Las demandas de disolución matrimonial aumentaron un 4,8% en el primer trimestre del año

Redacción Tribuna
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La mayor subida se registró en las demandas de divorcio no consensuadas, que crecieron un 8,4 por ciento. Cantabria, Cataluña y la Comunidad Valenciana fueron los territorios con más demandas de disolución por habitante. Los procedimientos de modificación de medidas, matrimoniales y no matrimoniales, experimentaron importantes incrementos.

El número de demandas de disolución matrimonial –separaciones y divorcios- registradas en España durante el primer trimestre de 2017 fue de 31.694, lo que representa un aumento del 4,8 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Aunque se observaron incrementos interanuales en todas las formas de disolución matrimonial, el mayor se dio en los divorcios contenciosos, que subieron un 8,4 por ciento, al pasar de 11.699 a 12.679. Mientras tanto, los 17.483 divorcios  consensuados supusieron un 2,6 por ciento más que los registrados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2016.

En cuanto a las separaciones, las 1.041 demandas de separación consensuada son un 2,4 por ciento más que las presentadas en el primer trimestre de 2016; y las 491 separaciones no consensuadas un 2,7 por ciento más que las registradas en el mismo periodo del año pasado.

Por último, el número de demandas de nulidad presentadas en el primer trimestre del año fue de 41.

Cantabria, Cataluña y la Comunidad Valenciana, a la cabeza en demandas de disolución matrimonial

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del trimestre con la población a 1 de enero de 2017, Cantabria, Cataluña y la Comunidad Valenciana figuran como las Comunidades Autónomas con mayor número de demandas de disolución por cada mil habitantes: 0,8.

Les siguieron Andalucía, Asturias, Illes Balears y Castilla la Mancha, con 0,7 demandas por cada mil habitantes, que coincide con la media nacional. La tasa más baja de demandas de disolución se registró en Castilla y León, con 0,5.

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