- El Grupo Socialista presenta una iniciativa que promueve la eliminación de prácticas sociales discriminatorias y de los obstáculos que impiden a las personas ejercer los derechos reconocidos en las leyes.
- Establece la creación la Autoridad para la igualdad de trato y la no discriminación, un organismo independiente y unipersonal, que contará con recursos de la Administración Pública, y que podrá investigar de oficio o por cuenta propia las posibles situaciones de discriminación
La portavoz de Igualdad del Grupo Socialista, Ángeles Álvarez, ha presentado junto con el secretario general del Grupo Socialista, Miguel Ángel Heredia, y la secretaria general adjunta del Grupo, Marisol Pérez Domínguez, una Proposición de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, con la vocación de “convertirse en el mínimo común normativo que contenga las definiciones fundamentales del derecho antidiscriminatorio español y, al mismo tiempo, albergue sus garantías básicas, conscientes de que, en su estado actual, la dificultad de la lucha contra la discriminación no se halla tanto en el reconocimiento del problema como en la protección real y efectiva de las víctimas”.
“Estamos ante el tercer intento del Partido Socialista para sacar adelante una ley de igualdad de trato”, ha recordado Álvarez después de que el PP impidiera tramitarla por la vía de urgencia en la anterior legislatura y de que se negara a tramitarla en el año 2012. Los socialistas “no abandonamos el compromiso con la igualdad”, ha señalado Álvarez, que ha explicado que la proposición promueve la eliminación de prácticas sociales discriminatorias y de “los obstáculos que impiden que las personas ejerzan los derechos que tienen reconocidos en las leyes”. Además, “da prioridad a la mediación y a la conciliación”.
La diputada ha explicado que se trata de “una ley de garantías”, es decir, que no pretende reconocer nuevos derechos, sino “garantizar los que ya existen”. “Estamos hablando de una ley de derechos antidiscriminatorios; no es para colectivos específicos, sino para las mayorías porque cualquiera somos susceptibles de sufrir discriminación”. En este sentido, la ley pretende actuar en dos ámbitos: la prevención y la eliminación de toda forma de discriminación. Y también en la reparación del daño a las víctimas, por lo que busca dar impulso a políticas de igualdad de trato, coordinar las diferentes administraciones públicas en esta materia, establecer un sistema de colaboración con la sociedad civil, todo ello enfocado a favorecer la corresponsabilidad social y empresarial ante la discriminación.
Por otro lado, Álvarez ha señalado que esta ley supone la trasposición de directivas europeas, aunque añade a los supuestos de sexo, origen racial o étnico, la discapacidad, la edad, la religión y las creencias o la orientación sexual, dos nuevos motivos: la enfermedad y la identidad sexual. Además, la norma introduce la modificación de tres artículos del Código Penal que no recogían las cuestiones identidad sexual como motivo de discriminación en el ámbito laboral. La ley también regula las reglas de la carga de la prueba, de modo que tendrán que ser los acusados quienes demuestren que habían puesto las medidas para evitar la discriminación.
“No es una ley punitiva, sino que se sirve de sanciones administrativas”, ya que “establece régimen de sanciones proporcionado, razonable y que permite una compensación real a las víctimas de discriminación”. En este sentido, establece régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de trato, “lo que es una exigencia de la trasposición de las directivas europeas”. La propuesta socialista extiende estas sanciones a cualquier forma de discriminación. En el ámbito de la educación, manifiesta de manera clara que no podrán beneficiarse quienes apliquen medidas segregadoras. En la sanidad, no pueden quedar fuera de tratamientos sanitarios quienes tengan discapacidad o enfermedades concurrentes.
Autoridad para la Igualdad de Trato y la no Discriminación
La norma registrada hoy aborda el establecimiento de la necesidad de una estrategia estatal en este ámbito y la creación la Autoridad para la igualdad de trato y la no discriminación, un organismo independiente y unipersonal, que contará con recursos de la Administración Pública, y que podrá investigar de oficio o por cuenta propia la existencia de posibles situaciones de discriminación. Esta autoridad concentrará los recursos de otros órganos, con labores de coordinación y estará capacitada para emitir dictámenes sobre las normas de desarrollo de 4esta ley.
