- Un nuevo informe de Amnistía Internacional denuncia que los desahucios por impago de alquiler y la falta de acceso a la vivienda afectan especialmente a las mujeres, en concreto a las víctimas de violencia de género y a quienes encabezan hogares monomarentales
- Miles de personas han quedado desamparadas al empeorar sus condiciones en los gastos de alquiler como consecuencia de la venta de vivienda social a fondos de inversión en Madrid
- En Cataluña, la falta de coordinación entre las autoridades judiciales y los servicios sociales impide dar una respuesta efectiva para las personas más vulnerables
Diez años después del inicio de la recesión económica, la crisis de vivienda en España no ha terminado, según afirma Amnistía Internacional en su último informe. «Las autoridades, en lugar de tomar medidas para proteger a miles de personas afectadas por esta situación, han dado pasos hacia atrás, liberalizando y flexibilizando los contratos de alquiler y el proceso de desalojo como consecuencia de varias reformas en la Ley de Arrendamientos Urbanos y en la Ley de Enjuiciamiento Civil», así lo afirma Amnistía Internacional en un informe en el que denuncia cómo se está violando el derecho a la vivienda en España, algo que afecta especialmente a las mujeres, y en particular a las que encabezan hogares monomarentales y a las víctimas de violencia de género.
“La crisis del derecho de la vivienda no ha terminado en España. No solo no se han adoptado medidas para proteger a más personas, sino que, en ocasiones se les ha llevado a una trampa de vivienda insegura, olvidando que se trata de un derecho humano, y no de un bien de inversión”, ha declarado Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de Amnistía Internacional España. “Esto queda reflejado en el hecho de que ni siquiera es un derecho protegido con las máximas garantías en la Constitución”, añade.
La organización señala que, diez años después, esta crisis sigue estando rodeada de oscurantismo: no existen datos desagregados sobre los 34.193 desahucios por impago de alquiler que se produjeron en 2016, ni siquiera se distingue entre locales comerciales y viviendas. “Es imprescindible conocer la verdadera situación que existe en España sobre el derecho a la vivienda: cuántas personas han perdido sus casas, y, sobre todo, cuántas de ellas son mujeres o se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, es decir, si son víctimas de violencia de género, si son hogares monomarentales, si hay en ellos menores, personas mayores o personas con discapacidad”, denuncia la directora adjunta de AI.
Las mujeres, revictimizadas una vez más
Amnistía Internacional lamenta que en la Ley de Enjuiciamiento Civil no exista una obligación para que los jueces analicen la proporcionalidad de un desahucio y estudien caso por caso las circunstancias personales de cada desalojo. Tampoco se tienen en cuenta las desigualdades de género, algo que provoca mayor discriminación hacia las mujeres ya que son quienes constituyen una parte desproporcionadamente alta de quienes realizan trabajos a tiempo parcial, suelen estar en el lado inferior de la brecha salarial y a menudo asumen el cuidado de otras personas en el hogar.
Un ejemplo de ello, tal y como señala Amnistía Internacional, es el hecho de que el índice medio de exposición a la pobreza en España, el 22,1%, asciende hasta el 37,5% en el caso de las familias monoparentales, el 83% de las cuales está encabezada por mujeres.
En el índice medio de exposición a la pobreza en España asciende hasta el 37,5% en el caso de las familias monoparentales, el 83% de las cuales está encabezada por mujeres.
La desigualdad de género no solo se ve reflejada en esto, también en el acceso a vivienda social para algunas mujeres víctimas de violencia. Aunque en teoría, según la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, deberían ser un colectivo prioritario para el acceso a viviendas sociales, en el caso de Madrid se les exige una sentencia condenatoria o una orden de protección. Esto, en la práctica, supone que la mayoría de las víctimas de violencia de género no consigue el apoyo necesario para que se proteja su derecho a la vivienda.
“La realidad es que el acceso a una vivienda social es una promesa incumplida para las mujeres víctimas de violencia de género en Madrid. De todas aquellas que dieron un paso adelante y denunciaron la violencia ante los tribunales, el 49,2% vio inadmitida o rechazada su solicitud y, por tanto, no obtuvo acceso prioritario a una vivienda social”, señala Koldo Casla, investigador de AI y autor del informe. “El acceso a la vivienda no debería depender de que estas mujeres presentaran cargos, y menos aún de que consiguieran la orden de protección, algo que no está en sus manos”, añade Koldo Casla.
Del total de mujeres que denunciaron violencia de género ante los tribunales, el 49,2% vio inadmitida o rechazada su solicitud y, por tanto, no obtuvo acceso prioritario a una vivienda social
Madrid y Barcelona acumulan desahucios
Del total de desahucios que tuvieron lugar en 2016, las provincias de Madrid y Barcelona son las que acumulan el 34% de ellos, con 4.760 y 6.710 desalojos por impago de alquiler respectivamente.
En Madrid la situación es especialmente preocupante para las víctimas de la venta de 4.800 viviendas sociales y otras propiedades a fondos de inversión que tuvo lugar entre 2011 y 2013 por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento. La organización se ha entrevistado con 14 de ellas, así como con organizaciones representantes de personas afectadas, y denuncia que, a pesar de que las autoridades prometieron que las condiciones de los inquilinos no cambiarían, no ha sido así. “Los gastos de alquiler subieron, muchas personas han sufrido la denegación de la prórroga de ayudas a la vivienda puesto que ya no son de propiedad pública, y todo ha sucedido en un clima de miedo, estigmatización y desinformación”, asegura Koldo Casla. Más de cuatro años después, las personas afectadas siguen sufriendo las consecuencias sin que se les dé una solución.
En cuanto a la situación en Cataluña, Amnistía Internacional denuncia que, a pesar de que se han dado pasos positivos sobre el derecho a la vivienda, los protocolos que existen entre los servicios sociales y las autoridades judiciales para hacer frente a los desalojos no siempre se cumplen. Como consecuencia, no se garantiza una respuesta efectiva y un alojamiento alternativo a las personas en riesgo de exclusión social cuando existe una demanda de desalojo, especialmente cuando afecta a menores, personas con discapacidad o problemas de salud mental, o personas de avanzada edad.
