatarios de los llamados Principios de Yogyakarta, elaborados por los grupos de presión del generismo queer para introducir la doctrina de la autodeterminación del sexo registral en las legislaciones nacionales e internacionales. Dichos Principios, (que son una mera declaración de un grupo de personas independientes y que no son un convenio ni un tratado internacional ni cuentan con reconocimiento de Naciones Unidas), son habitualmente mencionados por cargos públicos del actual Ministerio de Igualdad en su intento de impulsar las leyes de autodeterminación del sexo registral.
Fuentes de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, han anunciado que buscaran canales para explicar a Bachelet, a otros dirigentes de organismos internacionales y a los Estados miembro, cuáles son las consecuencias que tiene, particularmente para las mujeres, el reconocimiento de la subjetividad que construye la jerarquía sexual, como categoría jurídica aceptable, aunque no pueda ser verificable. Igualmente han denunciado que se utilicen las legítimas aspiraciones de igualdad de derechos de las personas LGTBI como parapeto para introducir reformas legales que nada tienen que ver con esas aspiraciones, pero que cuestionan incluso el conocimiento científico de la realidad.
En esa medida, las organizaciones piden la retirada del informe cuyos resultados son previsibles de antemano ya que el formulario está enfocado a conseguir que un documento de Naciones Unidas que asuma pronunciamientos estratégicos perniciosos para las mujeres del mundo.
