A través de comunicado, la FADSP ha manifestado que el debate del alquiler de vientres «no debe abordarse exclusivamente desde los deseos individuales de paternidad/maternidad» y que «deben contemplarse sus aspectos bioéticos y su incidencia sobre la desigualdad económica y de género»
Para la Federación, «ambos factores determinantes de las desigualdades sociales en salud» y se posiciona «desde el concepto de salud integral que acuñó la OMS» contra la idea de que la maternidad pueda entenderse «como una mera técnica de reproducción, ni desligarse de sus aspectos biopsicosociales.
Cuando el embarazo no responde a los propios deseos de maternidad, sino que está forzado para satisfacer el deseo de otr@s, y/o condicionado por su situación socioeconómica, se está reforzando la desigualdad de género al situar su cuerpo a disposición de los demás.
Las políticas públicas deben ser garantes de los derechos, no de los deseos individuales,
Para la FADSP «Los derechos sexuales y reproductivos fueron reconocidos por la Conferencia de El Cairo de Naciones Unidas como pare integrante de los derechos humanos, lo que incluye el derecho a decidir sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coacción o violencia de ningún tipo. Poner el cuerpo de las mujeres como cualquier otro producto a disposición del mercado capitalista, afecta a los DDHH de las mujeres y lesiona gravemente su autonomía y la capacidad de control sobe el propio cuerpo, cuando su salud se pone al servicio de otros. Los derechos humanos no pueden ser materia de compraventa, sino que su desarrollo se basa en la exigencia de condiciones dignas para su ejercicio».
Indican también que «existe un mercado internacional que presiona por su regulación, que se alimenta de la pobreza de las mujeres de países pobres como Tailandia o la India, donde se gestiona el grueso del mercado de los vientres de alquiler. Por ello, de regularse afectaría gravemente a las mujeres en situación más vulnerable».
Lo que prevalece es el contrato
Sin duda son muy respetables los deseos de ser padres o madres, pero también lo son los derechos de las mujeres gestantes y los derechos de l@s menores. Las garantías que se establecen sobre estos en los procesos de adopción, (a conocer sus orígenes, o a la idoneidad de los futuros padres o madres), no están presentes en la práctica de los vientres de alquiler. Lo que prevalece es el contrato, donde se establece la renuncia expresa (y la indemnización por incumplimiento) de las madres a todo derecho sobre sus hijos.
Cabe recordar que existen otras opciones como la adopción de niños y niñas tanto en nuestro país como a nivel internacional. Los menores son personas con sus derechos, no son propiedad de los padres/madres, y por eso es éticamente cuestionable el modelo de hijos a la carta que plantea la práctica de los vientres de alquiler.
Conviene señalar que la responsabilidad de legislar en materia de salud debe responder a las necesidades de salud de la población y no a deseos individuales, ni mucho menos responder a las presiones de un sector que ve un nicho de negocio en la capacidad reproductiva de las mujeres. Las políticas públicas deben ser garantes de los derechos, no de los deseos individuales, sobre todo si estos no respetan los derechos de las personas social y económicamente más vulnerables.
