Un análisis de encuentros y desencuentros entre partidos sobre educación, de cara al próximo gobierno.
A lo largo de la etapa democrática que inaugura la actual Constitución Española se han producido varios intentos de búsqueda de un pacto por la Educación.
El primero que se elaboró con una cierta solidez, promovido desde la sociedad civil en 1997, fue “La Declaración conjunta a favor de la Educación” que no llegó a debatirse en el Congreso de los Diputados como se pretendía.
La siguiente iniciativa se desarrolló en 2004, impulsada por los sindicatos docentes, en el seno del Consejo Escolar del Estado, pero no llegó a feliz término por la falta de apoyo de alguna de las organizaciones de padres y madres de alumnos representadas en dicho Consejo.
Y, por último, el Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, en 2009, estuvo a punto de lograr el llamado “Pacto social y político por la Educación” con un presupuesto de 1500 millones y más de 150 medidas acordadas con los diferentes representantes de la comunidad educativa y de los partidos políticos con representación parlamentaria.
El informe del Colectivo docente “Lorenzo Luzuriaga”.
Este Colectivo, formado por profesionales muy cualificados de diferentes etapas del ámbito docente, ha llevado a cabo un estudio de los programas educativos de los cuatro principales partidos que concurrieron a las elecciones del 20D y ha reflejado en sus conclusiones que hay determinados asuntos que concitan la atención de todos ellos, con los matices propios de la ideología de cada uno y de los intereses que representan, que son los siguientes:
- Necesidad de incrementar progresivamente la inversión en Educación.
- Políticas de equidad: becas, programas de apoyo, gratuidad de libros de texto y material educativo, transporte y comedores escolares.
- Políticas de planificación de la oferta educativa pública y concertada.
- Universalidad de la oferta educativa como derecho desde los 0 a los 18 años.
- Educación en valores.
- Formación inicial y acceso a la función docente.
- Formación permanente del profesorado.
- Estatuto de la función pública docente.
- Evaluación del sistema educativo: de los centros educativos, del profesorado y de los programas desarrollados.
- Formación profesional: mecanismos de coordinación de las Administraciones educativas y de los agentes sociales implicados en la misma.
- Participación de la comunidad educativa en la gestión de los centros escolares. La organización escolar y la función directiva.
- Distribución de competencias y los mecanismos de coordinación entre las Administraciones educativas.
- Ratios y jornada escolar.
- Estabilidad del currículum escolar: materias o áreas de conocimientos básicos comunes.
- Autonomía de los centros.
Elementos en los que hay suficiente nivel de acuerdo como para que constituyan la base de un posible Pacto de Estado por la Educación, que , en todo caso, tendrá que ser un Pacto Territorial, habida cuenta de las competencias educativas transferidas a las Comunidades Autónomas. Es decir, un Pacto del Estado de las Autonomías.
El Pacto PSOE-Ciudadanos.
Si el informe del Colectivo “Lorenzo Luzuriaga” plantea un conjunto de elementos sobre los que, a la vista de los programas educativos del Partido Popular, PSOE, Podemos y Ciudadanos, podría llegarse a un gran Acuerdo, el Título III Apartado I del Pacto PSOE-Ciudadanos refuerza mucho más las bases de un Pacto Social y Político por la Educación, con los siguientes ejes programáticos:
- Elaboración de un marco legal consensuado y paralizar entre tanto del calendario de implantación de la LOMCE.
- Carácter inclusivo e integrador de la enseñanza con atención individualizada, modelos tutoriales personalizados y flexibilización de los currículos.
- Configuración de la beca como derecho subjetivo.
- Gratuidad de la enseñanza pública obligatoria, con las ayudas precisas para la adquisición y la compartición de libros de texto.
- Universalización de manera progresiva de la oferta de Escuelas Infantiles en la primera etapa de 0 a 3 años.
- Estatuto del Personal Docente.
- Acceso a la docencia a través del MIR Educativo.
- Revisión global del sistema de Formación Profesional ( reglada y para el empleo) para facilitar su adaptación continua a los cambios técnicos y las demandas a medio plazo de la sociedad.
- Mayor autonomía y flexibilidad interna de los centros educativos, con mayor implicación de las familias en los proyectos educativos y con evaluaciones periódicas eficaces.
