Ante el actual proceso renovación parcial del Tribunal Constitucional por parte del Senado, distintas asociaciones han mostrado su deseo de que la proporción de hombres y mujeres en la composición del mismo sea equilibrado. Así lo han expresado desde la Red Feminista de Derecho Constitucional, que exige el cumplimiento de los mandatos legales para la igualdad de mujeres y hombres «a fin de que ésta sea ya real y efectiva».
La justicia constitucional es, como afirmó H. Kelsen, la garantía de vigencia del Estado constitucional. En un Estado compuesto por hombres y mujeres en similares proporciones y dotado de una Constitución que ha de aplicarse a hombres y mujeres, no es comprensible que el órgano encargado en última instancia de velar por su vigencia esté compuesto exclusiva o mayoritariamente por hombres.
Este proceso de renovación -cuya primera fase concluirá el 19 de diciembre de 2016- no puede permanecer al margen del cumplimiento de los mandatos legales que prescriben la composición equilibrada de mujeres y hombres, como ha sucedido hasta ahora, a pesar de la vigencia de la Ley Orgánica 3/2007. Dicho cumplimiento no consiste, sin embargo, en un simple acatamiento formal, sino en el despliegue de su completa eficacia normativa atendiendo a su espíritu y finalidad.
Un simple acatamiento formal de los mandatos legales respecto de la composición equilibrada de mujeres y hombres, debería llevar al Senado a proponer a dos mujeres y a dos hombres. Si así se hiciese, la composición del Tribunal Constitucional hasta la próxima renovación parcial en el año 2021 será de 9 magistrados y 3 magistradas. Una desproporción (75%-25%) que no alcanza ni siquiera a la mínima exigencia legal a pesar de ser menor de la existente desde el 2001 (87%-17%).
La completa eficacia normativa de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, requiere que en esta ocasión sean exclusivamente mujeres las propuestas. Sólo de esta forma se alcanzaría ya en un solo proceso y en 2017 la composición equilibrada del Tribunal Constitucional, pues habría 7 magistrados y 5 magistradas. Estaríamos así mucho más cerca de la consecución de esa sociedad democrática avanzada que se proclama en el Preámbulo de la Constitución española de 1978.
En consecuencia, tal y como se expone de forma extensa y razonada en el documento de la Red Feminista de Derecho Constitucional, solicitan a todos los partidos políticos con representación en los Parlamentos autonómicos y en el Senado:
-
Que las candidaturas que las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas eleven al Senado sólo propongan mujeres.
-
Que el Senado proponga sólo a mujeres para ocupar los cuatro puestos que deben cubrirse en 2017.
Mujeres Juezas
También han hecho pública su posición la Asociación de Mujeres Juezas, que ha señalado que hasta 2015, sólo el 17% de los principales Tribunales Internacionales estaban integrados por mujeres y en los Tribunales Regionales de Derechos Humanos sólo el 25% son magistradas.
Los datos de representatividad femenina en los puestos de liderazgo de la justicia española no son más halagüeños.
En la Carrera Judicial, nunca se ha conocido una presidenta del Tribunal Supremo. Sólo el 13% de las plazas del Alto Tribunal son ocupadas por mujeres. Una y sólo una, de las 17 presidencias de Tribunales Superiores de Justicia tiene nombre de mujer y tan solo 8 de las 50 presidencias de las Audiencias Provinciales de nuestro país son dirigidas por una magistrada. Todo ello en el seno de una Judicatura, en la que más de la mitad de las sentencias son rubricadas por unas juezas que nunca aparecen en la foto oficial de la justicia que cada año ilustra la apertura del año judicial.
«Nuestro Tribunal Constitucional, paradójicamente, arroja unas cifras todavía más alejadas del equilibrio que debiera imperar en un órgano que representa la esencia de los cuatro valores constitucionales superiores, entre los que se incluye la igualdad», señalan en un comunicado. Desde 1980, 57 personas han ocupado la alta magistratura y sólo 5 han sido mujeres (el 8%). Dos de ellas han sido Vicepresidentas (Gloria Begué y Adela Asúa) y una Presidenta (Maria Emilia Casas).
En la propuesta que las Comunidades Autónomas (CCAA) hicieron al Senado en el año 2010, para nombrar los 4 magistrados/as de designación senatorial, se presentaron 22 nombres. Solo 4 de ellos eran de mujeres (18%). Solo se eligió a una de cuatro. Dentro del cuerpo técnico de “Letrados” del Tribunal Constitucional, las mujeres solo alcanzan el 36% en la actualidad (20 de 55). Ninguna mujer ha ocupado nunca la Secretaría General de la institución. Ninguna ha sido nunca jefa de servicio.
Se abre ahora, una nueva oportunidad en este Tribunal para avanzar hacia una representación equilibrada, como requisito de legitimidad democrática de este prestigioso órgano. El próximo 19 de diciembre de 2016 se acaba el plazo para que las CCAA propongan sus candidaturas en el proceso de renovación de 4 de sus integrantes, de nuevo en aquellos que corresponde nombrar al Senado. Es el turno para que los/as representantes de la política española, asuman sus responsabilidades y den cumplimiento a la exigencia de igualdad real, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.1º y 4º de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en relación con el artículo 14 de la Constitución Española.
«Desde la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) reivindicamos una verdadera participación de las mujeres en todas las esferas sociales, políticas, culturales o judiciales». Señalan que el Tribunal Constitucional, debe ser un referente ejemplar de la pluralidad social, y especialmente en la aplicación real (no formal) del principio de igualdad , no sólo como valor vertebrador de las resoluciones constitucionales sino también como valor auténtico y endógeno manifestado en una representación equilibrada de los hombres y mujeres que lo integran. «Más mujeres, más Justicia».
