- Los datos del paro registrado del mes de mayo – similares a los de 2015 en desempleo y peores en afiliación a la Seguridad Social – muestran la fragilidad de la recuperación y la enorme dependencia de la economía española de las actividades turísticas, estacionales y de temporada. Igualmente preocupante es que el empleo que se crea es precario, más de 95 de cada 100 contratos firmados son temporales o por horas.
Solo el 4,7% de los contratos firmados en mayo son de carácter indefinido y a tiempo completo, una cifra que pone de manifiesto la enorme precariedad de nuestro mercado de trabajo. Según advierte CCOO, en mayo de 2016, solo el 48,5% de las personas asalariadas tienen un contrato indefinido a tiempo completo, mientras que el 51,5 % restante sufre algún tipo de precariedad, bien sea por tener un contrato temporal o una jornada parcial no deseada.
En lo referente a la protección por desempleo, continúa su deterioro – la tasa de cobertura está en su mínimo histórico –, tanto de la cantidad como de la calidad: cada vez son menos las personas desempleadas que cobran prestaciones y cada mes que pasa la prestación es más baja. El gasto en prestaciones por desempleo cae un 10 % respecto al mismo mes del año anterior”, un recorte que, señala CCOO, “tiene su origen en un sistema que no estaba preparado para una crisis tan larga y tan dura y a los recortes impuestos por el Gobierno, que en lugar de adaptarlo a esta situación lo debilitó todavía más”.
En España hay 1.947.033 personas paradas que están excluidas del sistema de protección por desempleo con los datos de SEPE, una cifra que se eleva hasta las 3.807.696 con datos de la EPA, un altísimo nivel de desprotección que genera pobreza y exclusión y que debe ser combatido, entre otras medidas, implantando una renta mínima en el conjunto del estado.
Para CCOO, recuperar los niveles de protección a las personas desempleadas tiene que ser una de las prioridades del nuevo gobierno que salga de las elecciones del 26J, así como el impulso de una política presupuestaria que fomente el cambio estructural del aparato productivo, que promueva el uso eficiente de los recursos públicos en todos los niveles de la Administración y que ayude a recuperar la demanda interna. “El objetivo debe ser sacar la economía española de su patrón tradicional de crecimiento de bajo valor añadido, sin industria, empleo inestable y salarios bajos. Para ello hace falta aumentar suficientemente la inversión pública y reorientarla hacia la mejora de la calidad y el contenido tecnológico de las empresas, con una mayor presencia de las actividades industriales y de los servicios con mayor valor añadido. La injusta rebaja de impuestos promovida por el Gobierno no persigue este fin, sino el rédito político a corto plazo”.
