Recientemente entró al Congreso de los Diputados una propuesta de Pacto de Estado contra la violencia de género, tras varios años de reivindicaciones aunque también muchos rechazos.
En esta legislatura parece que al fin se articulará este instrumento que a priori podría parecernos un papel más destinado a la galería. La subcomisión destinada a este acuerdo tiene como objetivo su redacción abriendo el debate cuyo contenido es mucho más importante de lo que se pueda pensar.
Y es que aunque ya tenemos legislaciones marco y específicas para abordar la violencia hacia las mujeres, su desarrollo ha sido desigual en el tiempo y territorios.
De hecho en las dos legislaturas del Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero – en 2004 y 2007 se aprobarían las leyes de violencia de género e igualdad- y especialmente en la etapa del extinto Ministerio de Igualdad la inversión en políticas de igualdad alcanzaba la mayor cifra en toda la historia de España. Más de 140 millones de euros presupuestados en pocos años y mayores estructuras y se desarrollaban medidas de prevención de impacto.
(Con el PP) se aplicaron recortes en partidas como la de comunicación en igualdad (campañas, medidas de sensibilización, etc.) de hasta un 79% del presupuesto
Sin embargo, a partir de la reducción de las políticas de igualdad a nivel de Secretaría de Estado empezaron los cada vez mayores recortes en el presupuesto, y con el nuevo gobierno del Partido Popular se acompañó de otras competencias como servicios sociales y se aplicaron recortes en partidas como la de comunicación (campañas, medidas de sensibilización, etc.) de hasta un 79% del presupuesto.
A su vez, en algunas comunidades han complementado la legislación estatal con normas para ampliar su alcance, del mismo modo que también han implantado políticas concretas en el ámbito social, educativo, etc. Estas buenas prácticas las seguimos encontrando hoy, pero varían según la comunidad, el gobierno de turno o el ámbito donde se han desarrollado.
Tras una década con 700 mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas, en las que la prevalencia de las actitudes violentas y machistas en la juventud no descienden, deben reforzarse las medidas públicas destinadas a erradicar la violencia hacia las mujeres, y garantizar que en todas las comunidades, pueblos y ciudades se haga con el mismo ímpetu.
Deben reforzarse las medidas públicas destinadas a erradicar la violencia hacia las mujeres, y garantizar que en todas las comunidades, pueblos y ciudades se haga con el mismo ímpetu.
Eso pasaría por ampliar las leyes, avanzando de medidas recomendatorias a obligadas como hicieron muchos países nórdicos hace décadas para que estas se cumplan gobierne quien gobierne y que ninguna coyuntura económica sirva de pretexto para rescindirlas.
Pero también necesitamos que administraciones, partidos políticos, sindicatos, patronal, entidades, sociedad civil o medios de comunicación, entre otros, se comprometan a acciones concretas más allá de lo que una Ley Orgánica puede regular.
De hecho, ni las competencias, coyunturas, programas o signos políticos pueden ser la excusa para no comprometer los servicios y actitudes encaminadas a poner fin a la violencia hacia las mujeres que se necesitan.
Que una asignatura sobre igualdad, afectividad y sexualidad sea obligatoria, que la formación en género sea básica en todo el personal judicial, policial y de servicios sociales o que en todo el territorio se promuevan políticas de prevención contra la violencia machista, son algunos de los hechos que aún no son una realidad uniforme.
Se trata por lo tanto de forjar acuerdos que comprometan recursos, presupuestos y medidas concretas…
Y es que el Pacto de Estado debería verse acompañado a su vez de Pactos a nivel de comunidades autónomas y municipales, abriendo así corrientes de apoyo en todos los territorios y ámbitos.
Un Pacto que debería ser abierto, para añadir medidas complementarias, como ya se ha hecho a nivel municipal o en otros países, de manera que cualquier persona, entidad o sujeto colectivo se vea motivada a adherirse y comprometa actitudes y acciones en pro de una sociedad libre de violencia machista.
Se trata por lo tanto de forjar acuerdos que comprometan recursos, presupuestos y medidas concretas, haciendo difusión de estas y evaluando antes, durante y después su desarrollo.
De esta manera, tan solo con abrir el debate ya estamos transformando la realidad, rompiendo con los mitos que distorsionan e incluso ocultan el alcance del machismo y la desigualdad. Es decir, ponemos sobre la mesa y en el centro de la acción política un problema social y político que para mucha gente desaparece tras los actos por el día contra la violencia de género del 25 de noviembre o al pasar de año.
Es la forma de que los cientos de programas innovadores que muchos centros educativos, ayuntamientos u organismos de igualdad desarrollan pasen de ser un pequeño reducto de compromiso a un ejemplo colectivo, orgullo de los ciudadanos y ciudadanas.
