ONGs humanitarias al servicio del patriarcado

 
6 Sept 2016
Recordaba yo a la muchacha idealista que estaba segura de que, obviamente, las organizaciones sin fines de lucro velan por los intereses de las personas más desprotegidas. Las Naciones Unidas y Amnistía Internacional siempre figuraron en mi imaginario como las grandes entidades de renombre que situaban los derechos humanos como su piedra angular.
Jamás se me hubiese ocurrido que una ONG como Amnistía Internacional fuera a construir una normativa en busca de la descriminalización total de la prostitución (normativa que utilizarían luego para presionar estados-naciones a que también adopten esa postura), elaborada originalmente por uno de los proxenetas más ricos de Inglaterra, perjudicando, mintiendo y deslegitimando las voces de mujeres que han trabajado en la prostitución (y hoy se consideran sobrevivientes) y la de los grupos que trabajan para prevenir la violencia contra las mujeres y niñas.
Tampoco parecía una idea sensata pensar que las Naciones Unidas permitiría jamás que una traficante de mujeres y niñas sea la co-directora de la elaboración de su política institucional de la salud dentro de la industria del sexo. Eso son estupideces (que algunos llamarían errores) que solo haría una ONG principiante. Las grandes organizaciones no gubernamentales de los derechos humanos tienen demasiada experiencia para comportarse así.
¿Cómo podrían organizaciones que conocen tan bien el tema, que han leído tantos libros y que se saben el palabrerío progre de cabo a rabo, echarle lodo a las mismas poblaciones que juran proteger?
¿Cómo? Pues así mismo es. Parece que a esta vaina del feminismo hay que meterle un análisis de clase porque si no se desmorona. Como dice Ana de Miguel, “en el feminismo si no evolucionas, terminas sirviendo el patriarcado.”
Un ejemplo perfecto del retroceso de algunas organizaciones que alegan promover los derechos humanos de las mujeres es el caso de Amnistía Internacional y la UNAIDS (Programa Conjunto de Naciones Unidas Sobre el VIH/Sida) en el tema de la prostitución.
Ambas organizaciones alegan que su abogacía por la descriminalización total de la industria sexual (incluyendo el proxenetismo y ser dueño de prostíbulos) es justificada porque esto promovería los derechos humanos de quienes llaman “trabajadores sexuales”, crearía condiciones de trabajo en salubridad y defendería la autonomía de quienes deciden entrar en la industria por voluntad propia. Hasta la fecha, cada uno de sus argumentos ha sido refutado con creces mediante investigaciones empíricas y especialmente en comparación con modelos alternativos como el modelo nórdico (que recientemente adoptó Francia). En este tema, podemos establecer análisis comparativos porque ya hay países que han adoptado los diferentes modelos y los resultados que arrojan los países donde la política impulsada por estas ONG es ley, no son para nada alentadores. Pero más curioso aún es que si sus intenciones son tan loables, ¿por qué su política en este tema fue diseñada por proxenetas y traficantes? ¿Y por qué fuefinanciada por multimillonarios neoliberales?

(A Amnistía Internacional) les falta decir lo más obvio; que esas violencias y abusos no son causados ni por estigmas etéreos ni por ideas conservadoras de “feministas moralistas”, sino por los prostituyentes que les pagan y los proxenetas que controlan sus ingresos… los mismos hombres que estas políticas publicas buscan proteger.

Dice Amnistía Internacional que “Las personas que se dedican al trabajo sexual, en su gran mayoría mujeres que se enfrentan a arraigadas desigualdades de género y múltiples formas de discriminación, están especialmente expuestas a sufrir toda una serie de abusos contra los derechos humanos, como violación, violencia, extorsión y discriminación.” Excelente comienzo, pero les falta decir lo más obvio; que esas violencias y abusos no son causados ni por estigmas etéreos ni por ideas conservadoras de “feministas moralistas”, sino por los prostituyentes que les pagan y los proxenetas que controlan sus ingresos… los mismos hombres que estas políticas publicas buscan proteger.

