La Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres ha llevado a cabo en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba las I Jornadas “La doble vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes ante las distintas formas de violencia. Mutilación genital femenina, prostitución y trata”. A la misma han acudido casi una centena de profesionales y representantes de ONG de Derechos Humanos, sindicatos e instituciones públicas: médic@s, policía nacional, Ayuntamiento, Instituto Andaluz de la Mujer, CC.OO y UGT, APIC, APRAMP, UNAF, KAMIRA, MZC, La Hiedra, Cruz Roja, Cáritas, la Casa Árabe…
Entre los puntos acordados en la Jornada se destaca la necesidad urgente de crear planes específicos de empleo dirigido a las mujeres prostituidas, la responsabilidad de los ayuntamientos a negarse a conceder licencias de locales en los que se sabe que se prostituye a mujeres y niñas, la inclusión de la prostitución y la mutilación genital femenina en las leyes de violencia autonómicas y nacional como otra forma más de violencia contra las mujeres, así como la puesta en marcha de una ley a nivel nacional encaminada a la abolición de la prostitución siguiendo el modelo sueco, en el que no sólo se penaliza al proxeneta y al prostituidor o “cliente”, sino que se arbitran las medidas necesarias para la recuperación socioeconómica de estas mujeres víctimas de trata y prostitución. Se ha manifestado la pobreza como variable directamente relacionada con la prostitución y la trata, así como las situaciones comparables a la esclavitud, que viven miles de mujeres inmigrantes cuya opción de supervivencia es el trabajo de internas en casas por salarios de miseria, sin seguridad social, ni días de descanso, etc., puesto que durante tres años deben vivir escondidas, tal cual les plantea la ley de extranjería en este país.
La formación fue otro punto que se repitió en cada una de las ponencias. Es imprescindible que las propias víctimas de explotación sexual y de mutilación genital femenina sean conscientes de su situación de víctimas, así como que las y los profesionales, juezas y jueces, legislador@s consideren que ambas prácticas son una clara vulneración de los derechos humanos.
