Madrid, 03 febrero. 15. AmecoPress. Una de las medidas contempladas en el anteproyecto de ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental impulsado desde el Ministerio de Justicia es permitir que los jueces y juezas puedan conceder un régimen de visitas a un progenitor condenado por sentencia firme por violencia de género. Además, impone la custodia compartida incluso en los casos donde no existe un acuerdo entre los padres y madres y ninguna parte lo ha solicitado. Organizaciones de mujeres y de derechos humanos han manifestado su más absoluto rechazo a una normativa cuya aplicación va en contra de las mujeres y de sus hijos e hijas y que además, incumple las recomendaciones de la ONU.

A la hija de Ángela González Carreño la asesinó su padre maltratador porque el sistema de justicia consideró que la niña iba a tener un desarrollo más pleno si estaba en contacto sin supervisión con su padre. Su caso fue llevado a los tribunales internacionales. Finalmente, el Comité CEDAW condenó al estado español y le solicitó que tomara medidas adecuadas para que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta a la hora de otorgar los regímenes de visita, para no poner en peligro la vida de los niños y las niñas, que reforzara la aplicación del marco legal para que las autoridades competentes respondan adecuadamente contra la violencia machista y que formara al poder judicial para luchar contra los estereotipos de género y sobre violencia contra las mujeres.

“A 181 días de la histórica condena al estado español por parte del Comité CEDAW, el Ministerio de Justicia no sólo no se ha pronunciado públicamente sobre esta condena sino que además hace caso omiso a sus recomendaciones con anteproyectos de ley como éste”, denuncia Gema Fernández, abogada de Women’s Link y representante de Ángela González Carreño, refiriéndose al anteproyecto de ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental.

En contra de las recomendaciones de Naciones Unidas

No es la única organización que ha advertido del «enorme riesgo» que supone que el anteproyecto contemple la concesión «excepcional» por parte del juez o la jueza, «si lo considera conveniente», de un régimen de visitas. Una posibilidad que pone en peligro la integridad física y psíquica de las y los menores.

Las expertas recuerdan que en muchas ocasiones los agresores ejercen la violencia contra las mujeres a través de sus hijas e hijos, ya que pueden servir de instrumento de daño hacia la madre, por lo que se convierten en víctimas directas. En este sentido, el momento de la denuncia o del inicio del proceso de separación es especialmente peligroso no sólo para la mujer víctima, sino también para las víctimas menores.

En el año 2014 tres niños fueron asesinados por su padre y 40 quedaron huérfanos de madre por violencia de género. Es por eso que la existencia de antecedentes de violencia debe ser un criterio central a la hora de determinar los derechos de visita de los maltratadores.

“Esos estereotipos son los que terminaron con la vida de Andrea y son los que provocan que no se proteja de una manera efectiva a las mujeres y a sus hijos e hijas. Por estos motivos hay que tener mucho cuidado con las leyes que promulga el gobierno, y debemos asegurarnos que éstas protegen la vida de las mujeres y sus hijos e hijas y no siguen aumentando las estadísticas de mujeres y menores asesinados”, señala Fernández.

Vulnera los derechos de las y los menores

“El proyecto del Gobierno es peligroso porque abre la puerta a la custodia compartida con los maltratadores”, alertó la portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista, Carmen Montón. “El modelo que pretende el Gobierno, una custodia compartida impuesta en la que cual también caben los maltratadores, es peligrosa y pone en riesgo la vida de los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género”, advirtió la responsable socialista.

También distintas asociaciones de mujeres como la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Federación de Mujeres Progresistas, Fundación Mujeres o Themis, manifestaron su rechazo hacia el anteproyecto en una rueda de prensa celebrada el pasado viernes. Denunciaron que la normativa “no va a proporcionar soluciones, sino más bien aumentar los conflictos y dificultades que puedan derivarse para la ciudadanía que demande la separación, la nulidad o el divorcio”.