En el 2016, absolutamente nadie con conocimientos del tema argumenta que se deba meter mujeres o niñas prostituidas a la cárcel. Al contrario, se aboga por que se descentralice la persona prostituida como foco de atención y se enfoquen los esfuerzos en combatir la demanda, como postula la Ley de Paz con Las Mujeres de Suecia (o modelo nórdico). Es decir, que cuando Amnistía Internacional y las Naciones Unidas (a través de la UNAIDS) argumentan que están a favor de la descriminalización de la industria del sexo y que la prostitución es un derecho humano, lo que esconden dentro de sus eufemismos es que su recomendación aboga por los derechos de los llamados prostituidores, de los proxenetas y de los dueños de burdeles. No es “el derecho a prostituirse” lo que está en juego, sino el derecho a acceder al cuerpo de las mujeres y niñas bajo un sistema patriarcal. Derecho que quieren otorgar tanto a los hombres que son prostituidores como de los proxenetas que se benefician económicamente de la transacción. ¿Y por qué no decirlo? “Regularizar” la industria del sexo beneficia a los mismos gobiernos porque aumenta los ingresos públicos. En España, por ejemplo, se calcula que, si se regulariza la industria del sexo “al tributar un 30% del total, Hacienda recaudaría 6.000 millones de euros.” Demos paso a la ironía: ¡sigamos pretendiendo que aquí el único interés es el de salvaguardar los derechos humanos de las mujeres, no la acumulación desmesurada de dinero basado en explotación sexual!

El término trabajo sexual es un término político, no descriptivo, y el hecho de que muchos medios y personas bien intencionadas lo asuman como el termino “más neutral y respetuoso”, es en sí un triunfo de la propaganda de proxenetas y prostituidores.

El lenguaje de “trabajo sexual” le resulta muy conveniente a Amnistía Internacional. Como ya han explicado mujeres que han logrado salir de la prostitución, el término trabajo sexual es un término político, no descriptivo, y el hecho de que muchos medios y personas bien intencionadas lo asuman como el termino “más neutral y respetuoso”, es en sí un triunfo de la propaganda de proxenetas y prostituidores. Como explica Beatriz Rodríguez Rengifo, hoy sobreviviente de la industria, “el término trabajo sexual es un velo. Un disfraz que se le pone al delito.” Le permite oscurecer realidades y más importante aún, les permite equiparar una muchacha en una esquina con un proxeneta multimillonario: después de todo, técnicamente ambos trabajan en la industria del sexo. También es conveniente porque semánticamente esconde tanto las relaciones de poder como la demanda de acceso al sexo pagado que es indiscutiblemente la razón principal de que exista una industria sexual.
Continúa Amnistía Internacional, aparentemente absortos de la ironía de sus pronunciamientos: “Los gobiernos deben tomar todas las medidas necesarias para proteger a las trabajadoras y trabajadores sexuales de los abusos y violaciones de derechos humanos y se recomienda la despenalización del trabajo sexual de personas adultas y con consentimiento como una de las medidas para conseguirlo. Amnistía Internacional insta a los gobiernos a que se les garantice el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, a la educación y a oportunidades de empleo. Además, pide a los gobiernos que tomen medidas para eliminar los estereotipos de género perjudiciales y todas las formas de discriminación y las desigualdades estructurales que pueden llevar a grupos marginados a vender servicios sexuales, así como que garanticen la participación de las trabajadoras y trabajadores sexuales en la elaboración de las leyes que afectan a su vida y a su seguridad.” Este párrafo es una joya. Lo es porque en el mundo real y material, cada oración en este párrafo acarrea una realidad contraproducente a lo que expresaba la oración anterior.

No hay burdeles de prostitutas y burdeles de víctimas de trata; hay burdeles. Ningún hombre escribe en un foro de Internet para prostituyentes “Oye, ¿sabes dónde están las que son maltratadas que obligan a prostituirse a base de golpes?” No, ellos buscan pagar por sexo.

