“Cuando nos referimos a la salud universal, hablamos de que todas las personas —independientemente de su entorno socioeconómico, raza, etnicidad o género— estén cubiertas por un sistema de salud bien organizado y con suficiente financiamiento que ofrezca servicios de salud integrales y de calidad”, dijo Carissa F. Etienne la Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) .
“El estigma y la discriminación son obstáculos importantes para obtener acceso y utilizar los servicios de salud por parte de las personas LGBT; de ahí la importancia de comprender mejor las causas y de desarrollar respuestas innovadoras de los sistemas de salud para satisfacer sus necesidades específicas y diferenciadas” .
La investigación indica que el estigma de la homosexualidad y la ignorancia acerca de la identidad de género son generalizados, ya sea en la sociedad en general como en los sistemas de salud. La discriminación puede dar lugar a que se niegue rotundamente la prestación de la atención, a que la prestación de la atención sea de mala calidad o a un tratamiento irrespetuoso o abusivo, entre otros. También es posible que los proveedores de atención de salud tengan una comprensión limitada de las necesidades específicas de atención de salud de las personas LGBT; por ejemplo, los problemas debidos a traumas y a comportamientos con respecto a la salud a los que se enfrentan como consecuencia de la discriminación.
En el 2013 los Estados Miembros de la OPS resolvieron abordar estos y otros problemas que conducen a la inequidad en torno a la salud para la comunidad LGBT al respaldar conjuntamente una resolución titulada Abordar las causas de las disparidades en cuanto al acceso y la utilización de los servicios de salud por parte de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans.
Iniciativas de Canadá y Brasil contra la discriminación
Randy Boissonnault, asesor especial en temas relacionados con la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transexual, queer y biespiritual (conocida por la sigla LGBTQ2 en inglés) del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, describió la nueva legislación que ha propuesto su gobierno para reconocer y reducir la situación de vulnerabilidad de las personas transexuales y otras personas de género diverso frente a la discriminación, la propaganda que incita al odio y los crímenes motivados por el odio, y afirmar su condición de igualdad en la sociedad canadiense.
Además de la legislación propuesta, Canadá está llevando a cabo proyectos para prevenir la violencia, concientizar y combatir la homofobia y la transfobia en los sistemas educativos, y la Agencia de Salud Pública de Canadá está patrocinando proyectos comunitarios que prestan apoyo a los sobrevivientes de violencia en el ámbito familiar y su salud, entre los que se incluyen las personas trans.
A pesar de estos esfuerzos, “también es cierto que queda mucho por hacer”, destacó Boissonnault.
Por su parte, Brasil ha emprendido varias iniciativas para luchar contra la discriminación y fomentar los derechos de las personas LGBT, especialmente en el sector de la salud. Dichas iniciativas incluyen la elaboración de planes de acción de salud integrales dirigidos a las personas LGBT, tanto de alcance municipal como estatal, en la que haya una mayor participación de los miembros de la comunidad LGBT. Toni Reis, presidente de Grupo Dignidade, señaló que la historia de su país es dolorosa en lo tocante a la discriminación de la comunidad LGBT: más de 5.000 personas LGBT murieron en Brasil entre 1980 y el 2015, y la discriminación sigue siendo prevalente incluso en la actualidad.
Caleb Orozco, director ejecutivo del Movimiento Belice Unido para Promoción y Defensa, manifestó su agrado con respecto a los avances logrados, como la resolución de los Estados Miembros de la OPS del 2013 sobre la salud de la comunidad LGBT, que muestra el compromiso internacional cada vez mayor de proteger y promover la salud y los derechos humanos de las personas LGBT. No obstante, advirtió que “es preciso convertir las palabras en hechos, que es donde a menudo fracasamos. Ha llegado el momento de pasar de las reuniones a las acciones específicas”.
Bamby Salcedo, presidenta de la Coalición Translatina, con sede en California, se mostró de acuerdo y dijo que “es responsabilidad de los gobiernos aplicar las resoluciones que han aceptado e invertir los recursos necesarios en la comunidad trans”.
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