Chile podría convertirse en uno de los países con la legislación más contundente del mundo contra el alquiler de vientres. Un proyecto de ley actualmente en tramitación propone la prohibición absoluta de cualquier modalidad de maternidad subrogada —ya sea comercial o presentada como «altruista»— y establece un amplio catálogo de delitos dirigido contra quienes promuevan, organicen, intermedien o participen profesionalmente en esta industria.
La iniciativa parte de una premisa clara: la capacidad reproductiva de las mujeres no puede convertirse en objeto de contratación ni los niños en el resultado de un acuerdo privado. Por ello, declara nulos de pleno derecho todos los contratos de gestación por sustitución y establece que la maternidad queda determinada por el parto, impidiendo que pueda renunciarse contractualmente a la filiación materna.
Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es que desplaza completamente el foco penal hacia quienes hacen posible el negocio. La propuesta castiga con penas de prisión y elevadas multas a los intermediarios, agencias, organizadores, anunciantes, centros que comercialicen estos servicios y profesionales sanitarios que intervengan en procedimientos destinados a una maternidad subrogada. Las penas se agravan cuando existe ánimo de lucro o cuando se aprovecha la situación de vulnerabilidad de las mujeres para captar gestantes.
El texto también incorpora la maternidad subrogada al ámbito de los delitos relacionados con la trata y la venta de niños, reforzando la idea de que el legislador considera estas prácticas como una forma de explotación incompatible con la dignidad humana.
Resulta especialmente significativo que el proyecto no dirija la respuesta penal contra la mujer gestante. Las figuras delictivas se centran en quienes promueven, facilitan, organizan o explotan económicamente el proceso, reflejando una concepción que sitúa a las mujeres embarazadas como personas cuya vulnerabilidad debe ser protegida frente a una industria reproductiva, y no como el objetivo principal de la sanción penal.
Además de las reformas penales y civiles, el proyecto introduce modificaciones en la legislación sanitaria para impedir que los establecimientos de salud promuevan o gestionen estos procedimientos y establece limitaciones en materia de adopción para quienes hayan recurrido a contratos de maternidad subrogada celebrados tras la entrada en vigor de la ley.
La exposición de motivos sostiene que la maternidad subrogada constituye una forma de mercantilización del cuerpo de las mujeres y de los niños, invoca informes de Naciones Unidas y otros organismos internacionales y rechaza expresamente la idea de que exista un supuesto «derecho a tener un hijo». Frente a ello, el proyecto sitúa en el centro la protección de la dignidad de las mujeres, el interés superior del menor y la necesidad de poner fin a lo que sus promotores consideran una nueva forma de explotación reproductiva de las mujeres.
De aprobarse en sus actuales términos, Chile pasaría a contar con una de las legislaciones más restrictivas del mundo en esta materia, apostando por un modelo abolicionista que no regula el alquiler de vientres, sino que pretende desmantelar toda la estructura económica, sanitaria y jurídica que lo hace posible.
