El Ministerio de Igualdad ha decidido que las subvenciones destinadas a ofrecer alternativas a las mujeres en situación de prostitución financien proyectos que trabajen para que puedan salir de ella. Parece obvio. Pero no siempre la política ha sido capaz de hacer coincidir lo que proclama con aquello que financia. Esta vez, por fin, se actúa de manera coherente.
Hay decisiones políticas que adquieren importancia precisamente porque convierten las declaraciones en hechos. Esta es una de ellas.
El pasado 1 de septiembre, el Boletín Oficial del Estado publicó la Orden IGD/911/2026, de 26 de agosto, que establece las nuevas bases reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar planes de atención integral e inserción sociolaboral de personas en situación de prostitución.
La línea está incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Igualdad para 2026. Su finalidad es concreta: financiar los apoyos que permitan a las mujeres salir de la prostitución y superar las condiciones de vulnerabilidad, dependencia o explotación que dificultan esa salida, mediante atención psicológica, acompañamiento social, asistencia jurídica, formación, inserción laboral y, cuando resulte necesario, apoyo en los procesos de regularización administrativa
.Hasta aquí podría parecer una convocatoria más
.No lo es.
La novedad políticamente relevante aparece entre los requisitos exigidos a las entidades. El artículo 3.f) establece que el Plan de Atención Integral deberá considerar la prostitución una forma de violencia estructural contra las mujeres y promover cambios culturales y alternativas sociales que permitan salir del sistema prostitucional.
Ahí está el alcance de la decisión.
El Ministerio no se limita a declarar que quiere combatir la explotación sexual de mujeres y niñas. Establece que los recursos destinados a hacerlo deberán financiar proyectos orientados precisamente en esa dirección.
Por fin se actúa de manera coherente.
Durante demasiado tiempo hemos asistido a una política capaz de proclamar una cosa y financiar simultáneamente su contraria. Se elaboraban estrategias contra la explotación sexual mientras, por otra ventanilla administrativa, se mantenia abierta la posibilidad de que reciban recursos públicos quienes trabajan políticamente para normalizar aquello que esas mismas estrategias pretenden combatir.
Eso no es pluralismo.
Es incoherencia.
Una subvención pública no es un premio que deba repartirse entre todas las posiciones existentes sobre una cuestión. Es un instrumento de política pública.
Y si una Administración crea una partida destinada a facilitar que las mujeres puedan abandonar la prostitución, resulta perfectamente razonable que exija que los proyectos financiados trabajen precisamente para hacer posible esa salida.
La Orden Ministerial no prohíbe a nadie defender la legalización de la prostitución. No impide constituir organizaciones, publicar manifiestos, desarrollar campañas o sostener públicamente que debe ser reconocida como una actividad económica.
Ese debate continúa siendo libre.
Lo que establece es algo bastante distinto: el dinero destinado a construir alternativas a la prostitución debe financiar alternativas a la prostitución.
Parece una obviedad.
Pero conviene escribirla.
Porque sería difícil explicar que los fondos públicos destinados a ofrecer a una mujer una salida de la prostitución pudieran acabar financiando proyectos que buscan convertir en profesión una practica social no deseable.
Y conviene, además, no perder de vista de qué estamos hablando.
La prostitución no es una abstracción académica. Es una realidad en la que mayoritariamente hombres pagan por acceder sexualmente al cuerpo de mujeres; una realidad atravesada por la desigualdad económica, la vulnerabilidad, el proxenetismo, la trata y el beneficio que terceros obtienen de la explotación sexual ajena.
Las palabras importan porque pueden iluminar una realidad o disimularla.
Y detrás de las formulaciones más amables siguen estando los prostituidores, los proxenetas, las redes, las deudas, la precariedad y las mujeres sobre cuyos cuerpos se sostiene un mercado extraordinariamente rentable.
Por eso la cuestión de la financiación pública no es menor.
Existe también una cuestión de coherencia institucional.
España está vinculada por el artículo 6 de la CEDAW, que obliga a los Estados a adoptar medidas para suprimir la trata de mujeres y la explotación de la prostitución de la mujer. La Recomendación General núm. 38 del Comité CEDAW desarrolla esas obligaciones en relación con la trata de mujeres y niñas. La propia orden recuerda asimismo el Convenio de Naciones Unidas para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, de 1949.
En Europa el movimiento es también significativo. La Resolución del Parlamento Europeo de 14 de septiembre de 2023 sobre la regulación de la prostitución en la Unión establece la relación entre prostitución, demanda y trata, reclama políticas que faciliten la salida de las mujeres y cuestiona los resultados obtenidos por los modelos de legalización.
Y la Directiva (UE) 2024/1712, que reforma la normativa europea contra la trata, refuerza las políticas dirigidas a reducir la demanda e incorpora nuevas obligaciones de actuación.
Va ganando respaldo en todo el arco político un enfoque que pone el acento en la reducción de la demanda, la lucha contra la explotación y la creación de alternativas para las mujeres.
No hay, por tanto, ninguna extravagancia en que el Ministerio de Igualdad decida orientar sus propios recursos conforme a la política que afirma defender.
Más bien habría que preguntarse por qué nos habian acostumbrado a lo contrario.
Si el objetivo político es reducir la explotación sexual; si se reconoce la estrecha relación entre prostitución, trata y desigualdad entre mujeres y hombres; si se crean programas destinados a que las mujeres puedan abandonar ese circuito; y si España pretende avanzar hacia el abolicionismo, la política presupuestaria tiene que acompañar a la política declarativa.
No se avanza hacia la abolición únicamente pronunciando la palabra abolición.
Esta medida introduce un principio elemental: el Estado no está obligado a financiar con los recursos destinados a combatir una realidad socialmente dañina los proyectos destinados a legitimarla.
