El martes, 25 de junio, tras el Consejo de Ministros, el gobierno anunció su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional las modificaciones aprobadas por el gobierno de la Comunidad de Madrid (leyes 17/2023 y 18/2023) que incorporan una serie de reformas a la Ley Trans madrileña.
Consideramos que estas reformas a la ley Trans autonómica no sólo no son inconstitucionales, sino que protegen a las y los menores al introducir la obligatoriedad del acompañamiento médico y psicológico.
El ministerio de Igualdad ha señalado que se impugna el asesoramiento psicológico previsto por la ley de Madrid (lo que el gobierno llama impropiamente “terapias de conversión”), la “patologización que se hace de los menores trans,” y el uso de los espacios privados de las mujeres y las niñas.
El Gobierno considera que la modificaciones legislativas realizadas por la Comunidad de Madrid recortan derechos de la infancia. Sin embargo, no es así. La reforma de la ley trans madrileña aumenta la protección de los menores al establecer como requisito necesario recibir apoyo de profesionales de salud mental, a la hora de iniciar un tratamiento médico con consecuencias irreversibles sobre su cuerpo. Esta reforma es garantista, al establecer que se debe contar con un informe favorable del profesional de referencia en el caso de que el menor presente patologías de salud mental que puedan condicionar su voluntad y consentimiento de tratamiento.
Impugna también el gobierno la legislación madrileña aduciendo que “abre las puertas a las terapias de conversión”; pero la ley de Madrid, en el artículo 11, prohíbe expresamente “el uso de terapias aversivas y cualquier otro procedimiento que suponga un intento de anulación de la personalidad o voluntad de la persona transexual”.
No es terapia de conversión acompañar a las, los menores en la toma de decisiones que condicionarán toda su vida. Sí lo es decirles a las niñas que si les gustan los juegos, los deportes, la vestimenta… que los estereotipos sexistas asignan a los niños es porque son trans.
Afirma el gobierno que, en lo que se refiere al uso de los vestuarios en las competiciones deportivas, las reformas propuestas también son inconstitucionales, aunque en el artículo 19 de la ley 17/2023 se modifica el artículo 38 de la Ley Trans mencionando explícitamente que “se protegerá especialmente la práctica del deporte femenino, en todas sus categorías […]. Se deberá garantizar la intimidad e integridad de las deportistas femeninas de cualquier edad y categoría, en todas las instalaciones, incluidos los vestuarios”.
Proteger el deporte de las mujeres y los espacios privados de las niñas y las mujeres no es inconstitucional. Sí lo es desproteger la categoría sexo, protegida por la Constitución y por todos los tratados y convenios internacionales firmados por España.
Finalmente, el mismo gobierno refiere que toma como punto de partida la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del pueblo en este mismo sentido, sobre el que tres asociaciones feministas – Amanda, ContraBorrado y DoFemCo ya hicimos un comunicado de prensa que fue ignorado.
A la vista de todo lo expuesto, desde Amanda, Contra el Borrado de las Mujeres y DoFemCo denunciamos que el gobierno quiera revestir de inconstitucionalidad lo que la propia Constitución Española decreta que es la tarea de los poderes públicos en su artículo 39: “lo poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos”, no sólo en materia económica y jurídica, sino también en materia social, y le instamos a que proteja a la infancia y a la adolescencia derogando la Ley Trans.
