El próximo sábado, 6 de septiembre, decenas de mujeres marcharán por el centro de Madrid ataviadas con el traje que se popularizó en el Cuento de la Criada para expresar su oposición al alquiler de vientres y denunciar los intentos de legalizar la explotación de las capacidades reproductivas de las mujeres.
La acción partirá de la Plaza del Callao a las 12.30 h y finalizará en la Puerta del Sol.
Las organizaciones feministas convocantes denuncian los intentos recurrentes de agencias intermediarias, clínicas con intereses y asociaciones para blanquear una práctica que es violencia contra las mujeres. Así se reconoce en la «Ley Orgánica /2023, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo» y así se describe en el reciente informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas para la violencia contra las mujeres y las niñas.
En dicho informe, la Relatora describe las diferentes formas de violencia física, violencia psicológica, violencia económica y violencia reproductiva que enfrentan las mujeres en esta práctica. “Los arreglos de reproducción subrogada, afirma el informe, pueden equivaler o asemejarse a la esclavitud, ya que ponen a las madres sustitutas en una situación en que se hace uso de todas o alguna de las características del derecho de propiedad con respecto a ellas. Las partes comitentes ejercen este derecho de usus sobre el cuerpo de la mujer exigiéndole que siga un régimen alimentario específico, negándole tratamiento médico u obligándola a que se someta a una “reducción embrionaria” o a un aborto”.
Al analizar el crecimiento exponencial de la demanda, la Relatora señala que progresivamente un mayor número de personas y parejas que no sufren infertilidad, como parejas del mismo sexo, hombres solteros y futuros progenitores que superan la edad reproductiva, optan por el alquiler de vientres.
En España, según el estudio de Ana Trejo Pulido, “durante el periodo 2010-2023, un total de 3.785 bebés fueron adquiridos por ciudadanos españoles mediante contratos de gestación subrogada en el extranjero. El número de bebés comprados a través de esta práctica de explotación reproductiva de mujeres no ha dejado de crecer en los últimos catorce años, pasando de 32 bebés comprados en 2010 a 269 en 2023”.
Las organizaciones feministas califican de permisiva la postura del Estado que, al no utilizar resortes suficientes, tolera de facto el crecimiento sostenido de esta práctica en nuestro país.
Denuncian, así mismo, el discurso que pretende convertir el deseo de ser padres en un derecho cuando, señalan las feministas, estamos ante un negocio que generó 17.900 millones de dólares en 2023, según el estudio «The Global Surrogacy Market Report”.
Finalmente, las organizaciones que convocan la acción demandan la aplicación del Código Penal a quien recurra a los vientres de alquiler en cualquiera de sus modalidades, tanto la comercial como la mal llamada altruista. Y, en línea con la Relatora de Naciones Unidas, exigen la erradicación a escala internacional de la explotación de las capacidades reproductivas de las mujeres.
4 de septiembre de 2025.
