En un comunicado hecho público hoy, Jueces para la Democracia quiere hacer hincapié en la persistencia de distintas formas de discriminación que impiden la igualdad real entre mujeres y hombres. «En esta crisis social y económica las desigualdades se han acentuado y las mujeres han sido las principales víctimas», denuncian. Además, apuntan a que los poderes públicos no han adoptado medidas para lograr una sociedad igualitaria ni en el ámbito europeo e internacional – con la gran crisis de refugiados que afecta sobre todo a mujeres y menores – ni en el ámbito interno, con continuos recortes de las partidas destinadas a Violencia de Género e Igualdad.
JpD recuerda que durante los dos primeros meses de 2017 han sido asesinadas en España 21 mujeres (16 contabilizadas oficialmente como víctimas de violencia de género), y que esta es la peor cifra de los últimos 10 años, poniendo de manifiesto la insuficiencia de la legislación y de las medidas de educación y prevención existentes, que ya fueron objeto de reproche por el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer en sus informes de 24 de julio de 2015. «La ciudadanía exige una solución inmediata a este grave problema y muestra de ello son las recientes protestas a nivel internacional y nacional, con el paro de mujeres convocado para el día de hoy y la huelga de hambre de un colectivo en la puerta del Sol», denuncian JpD en su comunicado
Reclaman, asimismo, un avance real en la protección de las víctimas y para ello reclaman la implementación de las Unidades de Valoración Integral Forense en todas las Comunidades Autónomas dotadas con profesionales debidamente formados y en número suficiente, y la promoción de la aplicación del Protocolo Médico Forense de Valoración del Riesgo. Asimismo, recuerdan que resulta imprescindible la adecuada protección de los y las menores como víctimas también de la violencia de género, «que deja sin madres cada año a decenas de niños y niñas y para los que es necesario asistencia urgente e integral».
La estructura patriarcal es un problema estructural
JpD llegan más allá de la violencia de género, «la parte más visible de un problema estructural», y recuerdan que la solución pasa inevitablemente por no solo modificar leyes, sino un profundo cambio de valores sociales que elimine los patrones sexistas que cosifican y discriminan a las mujeres. «Es por ello que debemos identificar y denunciar todas las conductas discriminatorias basadas en estructuras patriarcales que se producen en distintos ámbitos públicos y privados».
Exigen la representación paritaria de mujeres y hombres en los puestos de toma de decisiones, y recuerdan la persistencia de la brecha salarial y del llamado “techo de cristal” que impide a las mujeres alcanzar espacios públicos como el político, social, laboral, económico o académico. «En el ámbito estrictamente privado también nos encontramos con espacios de clara desigualdad en el hogar y reparto de los cuidados».
Los datos señalan que en la Carrera Judicial el 52% de sus miembros son mujeres, porcentaje que se eleva al 62.5 % para el tramo de edad inferior a 51 años. Sin embargo, en el Tribunal Supremo tan sólo un 12% son magistradas, y ninguna ostenta una presidencia de Sala. Un solo Tribunal Superior de Justicia está presidido por una magistrada y únicamente nueve Audiencias Provinciales tienen una presidenta mujer. En el Tribunal Constitucional el porcentaje de representación femenina es del 18% con tan solo dos magistradas. También son las mujeres juezas las que prácticamente en exclusiva solicitan reducciones de jornada y excedencias por cuidados familiares.
«Es imprescindible resolver este desequilibrio y adoptar medidas efectivas que superen la conciliación y avancen hacia la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en las labores de cuidado, trascendiendo roles y estereotipos de género. Exigimos también que los nombramientos discrecionales sean transparentes, con publicación de los currículos de las personas candidatas, que las decisiones se adopten de forma motivada y que el Consejo General del Poder Judicial adopte medidas de acción positiva para evitar esta discriminación», apuntan.
