El Plan contra la trata de Interior incluye desincentivar la demanda de prostitución

 

Proponen reformar el Código Penal en delitos de corrupción de menores y el proxenetismo o reformar la Ley de testigos

El Ministerio del Interior ha presentado este miércoles su Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023 que tiene entre sus objetivos, según ha explicado el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, mejorar la detección de este delito y la asistencia a las víctimas, así como desincentivar la demanda de prostitución.

Pérez ha informado sobre este Plan a los representantes de los distintos organismos públicos y entidades especializadas de la sociedad civil que participan en las reuniones de seguimiento la Relatoría Nacional Contra la Trata de Seres Humanos, organismo que lidera el Ministerio del Interior.

Para el Secretario de Estado, se trata de un «plan ambicioso que pretende cubrir no solo la lucha contra este delito, sino también la adecuada asistencia y protección a sus víctimas».

De hecho, Interior apunta que su Plan «sitúa a la víctima en el centro de cualquier actuación de los poderes públicos» y «adecúa su atención a las distintas situaciones de vulnerabilidad». También destaca que «aborda de manera adecuada la dimensión de género», «apuesta por un concepto integral de trata que abarque todas las finalidades de este delito» y trabaja en «la demanda de los servicios de las víctimas de la trata de seres humanos».

ABORDAR LA DEMANDA

Sobre este último punto, el documento, recogido por Europa Press, destaca como «acción clave» la sensibilización de «la población en general» y «especialmente a las personas que demandan los servicios por los que las víctimas son explotadas». A su juicio, esto permitiría «en el medio y largo plazo acabar con dicha explotación».

«Lamentablemente la trata y la explotación se alimentan de esa demanda, lo que genera una oferta creciente de los citados servicios», señala el Ministerio en el texto de Plan. «Abordar dicha demanda, en línea con el posicionamiento de la Comisión Europea debe ser una prioridad de los poderes públicos a la hora de ejecutar las medidas contempladas en este Plan», añade el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

En el documento, también se recogen medidas como la reforma del Código Penal en delitos de prostitución y corrupción de menores y en proxenetismo; la mejora de convenios con las ONG que se ocupan de las víctimas; la creación de una Plataforma Nacional que agilice el acceso a los recursos disponibles; una oficina de atención y asistencia; o un fondo económico para la asignación de recursos específicos para la atención especializada.

Además, se llama a crear una Ley contra la Trata, que el Gobierno a anunció este martes que se aprobará este año, y a reformar la Ley de Testigos y Peritos de 1994, para la protección de Testigos en Actuaciones Penales que guarden relación con la delincuencia Organizada.

También proponen la elaboración de un Programa de Protección de Testigos que prevea los mecanismos de ocultación, reubicación y, en supuestos extremos, los cambios de identidad total o parcial del testigo y promover los cambios legislativos necesarios que faciliten
el acceso a la prueba pre constituida para las víctimas que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad por razón de edad, discapacidad, situación administrativa o posición socioeconómica, entre otras.

EL CITCO COORDINÓ LA ELABORACIÓN

Interior destaca que la trata de seres humanos es «una grave violación de los derechos humanos que se ha convertido en una de las actividades criminales más lucrativas a nivel mundial», sólo por detrás del tráfico de drogas y al mismo nivel que el tráfico de armas.

En este sentido, ha indicado que el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) se ha encargado de organizar los trabajos necesarios para su materialización, realizados por un grupo de expertos de los ministerios del Interior; Igualdad; Justicia; Inclusión, Migraciones y Seguridad Social; Trabajo y Economía Social; Derechos Sociales y Agenda 2030; Educación y Formación Profesional, así como del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado.

Del mismo modo, el grupo de trabajo ha contado con la colaboración y aportaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; de la Representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); la Oficina para España de la Organización Internacional del Trabajo; la Organización Internacional para las Migraciones en España, así como la Red Española contra la Trata de Personas, según ha indicado Interior.

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