¿Cómo espera Amnistía que los gobiernos protejan personas en la prostitución si el daño lo provocan los prostituidores, que son quienes se benefician de la posición propuesta por su propia organización? Si la política pública que promueve su organización solo atañe a quienes hacen el trabajo por vocación y voluntariamente, ¿eso quiere decir que todas aquellas que no quieren se pueden ir para sus casas tranquilamente? ¿Creerá Amnistía que un prostituidor llega al encuentro con un formulario de legalidades y varios test psicológicos para determinar que la persona prostituida que tienen enfrente está ahí con su consentimiento? ¿Y que, si ella no se muestra muy entusiasta ante sus órdenes y demandas, supone Amnistía que ellos simplemente agarrarían su erección y se irían como si nada? ¿Qué otras oportunidades de empleo son necesarias si según su propia normativa, ser prostituta es en sí un empleo? Cuando Amnistía dice que los gobiernos deben eliminar los estereotipos de género estructurales, ¿incluirá en su lista de estereotipos dañinos esa idea tan vieja como el patriarcado de que las mujeres y niñas están puestas en este mundo para satisfacer las demandas de los hombres y para ser cosificadas, sexualizadas y violentadas? Porque en pocas palabras, ese el meollo de la industria que su organización promueve. Y la pregunta más trágica, si ahora predican que se deben incluir las voces de las personas en la prostitución en la confección de políticas en este tema,¿Por qué, al momento de redactar su política, ignoraron los llamados de antiguas prostitutas, sobrevivientes y grupos feministas anti-violencia, se negaron a reunirse con ellas y mintieron ante los medios sobre el asunto?
La respuesta es tan clara como triste: sabían que las organizaciones de activistas antiguamente prostituidas, grupos feministas y organizaciones que buscan eliminar la violencia contra la mujer no iba a apoyar su moción, y por consecuencia las echaron a un lado. Dice Douglas Fox, el proxeneta dueño de uno de los prostíbulos más ricos del Noreste de Inglaterra llamado Christony Companions Escort Services, quien elaboró y presentó la moción original de Amnistía en el asunto, que uno de los problemas a los que tuvo que enfrentarse para que lo tomaran en serio dentro de la organización, era que en el pasado Amnistía “ya había trabajado el tema de la violencia contra la mujer (en muchos casos de manera muy efectiva)” y es por eso que el decidió “desafiar esas posiciones… causando un pandemonio con las mujeres de prevención a la violencia.”

Continúa explicando “me preguntaron una y otra vez sobre miedos de que apoyar el trabajo sexual aumentaría la trata. Yo los convencí muy fácilmente, lo que nos demuestra la importancia de conseguir que lo medios y la prensa se pongan de nuestro lado.” Para rematar la trama imploraba a sus seguidores proxenetas y prostituidores que infiltraran la organización para así crear presión desde adentro y concluye diciendo que “conseguir que Amnistía se ponga de nuestro lado será una gran infusión de ánimo para nuestra moral. Tenemos que acosarlos sin piedad.”
(Ojo en este punto: el axioma lógico es que no todas las mujeres en la prostitución son víctimas de trata de personas con fines sexuales… pero todas las personas víctimas de trata con fines sexuales son coaccionadas a la prostitución. Son dos temas distintos que no se deben confundir pero que se relacionan. No hay burdeles de prostitutas y burdeles de víctimas de trata; hay burdeles. Ningún hombre escribe en un foro de Internet para prostituyentes “Oye, ¿sabes dónde están las que son maltratadas que obligan a prostituirse a base de golpes?” No, ellos buscan pagar por sexo; que muchas este ahí por obligación son asuntos que no les concierne.)
Estoy convencida de que el problema de cómo la organización llegó a ser susceptible a las propuestas de personas como Fox es mucho más sistémico y transversal que un solo hombre en una cruzada para empañar una noble organización, supuestamente, tan comprometida con los derechos de las mujeres. Pero cuando se silenciaron las voces necesarias, se engañó a su propia membresía (muchos no sabían que la normativa estaba siendo debatida, y al momento de la votación sólo participó un 40%) y se les presentó a los medios la idea que esta fue el resultado de “un movimiento mundial” de masas, Douglas Fox, dueño de Christony Companions Escort Agency, declaró triunfante “esto es exactamente lo que yo esperaba. Estoy muy pero muy contento de que Amnistía haya tomado esta decisión.”
Argumenta el analista político Mikel Itulain, en una crítica al apoyo de Amnistía Internacional a la OTAN que yo considero pertinente aquí también: “Debemos tener en cuenta y recordar que las guerras no se justifican por motivos económicos, aunque estos sean los motivos principales, también debemos recordar que no son los grandes propietarios los que salen a defenderla. No, para eso están otras organizaciones, que engañarán y moverán al público. Son más peligrosas que ninguna, son las organizaciones mediáticas, los medios de comunicación, y especialmente las organizaciones humanitarias. Amnistía Internacional está financiada por las corporaciones y hace esta función.”

