CERMI lamenta que el Tribunal Constitucional ignore los derechos de las personas con discapacidad

 
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) como representación del movimiento social de la discapacidad en España lamenta que el Tribunal Constitucional (TC) ignore una vez más los derechos humanos de las personas con discapacidad. Así lo han comunicado en su web, donde señalan que la experiencia del sector social de la discapacidad con este Tribunal «es de permanente frustración y decepción, pues no ha asumido ni conoce ni practica la dimensión de derechos humanos con la que ha de abordarse la realidad de las personas con discapacidad».
Sobre la cuestión del derecho de voto denuncian que «el TC mantiene un enfoque antediluviano en la consideración de las personas con discapacidad, como seres débiles, frágiles e influenciables, sometidos a instancias ajenas a sí mismas, que no pueden ejercer sus derechos como cualquier otro miembro de la comunidad, y sanciona su privación».
CERMI señala que el TC hace caso omiso a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional de derechos humanos vigente en España, que obliga a los Estados parte a reconocer el derecho de sufragio a todas las personas con discapacidad, mandato que España incumple palmariamente.
«Justo en el 10º aniversario de esta Convención, el TC hace una interpretación devastadora de la misma. No usa la Constitución ni el Derecho Internacional como instrumentos de protección, promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, sino en su contra», lamentan.
En su comunicado señalan que reciben «esta sentencia con profunda desolación y tristeza. Nuestros derechos por enésima vez se ven arrojados a la cuneta de la vida en comunidad. Solo cabe señalar como alentador el voto particular de la Magistrada Adela Asua que reprocha implícitamente a la mayoría que dictó el auto la incomprensión y el error, jurídico, y para CERMI también ético, que cometen contra las personas con discapacidad».
Tanto CERMI como Down España han ofrecido a la persona privada de su derecho de voto -la mujer gallega con discapacidad intelectual- como a su familia «toda la asistencia y el acompañamiento jurídicos para recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para que esta instancia europea otorgue lo que la española no ha sabido proteger».
Terminan señalando que «estas interpretaciones del Constitucional, hacen que las personas con discapacidad sintamos a esta instancia como inamistosa y contraria a nuestra inclusión, derechos y bienestar.
La mala práctica de la justicia constitucional hace más necesario que nunca que el Legislador modifique con urgencia la legislación electoral para que todas las personas con discapacidad gocen de su derecho fundamental al voto, hoy negado en España».