- Mejora de las competencias cognitivas y no cognitivas.
- Creación de un Plan Estatal de Convivencia Escolar que asegure la prevención y un control eficaces frente al acoso escolar, el ciberacoso y el bullying, en cuya ejecución se impliquen los centros docentes.
El pacto de los desacuerdos
Si, como hemos visto, hay un buen número de elementos que permiten un gran Acuerdo, no es menos cierto que también hay elementos de difícil acuerdo en los programas políticos de los Partidos políticos citados.
Los más significativos, a mi juicio, son los siguientes:
Planificación de la oferta educativa y libertad de elección de Centro.
Sin duda, la dualidad escuela pública-escuela concertada se mantiene como motivo de confrontación. La escuela pública no acaba de potenciarse como la escuela de calidad para todos los ciudadanos, abierta, plural, participativa e innovadora, necesaria para vertebrar social, cultural y territorialmente nuestro país. Y eso es responsabilidad de las Administraciones Educativas competentes que ostentan su titularidad. Y exige mantener el equilibrio entre los derechos y libertades regulados en el artículo 27 de la Constitución. Un equilibrio entre planificación de la oferta educativa de la Administración que garantice el Derecho a la Educación y el respeto a la libertad de elección de centros, que nunca debe anteponerse a la responsabilidad planificadora de la Administración educativa. Equilibrio que se ha roto de modo ostensible en algunas Comunidades Autónomas.
La dualidad escuela pública-escuela concertada se mantiene como motivo de confrontación.
Enseñanza de la Religión y formación en Valores cívicos laicos en la Escuela Pública.
Una parte importante de la Comunidad Educativa y de la sociedad en general tiene dificultades para comprender que la enseñanza de la Religión, ya sea católica o de cualquier otra confesión religiosa, forme parte del currículo como una asignatura más, dentro del horario lectivo en los centros públicos.
Y tampoco encuentra justificación en que la materia que eduque en Valores cívicos laicos basados en los derechos y deberes constitucionales tenga carácter alternativo a la enseñanza de la Religión, pues su contenido debería ser obligatorio para todo el alumnado.
Así pues, el equilibrio entre la enseñanza de la Religión como materia curricular y Educación en Valores cívicos laicos como alternativa, podría estar en aceptar la enseñanza de la Religión como materia optativa para las familias confesionales fuera del horario lectivo, junto con una enseñanza curricular aconfesional de Cultura religiosa dentro del horario lectivo con carácter optativo y una materia curricular común para todo el alumnado sobre Valores cívicos laicos fundamentada en los derechos y deberes constitucionales.
Carácter consultivo o decisorio de la participación de la comunidad educativa.
Parece razonable pensar que una participación simplemente consultiva, sin ningún valor vinculante, resulta poco estimulante en sí misma para la comunidad educativa.
Los Consejos Escolares nacieron como órganos de intervención y control de la gestión de los centros financiados con fondos públicos, por lo que dejarlos en meros órganos consultivos desvirtúa excesivamente su función.
Por otra parte, la elección democrática de los equipos directivos de los centros públicos, sin requisitos previos de formación y capacidad necesarias para el buen gobierno y gestión de los mismos, es una forma que debilita bastante la tarea a realizar.
Tal vez, el equilibrio esté en encontrar mecanismos de selección de equipos docentes altamente cualificados, junto con mecanismos de rendición de cuentas exigentes con la participación comprometida de la comunidad educativa.
El carácter de la Evaluación del sistema educativo.
Ningún Partido discute la necesidad de evaluar el sistema educativo. Lo que no se evalúa se devalúa. Sin embargo, hay discrepancias en el carácter de dicha evaluación: meramente diagnóstica o intencionadamente clasificatoria de los centros para estimular la competencia entre ellos.
Probablemente, el equilibrio entre ambas posiciones esté en una evaluación, en todo caso diagnóstica, que permita detectar los desajustes que se manifiestan en cada uno de los centros, con el objetivo de orientar a los equipos docentes sobre dónde y cómo han de concentrar sus esfuerzos para mejorar, que fuera a su vez compatible con una prueba terminal, igual para todo el alumnado del sistema educativo español al final del bachillerato, que refleje la madurez del mismo para acceder a la Universidad y cuáles podrían ser sus mejores opciones en la elección de los distintos grados.
