ACAI ve positivo el descenso de abortos en 2015

Tras conocerse las cifras anuales de IVE durante el año 2015 que han pasado de 94.796 a 94.188, de una tasa del 10,46 al 10’40.
Si bien considera que de aplicarse las políticas de prevención, anticoncepción y educación sexual previstas en la Ley de SSR e IVE de 2010, la bajada en el número de embarazos no deseados sería aún mayor, ya que los datos actuales responden fundamentalmente a movimientos migratorios, el envejecimiento de la población, el descenso del número de mujeres en edad reproductiva y al uso de la anticoncepción de emergencia.
Madrid, 30 de diciembre de 2016. La Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE pide que durante el año 2017 se impulse el desarrollo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo tanto desde el Parlamento como desde el Ejecutivo; ya que solo las políticas preventivas en materia de educación sexual y un acceso real a la contracepción (todo ello previsto en la norma) son las que evitan los embarazos no deseados.
En esta línea, resultaría del todo un contrasentido que pudieran llegar a producirse retrocesos legislativos si las posiciones conservadoras del Tribunal Constitucional se impusieran en la sentencia sobre la actual Ley, pendiente de resolución.
Cualquier modificación restrictiva de la actual Ley abocaría a las mujeres españolas y a los/as profesionales a una inseguridad jurídica, sanitaria y personal del todo indeseable en un país europeo que ha conseguido consolidar el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo por voluntad propia, dejando al margen el recurso a un aborto clandestino e inseguro que sin duda alguna volvería a ser una posibilidad de producirse estos retrocesos.
Prueba de ello es que desde que el Partido Popular aprobase la Ley 11/2015 de 21 de septiembre a partir de la cual las menores de 16 y 17 años tienen que contar con la autorización de uno de sus tutores legales para acceder a la IVE, entre 300 y 400 menores (según cálculos de ACAI) habrían pasado a una situación de inseguridad jurídica y física ante la imposibilidad manifiesta de no poder contar con la autorización de sus tutores legales; dado que estas jóvenes no están acompañadas por su padre o madre porque desapareció, se ausentó, emigró, está en prisión, viven en otro país, es inmigrante, fueron abandonadas…
De hecho, a ACAI le inquieta que el descenso en la tasa de aborto entre el grupo de mujeres menores de 19 años (ha pasado de 9,92 a 9,38) no sea una bajada real, sino que esté encubriendo un número importante de menores que podrían estar recurriendo a la clandestinidad para interrumpir su gestación.
Por todo ello, pedimos que el “lapsus”, propio del sentido común, que la Ministra de Sanidad tuvo en comparecencia parlamentaria el 21 de diciembre, en el que abogaba por revisar la autorización expresa de los tutores para casos como los señalados; tome cuerpo y se deje de restringir el acceso de estas mujeres jóvenes a la IVE voluntaria, que en algunas comunidades como en Madrid, y de manera completamente arbitraria, se agrava al pedir la autorización de ambos tutores en algunos casos.
Por otra parte, ACAI quiere advertir a las Administraciones Públicas autonómicas que la incorporación paulatina del aborto en la Sanidad Pública, tal y como evidencia el informe, puede ser un paso en la defensa de los derechos de las mujeres, pero puede convertirse en un salto atrás si la atención se deja en manos de personal sin experiencia, capacitación o voluntad.
La práctica sanitaria de Aborto Provocado debe realizarse por profesionales integrados/as en unidades específicas especializadas, teniendo que respaldar los/as mismos/as la intervención y siendo imprescindible la formación de estos/as profesionales en todas las técnicas de IVE (farmacológico e instrumental), este último aspecto contemplado en la ley gracias a la presión de ACAI durante el proceso de elaboración de la norma.