En Honduras, según informa el Centro de Derechos de la Mujer, cada día son violadas al menos 3 niñas. Más de 900, de entre 10 y 14 años, fueron madres obligadas en el país en 2014. No existen supuestos para el aborto, que es ilegal completamente, con una de las leyes más restrictivas y punitivas en todo el mundo. No es casual que justamente el aborto suponga que cada año más de 9.000 mujeres sean ingresadas por abortos clandestinos y que la OMS haya señalado que el 95% de los abortos en Honduras se hacen sin ninguna seguridad para las mujeres.
Según publica Médicos Sin Fronteras, la mayoría de las víctimas de violencia sexual en el país son niñas; en el informe «Niñas Madres. Embarazo y maternidad infantil forzada en América Latina y el Caribe», publicado por Cladem (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres), en Honduras hay alrededor de 60.000 niñas con embarazos forzados, lo que califican de «auténtica tortura».
Si bien los colectivos y organizaciones feministas han pedido reiteradamente al Parlamento hondureño que reforme el Código Penal para que se despenalice el aborto, el partido en el gobierno, el Partido Nacional de Honduras y el presidente Juan Orlando Hernández no sólo son contrarios sino que defienden una postura que penalice aún más el derecho a decidir.
«Queremos expresar nuestra grave preocupación porque miles de niñas enfrentan un embarazo forzado en América Latina y el Caribe como consecuencia de violencia sexual, legislaciones restrictivas con relación a la interrupción del embarazo, matrimonios forzados, presiones familiares, fundamentalismos religiosos, entre otras situaciones que las obligan a una maternidad forzada, impactando en el pleno disfrute de su proyecto de vida, constituyendo un obstáculo para el desarrollo», señalaban en un comunicado en el Día Internacional por los Derechos Humanos.
Ninguna niña debe ser obligada a ser madre
El Comité de Expertas (CEVI) del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará (MESECVI), afirmaba que «siendo un embarazo producto de violencia sexual, la negación de la interrupción solicitada, debe considerarse embarazo forzado». Añaden además que esto “perpetúa en la niña la violencia sexual y la expone a nuevas y reiteradas formas de violencia y vulneración de sus derechos humanos, que socavan de igual modo su integridad personal, su condición de niña y sus posibilidades futuras”.
Perpetuación de la pobreza
Cladem ha insistido también en la perpetuación de la pobreza femenina a causa de los embarazos no deseados en niñas. Además de reclamar una educación sexual desde temprano en las escuelas, Cladem señala que el 40% de las niñas que son abusadas y obligadas a continuar el embarazo, abandonan definitivamente sus estudios y se quedan sin posibilidad de formación futura, desde edades que van de los 10 a los 14 años.
La maternidad infantil forzada exhibe «el nivel de violencia, la falta de autonomía, la discriminación y apropiación del cuerpo de las niñas» por los adultos, y muestra la «ineficacia» de las políticas estatales en la prevención de embarazos, señalan desde Cladem.
