Entidades de Australia, Canadá, Corea del Sur, Nigeria y Reino Unido trasladan a diputados y senadores la experiencia de distintos modelos legales y advierten de que la regulación no garantiza la protección de las mujeres.
Organizaciones de mujeres de Australia, Canadá, Corea del Sur, Nigeria y Reino Unido han dirigido sendas cartas abiertas a la Cámara de Diputados y al Senado de Chile para pedir que el país opte por la prohibición de la gestación subrogada frente a las propuestas que plantean regular su modalidad denominada «altruista».
La iniciativa ha sido coordinada por la Coalición Internacional para la Abolición de la Maternidad Subrogada (CIAMS) y trasladada al Congreso chileno por WDI Chile.
Las cartas se producen mientras en Chile se debaten dos planteamientos diferentes: un proyecto que propone prohibir la gestación subrogada sin distinguir entre modalidades y otra iniciativa, examinada en el Senado, que permitiría y regularía la denominada gestación subrogada «altruista».
Las organizaciones firmantes aportan la experiencia de cinco países con respuestas jurídicas distintas. Australia permite y regula la modalidad «altruista»; Reino Unido dispone de uno de los sistemas regulatorios más antiguos; Canadá prohíbe el pago pero permite determinados reembolsos; Corea del Sur mantiene el principio jurídico de que la maternidad se determina por el parto y considera nulos estos contratos; y Nigeria carece de una regulación específica.
Las entidades exponen diversos casos en los que, pese a la existencia de normas, contratos o controles, las mujeres que habían gestado quedaron sin una protección efectiva cuando surgieron conflictos.
Entre ellos se encuentran los casos de dos mujeres australianas que gestaron para una amiga y una familiar y que llevan alrededor de diez años sin ver a los niños que dieron a luz; el de una mujer canadiense que no consiguió reclamar judicialmente gastos de embarazo pendientes porque su contrato imponía un arbitraje; o las dificultades denunciadas por mujeres nigerianas para reclamar por problemas de salud derivados de los embarazos.
Las organizaciones sostienen que estas experiencias cuestionan la posibilidad de resolver los problemas asociados a la gestación subrogada mediante una regulación más estricta.
«Tanto si se paga a la mujer como si no, tanto si la agencia está autorizada como si es clandestina, tanto si el país cuenta con una ley como si carece de ella», señalan, el elemento común es que, después del nacimiento y la entrega del niño o la niña, la mujer que ha dado a luz queda en una posición de especial vulnerabilidad.
Por ello consideran que no se trata de deficiencias que puedan solventarse introduciendo nuevas salvaguardias, sino de una consecuencia de la propia estructura del acuerdo, y reclaman a los legisladores chilenos que mantengan la vía de la prohibición frente a la regulación.
Las cartas están firmadas por representantes de FINRRAGE y ABSA, de Australia; SOS-GPA, de Canadá; Women’s Right Plus of Korea, de Corea del Sur; Naija Feminists Media, de Nigeria, y Stop Surrogacy Now UK, del Reino Unido.
La CIAMS reúne a sesenta organizaciones de veinte países y cuenta con estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas
