La PPIINA pide al Gobierno que rectifique sus estimaciones y levante el veto, y a todos los partidos que cumplan con el mandato del Pleno del Congreso de los Diputados para poner en pie los permisos iguales, intransferibles y pagados al 100%
El pasado 7 de marzo, el Gobierno emitió un informe expresando su no conformidad (su «veto») a la tramitación de la Proposición de Ley (PL 122/56) presentada a principios de enero por el grupo parlamentario Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea, que recogía la propuesta de la PPIINA sobre permisos por nacimiento. Ante la ratificación del informe del Gobierno por la Mesa del Congreso (mediante los votos de Partido Popular y Ciudadanos), el mismo grupo parlamentario ha vuelto a presentar la PL con ligeros retoques encaminados a obviar la objeción por incremento del gasto; y esa nueva PL se encuentra a la espera de la respuesta del Gobierno.
Ante la actual situación de estancamiento, la PPIINA recuerda que llevan 6 años pidiendo a todos los grupos parlamentarios, sin excepción, que impulsen y aprueben la reforma que proponen. «Todos los partidos tienen la obligación de explicarse ante la ciudadanía y de ponerse de acuerdo para llevar a cabo esta reforma que es de justicia y que mejoraría la vida de tantas personas. Más aún cuando ya han votado a favor de ella en 4 ocasiones, aunque siempre como Proposiciones No de Ley», señalan.
PPIINA denuncia también que el Gobierno justifica el veto argumentando unas cifras infladas: «El Gobierno ha inflado tendenciosamente las cifras para llegar a un coste de 3.630 millones de € (la PPIINA lo estima en 1.606,4 millones de €), mediante dos mecanismos:
1) El Informe del Gobierno incluye en el coste de aplicación de la PL el que resultaría de la universalización de la educación infantil («un mínimo de 1.608.048.800 €» según el informe). Esta inclusión es de todo punto estrafalaria: la PL no hace más que, en una de sus disposiciones adicionales, instar al Gobierno a elaborar un plan con ese objetivo.
2) La valoración económica del incremento del gasto que supondría la reforma de los permisos (2.029.788.673 € según el informe) es incorrecta. Con los mismos datos (1), la PPIINA llega a un resultado de 1.606.436.326 € que, según el calendario de implantación gradual que propone la PL, ocasionarían los incrementos presupuestarios anuales que figuran en la columna (6) de la siguiente tabla:
Si la reforma que propone la PPIINA entrara en vigor e el 1 de enero de 2018, quedarían dos años de la actual legislatura. En esos dos años, el aumento presupuestario acumulado sería de 717.674.873 € (ver tabla anterior), solamente un 12% más que el correspondiente a dicha reforma perjudicial propuesta por C’s.
En todo caso, si un 12% de desviación sobre su cifra pactada es inaceptable para PP y C’s, podría modificarse ligeramente el calendario de implantación de la reforma propuesta por la PPIINA. Una posibilidad sería fraccionar el primer paso previsto, aumentando el permiso de los padres a 5 semanas obligatorias el primer año y a 6 semanas obligatorias el segundo año (en lugar de a 6 semanas obligatorias el primer año). De esta manera, el coste de la reforma de la PPIINA en esta legislatura sería estrictamente menor de 639.502.750 €.
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(2) Para obtener esta cifra, se han basado en los mismos datos anteriores y en el gasto correspondiente a las 16 semanas actuales de permiso de maternidad (1.560.976.192 €). La cifra se obtiene como resultado de sumar el coste de las 4 semanas intransferibles y voluntarias que se incrementarían a los padres (444.380.726 €) y el coste de dos semanas que se incrementarían a las madres en la práctica (195.122.024 €).- Según las evidencias disponibles, PPIINA afirma que las madres se tomarían generalizadamente sus 8 semanas intransferibles más las 10 transferibles (llamadas por Ciudadanos «de libre distribución dentro de la pareja»), mientras que los padres se tomarían generalizadamente solo sus 8 semanas intransferibles
(1) Según la Seguridad Social, el gasto en permisos de paternidad en 2016 ha sido de 206.319.623 por 13 días de permiso voluntario, lo que equivale a 111.095.182 € por semana voluntaria y, aplicando la ratio entre el coste de una semana obligatoria y voluntaria que el propio Informe aplica (1,41), a 156.644.206 por semana obligatoria.
