La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha condenado a cinco de las seis jóvenes que interrumpieron, con una protesta, en febrero de 2014, una celebración religiosa en la iglesia de Sant Miquel de Palma para protestar contra la reforma de la ley del aborto del entonces ministro Gallardón. La Audiencia Provincial considera probada la autoría de las personas condenadas y con ello su responsabilidad en un delito contra la libertad religiosa, imponiéndoles una pena de un año de prisión a cada una de ellas, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. Solamente una de las acusada ha sido absuelta.
Según esgrimen, el acto de protesta que se llevó a cabo mientras se celebraba la misa de domingo, produjo «temor, nerviosismo y afectación al personal de la iglesia y a los feligreses» aunque reconocen que en ningún momento hubo, por parte de quienes se manifestaban, «alguna agresión, acometimiento o maltrato físico». La misa solamente estuvo 10 minutos parada por la protesta.
La sentencia considera que se ha vulnerado la libertad de celebrar misa «con normalidad de un grupo de personas creyentes, y que con ello se vulneraba su derecho a la libertad religiosa». El obispado de Mallorca solicitaba, en principio, cuatro años de cárcel para quienes protestaron en la iglesia aunque posteriormente tuvo que rebajar esta petición a un año y medio de cárcel, según pedía la Fiscalía.
«Escala de valores de Torquemada»
Desde Tribuna Feminista hemos contactado con la Asociación de Mujeres Juristas Themis, cuya vicepresidenta, Mª Ángeles Jaime, ha considerado la condena como «desproporcionada, sobre todo respecto a la ofensa o molestia sentida por los feligreses que estuvieran en esa misa». Ángeles Jaime ha añadido que «la clase jurídica y los poderes fácticos no están respondiendo a una escala de valores constitucionales, sino a la de Torquemada», y recuerda que en Albacete las mujeres que deciden sobre sus cuerpos son acosadas por ultracatólicos a las puertas de las clínicas de aborto. «Estas condenas incrementan la desconfianza hacia la Administración de Justicia. La pasividad en el caso de Albacete, que la Fiscalía utilice el calificado «puta» para referirse a la protesta de Rita Maestre, y esta condena, describe a las mujeres que se rebelan contra la ideología religiosa que las subordina precisamente con este calificativo de cuatro letras».
Ángeles Jaime señala también que la condena de quienes protestaron en Palma responde «a un sector determinado de la sociedad y sus intereses».