Sería inconcebible que una organización humanitaria defienda públicamente el derecho de millones de hombres a acceder sexualmente al cuerpo de mujeres y niñas.

Sería inconcebible que una organización humanitaria defienda públicamente el derecho de millones de hombres a acceder sexualmente al cuerpo de mujeres y niñas. O el derecho de hombres como Douglas Fox a hacerse millonario comercializando mujeres en sus prostíbulos. Ésta es una industria en expansión donde se mueven billones de euros… pero no mencionemos que hay beneficios económicos de peso detrás de estos llamados humanitarios. Es mejor esconderlos bajo eslóganes pseudo-feministas y apostar a que la mayoría de las personas se van a tragar la mentira sin investigar mucho.
Otra organización que ha mantenido un contubernio con el lado equivocado de la historia en este tema ha sido la ONU. Adjuntan sus ideas en el tema de la prostitución bajo el manto de preocupación por las infecciones de transmisión sexual. Es por eso que su política institucional sale de la UNAIDS no de ONU Mujeres, porque supongo que esa sería una cachetada al feminismo demasiado fuerte y pública. (Pondremos a un lado en este escrito el análisis de que resultaría imposible proteger contra las infecciones sexuales a una industria donde los hombres demandan y pagan más dinero por sexo (particularmente sexo oral) sin protección y donde factores de violencia imposibilitan que se pueda asegurar la universalización de la protección contra las infecciones de transmisión sexual.)
No obstante, entre las agencias que configuran la UNAIDS se encuentran el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), ACNUR (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y la OMS (Organización Mundial de la Salud). Curiosamente todos implicados en el tema de manera directa.
Las Naciones Unidas decidieron compartir la dirección del comité que investigaría el tema con los supuestos grupos activistas en favor de los derechos de las trabajadoras sexuales. Esto, a pesar de que un número significativo de esas organizaciones tienen comportamientos organizacionales dudosos, muchas han sido desmanteladas como operaciones fantasmas con vínculos a la trata de personas y casi todos tienen el respaldo de intereses neoliberales.
Muchas de estas organizaciones, como Ambit Dona, ha estado compuesta por personas que nunca han trabajado en la prostitución, lo cual resulta bien irónico ya que uno de sus eslóganes preferidos es “escuchad las voces de las trabajadoras sexuales”. En algunos casos, resulta difícil investigar qué porcentaje de su membresía representa las auténticas voces de las trabajadoras sexuales porque, como es el caso del Sindicato Internacional de Trabajadoras Sexuales, su membresía está abierta a quien quiera unírseles; sea prostituidor, proxeneta y hasta el público en general… aunque incluso bajo estos requisitos tan flexibles, el Sindicato ha tenido que admitir en declaraciones oficiales, que su membresía está compuesta de apenas de 10 personas, (incluyendo proxenetas y dueños de burdeles). Otras como Les Putes dan la impresión de ser parte de un colectivo activista de base y orgánico, que incluye a miles de trabajadoras sexuales. Pero como detalla Ekis Ekman en su trabajo investigativo sobre el tema, resulta que Les Putes tenía una membresía de 3 personas al momento en que ella entrevisto el colectivo… dos de ellos hombres.

El colectivo con quien decidió aliarse las Naciones Unidas fue más allá. Consultaron con la Global Network of Sex Work Projects (o Alianza Global de Proyectos sobre el Trabajo Sexual) y su vicepresidenta Alejandra Gil. Gil fue también la presidenta de la Asociación en Pro de Servidores (APROASE), una organización sin fines de lucro que decía abogar por los derechos de las trabajadoras sexuales. Su influencia tanto al frente de APROASE como de laAlianza Global fue tal que un estudio de la Organización Mundial de la Salud agradeció personalmente a Alejandra Gil por haber contribuido como experta a la elaboración del reporte.
En el 2012, las Naciones Unidas a través de su Fondo de Población, la UNAIDS y la Organización Mundial de la Salud declararon en conjunto la recomendación a todos los países del mundo de que descriminalicen todos los aspectos la prostitución, incluido el proxenetismo y la demanda. Dos años después en el 2014, Alejandra Gil, vicepresidenta de la organización que codirigió la revisión del tema, fue arrestada y luego sentenciada por delitos de trata de personas en los que se llegó a traficar más de 200 mujeres mexicanas a quienes obligaban a acostarse con decenas de hombres al día y quienes tenían que entregarle una comisión diaria a su proxeneta; la señora Alejandra Gil, experta consultora de las Naciones Unidas en el tema de la prostitución.

Una de las sobrevivientes detalla que durante los 16 años que estuvo bajo control de Alejandra Gil (también conocida como La Madame de Sullivan, en honor a la calle donde eran prostituidas las jóvenes de “su negocio”), fue obligada a abortar, pero a los 2 días tuvo que volver a “trabajar”. Relata que “Alejandra examinaba que no estuviéramos gordas, nos hacían cambio de corte de cabello. El padrote controlaba los periodos con esponjas. Yo tenía que aguantar esa esponja hasta que llegara, me subía a la temperatura porque estaba muy apretada.”
Las actividades de Gil, bajo la coartada de su ONG, fueron apoyadas tanto por gobiernos como por demás organizaciones sin fines de lucro. APROASE llego a recibir más de un millón de pesos por parte del gobierno federal mexicano para financiar sus proyectos. El diario mexicano El Excélsior investigo y descubrió que “En 2010 logró apoyos gubernamentales por 172 mil 642 pesos para la prevención del VIH. En 2011 ganó dos convocatorias, también de Censida, por 229 mil 800 pesos y por 40 mil pesos. Asimismo, la organización recibió del Instituto Nacional de Desarrollo Social 88 mil pesos para una campaña de prevención del Virus del Papiloma Humano.”
De su parte, Gil utilizo su influencia (y sus ganancias económicas) para ayudar a otros traficantes como es el caso de Saúl Herrera Soriano. Este fue sentenciado a 40 años de prisión “al ser encontrado culpable del delito de trata en contra de dos mujeres. El hombre narró ante el juez que fue la Madama quien le pagó su defensa.”

Celia Amorós dice que “el cuerpo de las mujeres continúa siendo el libro abierto donde se inscriben las reglas del patriarcado”. Aparentemente una de las reglas es que las opresiones y el financiamiento viene de derechas, pero el palabrerío viene de la izquierda.

Una de las normativas que promueven las organizaciones a las que priorizo las Naciones Unidas en este asunto es recomendarles a los gobiernos a que formen alianzas con los managers y agentes (lo que se entiende como proxenetas) de las trabajadoras sexuales para así fomentar “iniciativas de seguridad laboral”. Se deduce que, al aliarse con Alejandra Gil, las Naciones Unidas predicaron con el ejemplo.
Celia Amorós dice que “el cuerpo de las mujeres continúa siendo el libro abierto donde se inscriben las reglas del patriarcado”. Aparentemente una de las reglas es que las opresiones y el financiamiento viene de derechas, pero el palabrerío viene de la izquierda. Quizás uno de los desatinos más grandes de toda esta coyuntura, ha sido que divulgación de la idea de que no hay alternativa. Como decía el Comité de Reforma a la Ley de Prostitución de Nueva Zelanda antes de que aprobaran la descriminalización total, este régimen “refleja un sentimiento práctico, reconociendo que, incluso si es visto por algunas personas como indeseable, la práctica de la prostitución se mantendrá debido a los constantes niveles de demanda por hombres que buscan pagar por sexo.”.

