Defendiendo los Derechos Sexuales y Reproductivos

Los grupos antielección, organizaciones de marcado perfil ultracatólico y ultraconservador, campan a sus anchas en este país y marcan, desde hace años, la Política del Gobierno del Partido Popular en materia de Derechos Sexuales y Reproductivos.
Y además, se les premia por ello.
Un conocido grupo antielección insta al gobierno que revoquen la declaración de utilidad pública a la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), y el Gobierno se lo concede. La respuesta fue inmediata: más de 150 organizaciones y partidos respondieron al Ministerio del Interior pidiéndole revocar esta decisión. Entre los partidos, Podemos, PSOE o Ahora Madrid, sindicatos como CCOO, UGT y CSI-F, y entre las asociaciones, ACAI, Enclave Feminista o Fundación Mujeres, entre otras muchas.
Ése y otros conocidos grupos antielección llevan 25 años con campañas de acoso y derribo sistemáticos (escraches), de forma permanente e irreverente para con las mujeres (y también a profesionales que desarrollan su trabajo en los centros acreditados), a las puertas de las Clínicas donde las Mujeres ejercen su derecho a decidir; hacen pintadas en los accesos y alrededores de los centros, someten a las mujeres que acuden a tensiones innecesarias, teniendo que entrar y salir por otros accesos. Todo ello sin que las diversas Administraciones actúen ante las denuncias interpuestas por las gerencias de las centros (Clínica Cire, Clínica Dator), entre otras muchas, como ya publicamos en Tribuna Feminista.
Y todo esto desde hace años, sin que tenga ningún tipo de condena, sino todo lo contrario. Rosa Romero, la que fuera alcaldesa de Ciudad Real y hoy diputada electa del Partido Popular por la misma circunscripción (es la cabeza de lista), concedió hace unos años el título honorífico de “Ciudadanas Ejemplares” a una de las organizaciones que participan en esos escraches.
El derecho a decidir por parte de las mujeres es legal en este país y así lo van a seguir defendiendo desde las Organizaciones de Mujeres y desde los ámbitos profesionales que trabajan en Salud Sexual y Reproductiva como un derecho.