Hoy se celebra el Día Mundial de las Personas Refugiadas y entidades como CEAR demandan a España un Pacto de Estado ante el drama humano de las personas refugiadas.
En la presentación del Informe Anual 2017, Las personas refugiadas en España y Europa, CEAR apunta que este Pacto de Estado debería servir para garantizar el cumplimiento efectivo del derecho de asilo más allá de los cambios políticos: «El conjunto de las administraciones públicas se tienen que implicar en las diferentes tareas para ofrecer una acogida efectiva que favorezca la inclusión de quienes solicitan asilo».
“El número de personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares se eleva a 65,6 millones y el número de muertes en el Mediterráneo no deja de aumentar, pero la respuesta de las autoridades españolas y europeas no se corresponde con este drama humano”, denuncia Estrella Galán, Secretaria General de la entidad.
La propuesta de Pacto de Estado incluye 12 medidas para asegurar el derecho de asilo entre las que se encuentran:
- aprobar un reglamento para la actual Ley de Asilo y contribuir a un Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) con los objetivos de garantizar en la práctica el derecho de asilo.
- necesidad de suprimir la exigencia de visado de tránsito a países en conflicto como Siria,
- poner fin a las devoluciones ilegales de Ceuta y Melilla,
- poner en marcha vías legales y seguras como son los visados humanitarios, con el fin de asegurar la protección a quienes huyen para poner a salvo sus vidas.
Asimismo, CEAR reclama el cumplimiento por parte de España de los acuerdos de reubicación y reasentamiento, que ahora se sitúa en menos del 8% , el desarrollo de un sistema de acogida más flexible y sostenible, y un plan coordinado con el conjunto de las administraciones públicas y la sociedad civil.
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21.000 vidas a la espera
En la presentación del Informe, CEAR criticó que a pesar del aumento en el número de solicitudes en 2016, las dificultades en el acceso al procedimiento de asilo en la frontera sur, junto a la falta de vías legales y seguras, explican el descenso de peticiones de personas de Siria y otros países de Oriente Medio y África.
Los retrasos en las resoluciones en las solicitudes de asilo afectan gravemente a los procesos de inclusión y generan graves disfunciones en el sistema de acogida. “Estos retrasos convertidos en norma han provocado la acumulación de más de 21.000 solicitudes pendientes de resolver: 21.000 personas que están pendientes de una decisión de la que depende su futuro”, apuntó Galán.