En este sentido, señalaron que se aborda la regulación de la custodia compartida como si la actual legislación la prohibiera, “cuando esto no es cierto”, y añadieron que “más del 20 por ciento de las custodias de los divorcios de mutuo acuerdo son compartidas”. Además, criticaron la posibilidad de que el juez imponga la custodia compartida “incluso cuando no hay acuerdo”. Asimismo, afirmaron que son “particularmente graves” las excepciones recogidas en el articulado para casos de violencia de género. También mostraron su preocupación por la competencia de los notarios en materia de separación matrimonial.

Desde la asociación de Mujeres Juristas Themis se advierte que el articulado vulnera “los derechos de los menores”. La organización siempre ha considerado que dar «discreccionalidad» al juez o jueza en los casos de separación o divorcio, lejos de proteger los y las menores, incrementa su vulnerabilidad porque culminar la carrera judicial no es sinónimo de tener la sensibilidad mínima para discernir qué es lo que conviene al interés superior del niño o la niña.

El peligro de la imposición

Las organizaciones feministas aclaran que nunca han pretendido la custodia en exclusiva para las mujeres, sino que piden que en ningún caso se pueda imponer la custodia compartida si no es por voluntad y mutuo acuerdo de las partes. El nivel de petición de la custodia por los padres es muy bajo tanto en separaciones de mutuo acuerdo como en procedimientos contenciosos. Por tanto, no es cierto que se esté denegando sistemáticamente la custodia a los hombres, simplemente no se concede lo que no se pide. En total, la petición de custodia por parte de varones apenas si alcanza un 9 por ciento.

Existe un problema económico de fondo relacionado con el divorcio que afecta tanto al uso de la vivienda familiar como a la fiscalidad tras la ruptura matrimonial. Quienes proponen la custodia compartida por imposición judicial, en cierta medida, buscan poder ahorrarse gastos de vivienda habitual, disminuir la cuantía de las pensiones de alimento y poder beneficiarse de las deducciones fiscales relacionadas con las responsabilidades familiares, más que el bienestar de los y las menores.

Personas expertas y feministas insisten en defender esta opción -la custodia compartida de mutuo acuerdo-, como el mejor régimen de convivencia que puede establecerse para hijos e hijas y también para padres y madres. Efectivamente, en un contexto igualitario, la custodia compartida es sin duda el modelo ideal tras una separación o divorcio, el que mejor refleja y respeta esa igualdad de partida y, con ella, el interés de las y los menores que la tienen integrada en sus códigos afectivos y de convivencia. Los problemas comienzan cuando la igualdad no ha presidido dichos códigos antes de la separación y pretende irrumpir en momentos de crisis.

“No queremos desde el PSOE una custodia impuesta, queremos una custodia dialogada, queremos el acuerdo, queremos una custodia en positivo”, subraya Montón, recordando que “sabemos que un maltratador no es un buen padre, por lo tanto defendemos que los maltratadores no tengan ni custodias, ni visitas de los hijos”.

Durante la rueda de prensa del viernes, las portavoces de las asociaciones de mujeres explicaron que el 16 de enero recibieron el borrador del anteproyecto y el pasado 27 de enero presentaron sus recomendaciones ante el Ministerio de Justicia, porque “las razones de su propuesta no tienen base”. Para concluir, señalaron que 49 asociaciones de mujeres han firmado una petición para la retirada de esta ley.

El anteproyecto, que fue presentado en julio de 2013 en el Consejo de Ministros, ya incluía que los jueces «de manera excepcional» pudieran fijar un «régimen de estancia, relación y comunicación» a un maltratador si así lo consideraran «atendiendo a otros factores, el interés superior del menor, a la naturaleza y la gravedad del delito, o a la duración de la pena fijada». Ahora, según el borrador del Ministerio de Justicia, se propone introducir la necesidad de un forme previo del equipo técnico judicial.