El macro-estudio, encargado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, es un elemento en el que el Gobierno pudiera ampararse para retrasar aún más la ley abolicionista de la prostitución al bajar la ratio de posibles víctimas.
El ministerio de Igualdad hizo público, el pasado octubre de 2024, el ‘Macro-estudio sobre Trata, Explotación Sexual y Prostitución de Mujeres: una aproximación cuantitativa’, en el que se aseguró que la cifra de mujeres en situación de prostitución en España víctimas de trata es de un 24% y no del 90%, que se maneja en consenso hasta ahora. Este dato publicado contradice incluso la cifra que la propia ministra, Ana Redondo, facilitó dos meses antes de la presentación de la publicación, extraída del mismo estudio en un avance del informe donde comunicó que se trataba de un 80% las mujeres prostituidas en condiciones de trata y explotación. Este cambio de criterio refuerza la peligrosa idea de que el 76% de mujeres ejerce de manera voluntaria.
El trabajo estadístico fue encargado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en el mes de junio de 2023 por la entonces delegada, Victoria Rosell, durante el mandato de PODEMOS al frente del ministerio. La adjudicación, con un coste de 100.000 euros, fue retomada y ultimada por el actual equipo del ministerio del PSOE, dando por válidos los parámetros que se iban a utilizar para las conclusiones. El documento pudiera quedar como una orientación para avanzar de manera recortada en derechos o no avanzar en la ley abolicionista de la prostitución que el PSOE no termina de desarrollar y sobre la que se ha comprometido a sacar adelante este otoño.
Desde el inicio del acuerdo de contratación del macro-estudio hasta la propia adjudicación, el encargo comprometía incluir una «Estimación del número de mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual y en situación de prostitución en España», pero la empresa adjudicataria, Indexa Geodata, única presentada a concurso, explica que “no ha sido posible extraer información acerca de la presencia de menores de edad, no porque no las haya sino porque al suponer un delito es algo que se oculta”.
También el sesgo del macro-estudio estriba en que el campo de investigación está basado únicamente en webs de “servicios sexuales presenciales” ignorando el tráfico virtual y las que “no tengan un rastro digital en dichas páginas”, lo que conlleva que la recogida de información parte únicamente de la facilitada por los proxenetas. Inicialmente se seleccionaron 654.000 páginas web. Una vez hecha la “limpieza”, quedaron para el estudio 196.500 páginas. De estas y realizado un segundo “proceso de eliminación de duplicados” aplicando las categorías de riesgo “novedad, disponibilidad, rasgos de personalidad, exotismo, servicios y fotos”, se determina que la cifra total de víctimas de prostitución y en riesgo de trata y explotación sexual es de 114.576 mujeres en España.
Esta muestra total de las 114.576 mujeres arroja que el 80,73% de los anuncios (92.496 mujeres) tienen asociada al menos una variable de riesgo, el 24,23% de los anuncios (27.757 mujeres) tienen asociadas tres o más variables de riesgo, y el 8,52% (9.764 mujeres) contienen cuatro o más variables de riesgo. En su Informe Ejecutivo, la Delegación informa de que con una o dos de estas variables es una “señal débil” para afirmar que las mujeres puedan ser víctimas. De esta forma, considera que para determinar que existe validez se tienen que dar tres o más de estas categorías. Así, la estimación del tamaño de la población de mujeres en situación de prostitución víctimas de explotación sexual en España con tres o más variables queda situada en el 24% del total, hasta 28.000 mujeres, obviando el 80% que se determina con una variable.
La investigación no recoge en ningún momento información y datos provenientes de las víctimas o de quienes intervienen directamente en la lucha contra la trata y prostitución. Las conclusiones de un estudio sesgado que el grupo de Gobierno ha dado por válido podrían retrasar aún más la ley o, incluso, minimizar un problema de violencia extrema para mujeres y niñas. Los anteproyectos presentados ante el Congreso no han salido adelante por presiones de sus socios de Gobierno para una ley que no penalice a puteros y proxenetas o regulacionista de la prostitución.
Los datos no representativos de la muestra, además, incluyen en la variable “sexo” a “mujeres transexuales” en la categoría mujer. En la edad de las víctimas arroja un porcentaje oculto del 31%, esto es, en un tercio de la recogida de datos totales no hay datos, y en “nacionalidad” advierten de que “muchas mujeres son de origen extranjero”, siendo la nacionalidad sin identificar de un 37% de la muestra, quedando la nacionalidad española recogida en un 14%.
