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Ángela Gónzalez Carreño era víctima de violencia de género y huyó de su domicilio llevando consigo a su hija Andrea. La situación de violencia se mantuvo y durante años Ángela buscó protección para ella y su hija ante las autoridades, solicitando, entre otras medidas, que el régimen de visitas de su hija con el maltratador fuera vigilado. A pesar de las más de 30 denuncias presentadas, los tribunales permitieron que el régimen de visitas de la niña con el agresor fuera sin vigilancia. Como consecuencia de la actuación negligente de las autoridades, Andrea fue asesinada por el maltratador en el año 2003, cuando tenía siete años, durante una de las visitas.El pasado mes de julio 2014 el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) emitió en julio su Dictamen sobre el caso de Ángela González Carreño, condenando a España por vulnerar los derechos de Ángela y de su hija Andrea. En su decisión, el Comité dicta medidas concretas de reparación en cuanto a Ángela y medidas de carácter general y estructural, para que casos como el suyo no vuelvan a repetirse.
Desde entonces, el Ministerio de Justicia no ha contactado con Ángela o con sus representantes de Women´s Link ni ha informado a la sociedad española de las medidas que va a adoptar para implementar el Dictamen.
Por eso, Women´s Link ha iniciado una recogida de apoyos para solicitar al Ministerio de Justicia que adopte medidas efectivas y apropiadas para dar cumplimiento a las recomendaciones del Comité, para que casos como el de Ángela y Andrea no vuelvan a ocurrir.
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