Una manera muy bonita de decir, si no los puedes derrotar, ¡mejor úneteles! Me pregunto que esperan para argumentar que “la gente siempre se ha estado matando. Es mejor tratar de higienizar el sicariato y el asesinato por el bien común.” No… esta lógica solo se aplica al cuerpo de las mujeres porque cosificar y comercializar el cuerpo de las mujeres (sea sexual o reproductivamente) les trae beneficios a múltiples actores, mientras que protegerlo no genera nada ni beneficia a ninguno.
Si les preguntamos a las ONG quiénes son los opresores, siempre te dirán que el Estado. Es su chivo expiatorio favorito: que si el Estado no hace esto, que si el Estado no hace lo otro, que si el Estado es el culpable de todos los achaques que pueden implicar nacer con vulva bajo un sistema patriarcal. Al Estado hay que criticarlo con bases y critica fuerte. Bien es cierto que el Estado tiene gran responsabilidad e influencia y como tal, debe de ser puesto en evidencia cuando falla y debe ser presionado para que aun cuando las cosas van bien, haga más. Pero muchas veces considero que en temas como estos nos gusta culpar al Estado porque no tenemos el coraje de admitir que el patriarcado es mucho más colosal y más monstruoso de lo que somos capaces de concebir. El Estado tiene instituciones con código postal y representantes, lo podemos identificar fácilmente y señalar sus establecimientos en un mapa. Pero el patriarcado que cosifica, deshumaniza, violenta y mutila los derechos de las mujeres y niñas es omnipresente. Se nos sale de la boca en el lenguaje, nos inunda el pensamiento las 24 horas con ideas inculcadas desde antes de ser embriones. Convertir el Estado en El Gran Opresor de los derechos de las mujeres y niñas es firmarles una fianza a todas las otras vertientes del patriarcado. A las ONGs les encanta culparlo, pero las malversaciones y opresiones dentro de sus propias organizaciones, ¿quién las enjuicia?
El patriarcado no se delimita a los confines de los poderes estatales: resulta más fácil, más conveniente y se resume mejor a 140 caracteres que crucifiquemos al Estado en vez de admitir que para desmantelar el patriarcado (todas sus actitudes y aberraciones), las responsabilidades principales tienen que cargarlas cada hombre y cada niño que nos rodea y en menor manera, muchas mujeres que han interiorizado ideas machistas. ¿Y por qué no decirlo claro? Es imperativo también arraigarles la misoginia a las ONGs. ¿Cómo se auto-examinan las organizaciones no gubernamentales y como se guardan de no incurrir en misoginia cuando su discurso dicta que el gran opresor es siempre externo?

Tal parece que en el tema de la cosificación de los cuerpos de las mujeres y de las niñas bajo un sistema patriarcal, los destinatarios son muchos más que los que me imaginaba.

Aparte del hecho de que, bajo la concepción neoliberal, el sustituto del poder del Estado no son las organizaciones que defienden los derechos humanos… es más capitalismo voraz. Solo bajo esta concepción se explica que organizaciones humanitarias de tal renombre como las Naciones Unidas y Amnistía Internacional permitan que uno de los proxenetas más ricos de Inglaterra y una traficante de mujeres y niñas les elabore sus políticas sobre “trabajo sexual”. Sólo bajo la concepción de que el libre mercado tiene el derecho humano de meter su mano invisible también en los cuerpos de mujeres y niñas, cada vez más jóvenes, se entiende que hayan obviado el conflicto de interés aparente.
Sólo bajo esa concepción se puede argumentar, como hace Amnistía Internacional, que los gobiernos deben “tomar medidas para eliminar todas las formas de discriminación y las desigualdades estructurales que puedan llevar a grupos marginados a vender servicios sexuales” al mismo tiempo que promueven una política que ha demostrado a nivel internacional que aumenta una industria que se basa, por definición, en una desigualdad de condiciones y que incrementa la peor de las desigualdades: la trata.
“BUSCAMOS GENTE COMO TÚ ¡PARTICIPA! Hazte activista de derechos humanos.” Con estas palabras cierra la página web de Amnistía. Ante la pregunta ¿qué es ser activista?, la organización responde que “En Amnistía Internacional llamamos activista a quien no le da igual la injusticia y dedica parte de su tiempo y energía a defender a personas a las que se les ha negado la justicia o la libertad.” La imagen me recuerda, con tristeza, las largas horas que yo pase escribiendo cartas en nombre de Amnistía a lo largo de varios años y sobre una variedad de causas de derechos humanos como parte de su famosa iniciativa ‘Acción Urgente’. Debí haber escrito cientos de cartas, todas a mano y siempre con dedicación y la certeza de que, siendo su voluntaria, me aliaba a un esfuerzo mundial en pos de los derechos humanos y crucialmente, de los derechos de las niñas y mujeres que tanto me interesan. Las cartas siempre iban dirigidas a gobiernos, nunca a empresas privadas ni organizaciones no gubernamentales: quedaba bien claro quién era el enemigo de los derechos humanos.
Tal parece que en el tema de la cosificación de los cuerpos de las mujeres y de las niñas bajo un sistema patriarcal, los destinatarios son muchos más que los que me imaginaba.
¡No les dejemos de escribir!