Que el estadio del Real Betis Balompié jalee con cánticos una agresión machista implica un gesto social de tolerancia hacia un tipo de violencia muy extendida y que cuesta la vida, en España, a decenas de mujeres cada año.
Este tipo de actitud refuerza al violento y promueve la tolerancia social hacia este tipo de delitos. Supone, por otro lado, la minimización del problema, la estigmatización de la víctima y la justificación y normalización de las agresiones.
Todo ello alienta la impunidad, es decir la no sanción ante el incumplimiento de una norma social que indica que “agredir a las mujeres, es un delito”.
Pero, esos gritos proferidos en el campo de futbol pueden verse agravados si no se denuncia y se percibe la indiferencia de las autoridades. Allí se produjo un linchamiento a la víctima que debería generar una alerta sobre el nivel de tolerancia social al sexismo hostil y los delitos por razón de género.
En España, existen antecedentes de espectadores profiriendo insultos racistas a jugadores negros que supusieron críticas, condenas generalizadas y multas de la FIFA a la Federación Española de Futbol.
Es preciso que la legislación castigue la apología machista y que la Fiscalía actúe. Es preciso reclamar al Club afectado que se pronuncie, a la Real Federación Española de Fútbol y al Consejo Superior de Deportes mayor contundencia, al igual que lo hacen frente a cánticos anti-semitas o eslóganes y símbolos racistas, frente a quienes fomentan, promueven e incitan agresiones -en este caso de manera directa- contra una persona «por razones de género».
En toda Europa los conatos de xenofobia en las gradas fueron acometidos con rapidez por los organismos gubernamentales y los propios clubs. El Observatorio contra el Racismo y la Violencia en el Deporte demandó que los clubs deportivos “asuman liderazgo ético y moral a nivel social”, lo que derivó en medidas para la sensibilización social y para prevenir actos y actitudes racistas en el deporte.
Sorprende también el silencio inaceptable de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género, de la secretaría de Estado, la señora Camarero, y de los ministros Wert y Alonso, todos ellos en un compromiso de bajo tono. Mal vamos cuando se menosprecia la importancia de que sean los responsables de las administraciones los primeros en asumir ese liderazgo ético y moral frente a la violencia machista.
Desde la oposición nos cabe la condena, la demanda de actuaciones contundentes y la sugerencia de que el Observatorio encargado de analizar la Violencia en el Deporte incorpore también en su composición a organizaciones y personas de reconocida competencia en la lucha contra el sexismo.
