Según revela la investigación realizada por Amnistía Internacional sobre 100 mujeres detenidas en México, éstas sufren abusos sexuales habituales a manos de las fuerzas de seguridad, que buscan obtener confesiones y elevar las cifras para hacer ver que están combatiendo una delincuencia organizada desenfrenada.
Las 100 mujeres recluidas en prisiones federales que contaron a Amnistía Internacional que habían sufrido tortura u otros malos tratos afirmaron haber sufrido algún tipo de acoso sexual o abuso psicológico durante su arresto e interrogatorio a manos de policías municipales, estatales o federales o e miembros del ejército y la marina. Según su relato, 72 habían sufrido abusos sexuales durante su arresto o en las horas posteriores, y 33 habían sido violadas.
Un total de 66 dijeron a AI que habían denunciado los abusos ante un juez u otra autoridad, pero sólo en 22 casos se habían abierto investigaciones. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se hayan presentado cargos de alguna clase a partir de estas investigaciones.
72 mujeres habían sufrido abusos sexuales durante su arresto o en las horas posteriores, y 33 habían sido violadas
“Los casos de estas mujeres dibujan un cuadro absolutamente escandaloso que refleja el nivel de tortura que sufren las mujeres en México, incluso para lo que se acostumbra en la región. La violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios”, denuncia Erika Guevara-Rosas, directora para América de Amnistía Internacional.
“Las mujeres procedentes de entornos marginados son las más vulnerables en la denominada ‘guerra contra el narcotráfico’ de México. Las autoridades, normalmente más preocupadas por que se vea que están encarcelando a gente que por encontrar a los verdaderos delincuentes, suelen considerarlas objetivos fáciles.”
La mayoría de las mujeres encarceladas que hablaron con Amnistía Internacional dijeron que habían sufrido tocamientos, manoseos y otros abusos sexuales así como palizas y descargas eléctricas durante el arresto y el interrogatorio.
Prácticamente todas han sido acusadas de delincuencia organizada o de delitos relacionados con drogas. Muchas fueron presentadas ante los medios de comunicación como “criminales” inmediatamente después de haber sido obligadas a “confesar” los delitos. La mayoría procede de entornos de ingresos bajos y, por tanto, hay menos probabilidades de que pueda costearse una defensa efectiva.
El relato de Mónica
Entre los distintos relatos publicados, AI ha incluido algunos que revelan el tipo de prácticas cometidas por la policía.
- A Mónica, de 26 años y madre de cuatro hijos, la violaron en grupo seis agentes de policía; también le aplicaron descargas eléctricas en los genitales, la asfixiaron con una bolsa de plástico y le hundieron la cabeza en un cubo con agua en la ciudad de Torreón, estado de Coahuila, norte de México, el 12 de febrero de 2013. Funcionarios de seguridad intentaron que confesara que formaba parte de una banda de delincuentes. Además, la obligaron a mirar cómo torturaban a su hermano y a su marido delante de ella.
- Tras la tortura, la policía llevó a Mónica y a su hermano y su marido a la sede de la Procuraduría General de la República. En el camino, el marido de Mónica murió debido a las torturas sufridas. Más tarde, Mónica fue obligada a firmar una “confesión” en la que afirmaba que pertenecía a un cártel de la droga.
- A pesar de que un examen de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicado en agosto de 2014 confirmaba la tortura de Mónica, no se han formulado cargos contra ninguno de sus autores. Ella sigue en prisión en espera del resultado de su juicio por cargos de participación en la delincuencia organizada. En abril de 2016, la CNDH emitió la recomendación de que se abriera una investigación criminal sobre el caso. Mónica continúa en prisión.
Ausencia de justicia y sin asistencia médica
Según datos de las comisiones local y nacional de derechos humanos, sólo en 2013 se presentaron más de 12.000 denuncias de tortura y otros malos tratos ante estos organismos en todo el país, donde 8.943 de las posibles víctimas eran hombres y 3.618 eran mujeres. Entre 2013 y 2014 se duplicaron las querellas por tortura presentadas ante la Procuraduría General de la República en México, pero sólo se ha abierto un número limitado de investigaciones.
Salvo raras ocasiones, las mujeres no reciben la asistencia médica y psicológica adecuada tras haber sufrido la violencia. De las 100 mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional, 49 calificaron la asistencia médica que habían recibido tras su arresto de “mala” o “muy mala”, y 19 la calificaron de “mediocre”. Además, las autoridades federales no están respondiendo con rapidez practicando exámenes forenses adecuados a las mujeres que denuncian tortura u otros malos tratos. Concretamente, la mayoría de las mujeres que han sufrido violencia sexual no son sometidas a una revisión adecuada ni reciben la atención médica debida.
