La Audiencia Provincial de Oviedo ha otorgado la custodia compartida de un menor al padre, que había recurrido una sentencia anterior que otorgaba la guarda y custodia a la madre, y lo hace pese a que el progenitor tiene una orden de alejamiento de la madre por violencia de género.
En junio los Juzgados de Siero establecieron las condiciones del divorcio, entre las que estaban una pensión de 250 euros para el niño, una compensatoria de 100 euros para la mujer y que sería esta quien podría hacer uso del domicilio familiar, en alquiler, junto al niño, y el padre cumplir un régimen de visitas.
En la sentencia de los Juzgados de Oviedo se afirma que no se busca restar importancia ni trivializar la gravedad de la denuncia anterior de la mujer, por violencia de género, pero afirma, asimismo, que se trata de «un acontecimiento puntual» fruto de «tensiones en la convivencia marital».
Según esta sentencia, la custodia compartida del niño, con un padre denunciado por violencia, es la solución «más aconsejable, al permitirle una mayor estabilidad emocional».
Un maltratador no es un buen padre
Jessica Castaño, Presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias, señala una posición defendida por las organizaciones de mujeres: «Un hombre que maltrata a una mujer no es un buen padre», y señala que otorgar la custodia de un menor a un maltratador supone seguir justificando la violencia de género. «En la realidad, y especialmente en el ámbito jurídico, no siempre se aplica el criterio de que un maltratador no es un buen padre como preferente. En este caso, la interpretación judicial responde más bien a la idea de que un hombre que maltrata a una mujer, puede seguir cumpliendo adecuadamente sus obligaciones paternas».
Castaño apunta también a la necesidad de trabajar en estas cuestiones ya que «estas resoluciones judiciales que desde luego no están basadas en la idea de mantener a los niños y las niñas alejados de la situación de violencia».
«Son muchas las razones que tenemos para apoyar un fortalecimiento de las recomendaciones ya recogidas en la Ley contra la violencia de género. Una reforma que, desde luego debe apuntar en la dirección de buscar la complicidad de quienes son imprescindibles para su aplicación, pero que no puede olvidarse de los problemas reales que en este momento se derivan de resoluciones concebidas en algunos juzgados de violencia de género y, también, en los de familia. Ejemplos claros de lo que no debe pasar en una sociedad respetuosa con la igualdad, con los derechos de las mujeres y de los niños y las niñas».
