Reclaman la derogación de la ley trans que permite a un asesino múltiple ingresar en una cárcel de mujeres y advierten de un centenar de casos documentados que afectan a los derechos de las mujeres.
Madrid, 5 de abril de 2026. Feministas agrupadas en la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres han exigido la derogación de la legislación vigente en materia de autodeterminación registral del sexo, tras conocerse el traslado de un hombre condenado a 127 años de prisión por el asesinato de once ancianos (9 mujeres) a un módulo de mujeres, después de iniciar un proceso de cambio registral.
Las feministas han manifestado su “más absoluta indignación y alarma” ante este caso, que enmarcan como una consecuencia directa de la normativa actual. La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ha documentado ya varios casos de internos que, tras solicitar el cambio registral de sexo, han sido trasladados a módulos femeninos.
En una nota informativa remitida a medios, las feministas subrayan que el sistema penitenciario constituye un espacio de especial vulnerabilidad, donde las mujeres dependen exclusivamente del Estado para garantizar su seguridad, integridad física e intimidad. En este contexto, consideran que la entrada de varones en módulos femeninos, especialmente en casos de condenas por delitos graves, supone una quiebra de la obligación de protección y del principio de seguridad en espacios segregados por sexo.
Asimismo, denuncian la falta de transparencia del Ministerio del Interior en relación con el destino de los presos que se declaran trans, señalando que esta ausencia de información impide conocer el alcance real de la aplicación de la ley.
La Alianza sostiene que la actual regulación, basada en la autodeterminación registral del sexo, ha introducido un mecanismo sin garantías suficientes, al no exigir requisitos ni controles que permitan evaluar su impacto sobre terceros. Según exponen, este diseño legal elimina mecanismos de cautela, impide valorar situaciones de riesgo y genera conflictos con derechos fundamentales de las mujeres.
Las feministas recuerdan que ya advirtieron durante la tramitación de la ley de las consecuencias que ahora se están produciendo. En este sentido, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ha documentado más de un centenar de casos en distintos ámbitos —como el penitenciario, los espacios segregados, el acceso a oposiciones o la custodia de menores— en los que la aplicación de la normativa ha generado conflictos y perjuicios para las mujeres.
Las feministas interpelan directamente al presidente del Gobierno para que asuma responsabilidad política por la aprobación y mantenimiento de esta legislación, subrayando que los casos registrados evidencian una problemática real que afecta a la seguridad de las mujeres.
Finalmente, las feministas exigen la derogación inmediata de la normativa vigente en materia de autodeterminación registral del sexo, la revisión urgente de los protocolos penitenciarios y la garantía de que los módulos de mujeres funcionen como espacios seguros basados en la segregación por sexo. Asimismo, reclaman la adopción de criterios que prioricen la seguridad y los derechos de las mujeres, especialmente en contextos de especial vulnerabilidad como el sistema penitenciario.
Las feministas concluyen que la protección de las mujeres en espacios bajo custodia estatal es una obligación básica que no puede ser comprometida, y reiteran su exigencia de una rectificación inmediata de la legislación vigente.
