El GP Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea ha presentado una moción en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales celebrada en el Senado para paliar las deficiencias e inequidad en el Sistema Sanitario Público Español en materia de salud sexual y reproductiva. Finalmente, se ha aprobado la moción transaccionada con aportaciones d el GP Popular y del GP Socialista.
Debido a las últimas reformas, se ha dejado fuera del sistema público de salud a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular, salvo si se trata de mujeres embarazadas, menores de edad, solicitantes de asilo, víctimas de trata en proceso de reflexión y los casos considerados de «atención urgente» o que han sufrido un accidente, hasta su alta médica.
Este condicionamiento provoca que las mujeres, un colectivo en situación de vulnerabilidad que requiere atención específica, no pueda optar al sistema sanitario en diferentes ámbitos intrínsecamente relacionados con la salud femenina. Por ejemplo, se han retirado del sistema de reembolso nacional algunos anticonceptivos hormonales de última generación, añadiendo una carga económica a cerca de un millón de mujeres. Además, el copago farmacéutico afecta particularmente a las mujeres mayores, que por su mayor supervivencia presentan una incidencia elevada de patologías crónicas que requieren tratamiento. También se ha reducido el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la prevención de la violencia machista, y el presupuesto para políticas de igualdad.
Pero eso no es todo, con los recortes se ha producido una reducción de servicios de salud mental y una medicalización excesiva de la salud mental y del malestar de las mujeres, con un abuso de tranquilizantes, relajantes y pastillas para dormir (el 21% de las mujeres frente al 11,6% de los hombres). Las mujeres drogodependientes, por otra parte, sufren una situación de extrema exclusión social y son doblemente estigmatizadas, tanto por el consumo de drogas como por los roles de género asignados a ellas.
Las mujeres inmigrantes, incluso, se encuentran con las situaciones más graves de discriminación relacionadas con el método farmacológico en interrupción voluntaria del embarazo ya que este método debería ofrecerse a todas las mujeres que demandan aborto hasta las 7-9 semanas de gestación. Sin embargo, no siempre es así. Hay enormes diferencias entre las CCAA. En Baleares o País Vasco, el porcentaje alcanza el 50% aproximadamente. En Castilla y León o Canarias, en cambio, no se realizan prácticamente.
Además, las mujeres que se encuentran embarazadas en los CIE no reciben atención médica especializada, por lo que no se les practican los controles periódicos preceptivos que garanticen la salud tanto de la mujer como del feto.
Por eso, desde el GP Unidos Podemos, Conchi Palencia, la senadora que ha defendido la moción en la comisión, ha considerado un importante avance su aprobación con modificación. Gracias a ella, finalmente, desde el senado se insta al Gobierno a dotar de recursos específicos al sistema sanitario para paliar la violencia de género, desarrollar un protocolo común en el Sistema Nacional de Salud que facilite la accesibilidad a procedimientos sanitarios adaptados a mujeres con discapacidad, y que asegure las necesidades reales de las mujeres con discapacidad funcional, y facilitarle el acceso a su derecho de salud sexual y reproductiva.
Asimismo, se insta al Gobierno a eliminar las enormes diferencias entre CCAA respecto al acceso al método de interrupción del embarazo farmacológico y a garantizar la atención especializada a las mujeres que se encuentran embarazadas en los centros de internamiento de extranjeros.
Por otra parte, se valorará, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la inclusión de los anticonceptivos de última generación en la cartera de servicios del Sistema Público de Salud y se impulsarán políticas activas de educación y prevención a través de campañas informativas sobre métodos anticonceptivos y planificación familiar.
Todas las medidas se adoptarán en colaboración con las CCAA, los profesionales del sector y las organizaciones de la Sociedad Civil.
